Andrés Sciara: “El presupuesto va a poner en peligro el funcionamiento de la universidad”

El decano advirtió que los recursos proyectados podrían resultar insuficientes incluso para afrontar servicios y gastos esenciales. “No se van a poder ni siquiera pagar las cuentas mínimas”, sostuvo.

La universidad pública argentina atraviesa una crisis presupuestaria que ya no se expresa solamente en números, sino en salarios deteriorados, docentes que buscan otros trabajos, investigadores que abandonan el sistema, equipamiento que no puede renovarse y obras de infraestructura paralizadas. Andrés Sciara, decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, pasó por Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, después de una nueva movilización universitaria multitudinaria en Rosario. Allí explicó cómo impacta el desfinanciamiento en el funcionamiento cotidiano de una facultad con 70 laboratorios y centros de investigación, advirtió sobre una pérdida de recursos humanos que puede resultar irreversible y aseguró que el presupuesto proyectado pone en riesgo incluso los gastos mínimos. En medio de ese escenario, destacó un logro que permite dimensionar qué está en juego: después de más de dos décadas de desarrollo institucional, la planta pública de medicamentos de la Facultad logró registrar un medicamento destinado al tratamiento pediátrico y de mujeres embarazadas con VIH.

Una nueva marcha y el respaldo de Rosario a la universidad pública

—Andrés, ¿estuviste en la movilización universitaria?

Sí, por supuesto. Estuvimos en la marcha. La verdad que, como siempre, fue una convocatoria muy masiva. Eran 10, 12, 15 cuadras, la verdad que ya perdí la cuenta cuando iba el dron.

Hubo un acompañamiento impresionante de la sociedad rosarina, tanto de la comunidad de la UNR como de la comunidad en general. Cuando íbamos caminando nos iban manifestando el apoyo.

Rosario es una ciudad universitaria. Si uno piensa la influencia que tiene no solamente la UNR, sino todas las otras universidades, la Tecnológica, la del Gran Rosario, las privadas, realmente hay una comunión universitaria y en todos los ámbitos se reconoce la importancia de la universidad pública para el sistema nacional de conocimiento, la educación y también la producción.

—Para entender la dimensión del problema, ¿cómo se administra una facultad y cómo llegan los recursos?

Nosotros administramos con la máxima responsabilidad y criterio posible para utilizar los fondos. Hoy estamos, como decía el rector, con aproximadamente un 50% del financiamiento de años atrás.

El rectorado tiene un presupuesto que básicamente tiene dos canales: uno destinado a salarios y otro a gastos de funcionamiento. En funcionamiento, gran parte se va en servicios esenciales como luz, gas y agua, principalmente energía.

Después, para el funcionamiento de las facultades, sin incluir esos servicios básicos, estamos hablando de aproximadamente el 2% de esa torta, repartido entre las 13 facultades y los colegios preuniversitarios.

La explicación permite dimensionar un problema que muchas veces queda oculto detrás de las grandes cifras presupuestarias. Los recursos disponibles para cada unidad académica no solamente deben sostener aulas y oficinas. En una facultad científica como Bioquímicas y Farmacéuticas también existen laboratorios, equipamiento especializado, medidas de bioseguridad, insumos y estructuras que requieren mantenimiento permanente.

Sciara señaló que su Facultad dispone este año de aproximadamente 400 millones de pesos para gastos de funcionamiento. Con esos recursos debe sostener una estructura que incluye unos 70 laboratorios, centros de investigación, espacios verdes y una planta pública de medicamentos, además de las actividades educativas cotidianas.

“Esto que está pasando es una hipoteca a futuro”

—¿Cómo impacta concretamente esa restricción presupuestaria en una facultad con tantos laboratorios?

Tenemos 70 laboratorios, centros de investigación de primer nivel, una planta pública de medicamentos y espacios que hay que mantener. Los laboratorios implican insumos y renovación de elementos de equipamiento.

Pero no es solamente comprar equipamiento. Hay que certificar las campanas de seguridad, renovar elementos de higiene y seguridad y mantener permanentemente toda esa estructura.

Estamos funcionando y creemos que se ha resentido lo menos posible el acceso a la educación de nuestros estudiantes. Tenemos la obligación de tratar de que no caiga la calidad educativa, pero también tenemos que denunciar que esto que está pasando es una hipoteca a futuro.

—¿Por qué hablás de hipotecar el futuro?

Porque todo lo que hoy no se renueva, los equipos que no se pueden mantener, son cosas que en el futuro se van a sentir porque después no se van a poder recuperar.

Y, sobre todo, creo que hoy el parámetro más crítico es la parte humana. Lo salarial, todo lo que hace a la actividad docente, el maltrato hacia la actividad y la poca perspectiva de futuro.

Cuando sos docente con dedicación full también tenés que hacer investigación. Hoy realmente tenemos salarios que no alcanzan para mantener una familia.

El deterioro presupuestario tiene dos tiempos. Existe un impacto inmediato, visible en las dificultades para afrontar gastos, pero también otro que puede manifestarse dentro de varios años. Un equipo que no recibe mantenimiento puede quedar inutilizado; un laboratorio que no se moderniza pierde capacidad; una obra postergada limita nuevos proyectos.

Sin embargo, Sciara coloca el problema humano por encima del material. La preocupación central no está solamente en los aparatos que no pueden comprarse, sino en los profesionales formados durante años que empiezan a buscar afuera del sistema universitario los ingresos que la actividad académica ya no garantiza.

Pluriempleo y docentes que abandonan la actividad

—¿Qué está ocurriendo concretamente con los docentes?

Estamos viendo pluriempleo en casi todos los docentes, sobre todo, ni hablar, en quienes tienen las categorías más bajas, simples y semiexclusivas.

También vemos abandono de la actividad docente o personas que pasan a cargos simples, a la actividad privada o a algún emprendimiento. Lo que pueden encontrar, porque tampoco estamos hablando de que exista una demanda laboral enorme en todos los ámbitos.

Hay investigadores y docentes que están más avanzados en sus carreras y siguen trabajando, siguen haciendo lo que pueden. Pero después tenemos una rama más joven, que es la que tiene que tomar la posta, y ahí vemos personas que dejan la actividad académica por otros ámbitos.

—¿Qué significa perder a una persona que lleva tantos años formándose?

Estamos hablando de un investigador o un técnico de laboratorio con 15 o 20 años de formación que dice: “Yo no puedo más, me voy a un privado porque me ofrecen el doble de sueldo”.

No lo recuperás. No lo recuperás.

Un equipo, si algún día hay dinero, tal vez lo puedo comprar. Pero una persona formada durante 10, 15 o 20 años en la universidad es irremplazable. Ese conocimiento, esa capacidad para manejar los laboratorios y formar a gente más joven, no se recupera fácilmente.

La advertencia apunta a una de las consecuencias menos reversibles del ajuste. La formación de un investigador, docente o técnico especializado demanda años y requiere una cadena de transmisión de conocimientos entre generaciones.

Cuando un profesional altamente capacitado abandona el sistema, el problema no puede resolverse simplemente cubriendo administrativamente su cargo. Puede incorporarse otra persona, pero eso no significa recuperar automáticamente la experiencia acumulada.

Menos dedicación y una renovación que comienza a resentirse

—¿Pueden poner en números cuántos docentes se fueron?

Hoy no podemos decir que haya una baja neta en la cantidad de docentes. Sí puede haber una baja en la dedicación: pasar, por ejemplo, de un cargo semiexclusivo a uno simple.

Muchos docentes formados se van y obviamente otra persona toma ese cargo. Pero tal vez quien lo está tomando hoy no tiene la formación de la persona que se fue.

Esa renovación se va a ir sintiendo cada vez más porque faltan personas capacitadas para seguir formando.

—Entonces, ¿el problema no necesariamente aparece en la cantidad, sino en la calidad y dedicación de los recursos humanos?

Exactamente. No está mal tener cargos simples. También es bueno que profesionales que trabajan afuera vengan a dar clases y tengan interacción con la universidad.

Pero es muy importante tener docentes investigadores con dedicaciones altas, que estén en la universidad durante toda su carga laboral, que manejen laboratorios y áreas académicas.

Son los que hacen a la vida universitaria del día a día.

El fenómeno es difícil de medir mirando únicamente las plantas docentes. Una universidad puede conservar un número similar de profesores y, al mismo tiempo, perder dedicaciones completas, investigadores experimentados y capacidad para sostener equipos científicos.

Sciara identifica allí una amenaza de largo plazo: la ruptura de la continuidad generacional. Si quienes deberían convertirse en los próximos responsables de laboratorios, cátedras y proyectos abandonan la carrera académica, las consecuencias pueden aparecer cuando quienes hoy sostienen esas estructuras se retiren.

El golpe de 2024: “Un 50% de recorte instantáneo”

—Como decano, ¿dónde tuviste que ajustar más?

Nosotros presentamos un presupuesto al Consejo Directivo para que toda la comunidad lo discuta. Eso nos permitió identificar dónde podíamos modificar la estructura de gastos.

El gran impacto fue en 2024. Tuvimos un 50% de recorte instantáneo, con una inflación de casi 60% en tres meses.

Eso dio lugar a las primeras marchas universitarias nacionales. Después hubo una mínima recomposición que nos permitió seguir trabajando, pero nos tienen en respiración artificial.

—¿Cómo se explica entonces que la Facultad continúe funcionando?

Por la inmensa capacidad y el compromiso de la comunidad universitaria. No hay otra razón.

Con la situación salarial que tienen docentes y no docentes, y también con estudiantes que cada vez tienen menos recursos para quedarse toda la semana en la ciudad y estudiar, se siguen haciendo muchísimas cosas.

Pero estamos muy preocupados.

El concepto de “respiración artificial” resume la situación que describe el decano: la institución continúa abierta y mantiene sus actividades esenciales, pero lo hace recurriendo a reorganizaciones presupuestarias, postergaciones y al compromiso extraordinario de quienes trabajan en ella.

Ese mecanismo, advierte, tiene un límite. Una universidad puede diferir compras o suspender obras durante un período, pero no puede sostener indefinidamente servicios, laboratorios y actividades científicas si los recursos permanecen por debajo de sus necesidades mínimas.

“No se van a poder ni siquiera pagar las cuentas mínimas”

—¿Qué puede pasar con el presupuesto proyectado para el próximo año?

El monto presentado por el Gobierno para las universidades es un monto que, tenemos que advertirlo, va a poner en peligro el funcionamiento de la universidad.

No por falta de voluntad. Eso hemos demostrado que lo tenemos. Sino porque realmente no se van a poder ni siquiera pagar las cuentas mínimas.

Lo que estamos pidiendo cuando hablamos de respetar la ley de presupuesto es simplemente que las universidades puedan seguir funcionando.

—¿Cuáles son esas cuentas mínimas?

Nosotros no podemos poner en peligro la higiene y la seguridad. Tenemos que retirar residuos, mantener extintores y sostener una estructura básica.

También están los servicios esenciales. Y ni hablar de investigación, ciencia y tecnología.

La universidad está generando proyectos de investigación con financiamiento propio y reorganizando partidas con los escasos recursos que tiene, pero hay un punto donde no alcanza.

Sciara diferencia así entre expansión y supervivencia. El debate ya no pasa únicamente por financiar nuevos proyectos científicos o ampliar edificios: según su diagnóstico, el nivel presupuestario empieza a tensionar gastos indispensables para que las instituciones funcionen con seguridad.

La universidad ha intentado compensar parte de esa caída con recursos propios y redistribución interna, pero el decano advierte que esas herramientas no reemplazan un financiamiento público sostenido.

Infraestructura: mantener lo existente y postergar el crecimiento

—¿Cuál es el área que más se resintió?

Creo que infraestructura. Como tiene costos muy altos, es una de las áreas que más se resiente.

Nosotros hacemos mantenimientos básicos, no hacemos obras nuevas. Tal vez podamos comenzar una biblioteca nueva porque tenemos un problema con el edificio, pero estamos hablando de obras menores frente a lo que realmente necesitamos.

Hay grandes obras que significarían un cambio importante en el funcionamiento y están paradas, sin perspectivas de continuar.

—¿Qué consecuencias tiene postergar infraestructura durante tanto tiempo?

Es prioritario, pero hoy es una de las áreas que menos se está desarrollando porque no aparece como lo esencial frente a otras urgencias.

Sin embargo, es lo que te permite seguir creciendo y tener mejores espacios.

La tecnología cambia, los sistemas educativos cambian y a veces no podés hacer cosas nuevas en edificios que tienen 100 años. Los mantenemos, los queremos, pero hay que hacerles obras, mantenerlos y darles cariño.

La infraestructura representa con claridad el costo futuro de resolver solamente las urgencias presentes. Postergar una obra puede permitir destinar recursos a salarios, servicios o seguridad, pero también acumula necesidades que deberán enfrentarse posteriormente a costos mayores.

Además, en áreas científicas los edificios no son únicamente contenedores de aulas. Los avances tecnológicos requieren laboratorios, instalaciones y condiciones técnicas específicas que estructuras centenarias no siempre pueden ofrecer sin inversiones.

Los estudiantes resisten, pero estudiar también es cada vez más caro

—Con alquileres, expensas y transporte cada vez más caros, ¿están perdiendo matrícula?

En nuestra Facultad no hemos tenido una baja de matrícula.

Tenemos la suerte de contar con carreras que tienen demanda. Bioquímica y Farmacia son carreras que podríamos considerar de pleno empleo. Hay necesidad de esos profesionales en diferentes ámbitos.

Biotecnología, Química y la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos también son carreras importantes para nuestra región, con buena perspectiva laboral.

—¿Cómo sostienen la calidad en semejante contexto?

Tenemos profesionales y científicos de muy alta jerarquía dando clases. Hemos hecho buenas campañas y cambios de planes de estudio.

La universidad tiene problemas, por supuesto, y tenemos que hacernos cargo. Pero los problemas se solucionan poniéndolos arriba de la mesa y trabajando.

No diciendo: “Esto lo hacés mal o no me gusta y entonces te corto el presupuesto”. Si algo no parece bien, sentémonos, discutámoslo y hagamos programas para mejorarlo.

La Facultad consigue mantener su matrícula, en parte, por la inserción profesional de sus carreras. Pero eso no elimina las dificultades económicas de los estudiantes: alojamiento, transporte, alimentación y permanencia en Rosario forman parte del costo real de estudiar aun cuando la universidad sea pública y gratuita.

Sciara cuestiona, además, que el debate sobre la calidad universitaria se utilice para justificar recortes. Su planteo es inverso: si existen aspectos que deben mejorarse, deberían establecerse programas específicos para hacerlo.

“Hoy no hay ningún programa de mejora”

—¿Existieron antes herramientas específicas para mejorar carreras y equipamiento?

Históricamente hubo grandes programas de mejoramiento de carreras. Con esos programas equipamos la Facultad.

Por eso tenemos equipos que quizás tienen 25 o 30 años y que vinieron de aquellos grandes programas de financiamiento para mejorar la educación universitaria.

Hoy no hay ningún programa de mejora. Entonces, ¿cómo podemos discutir calidad?

—También se cuestiona muchas veces que las universidades no son suficientemente evaluadas. ¿Qué ocurre en su Facultad?

Nosotros estamos auditados financieramente, tenemos gestión de calidad con norma 9001 y nuestras carreras son acreditadas por CONEAU.

Estamos constantemente evaluados. Nuestros docentes tienen que concursar y presentar su carrera docente.

Creo que no hay muchos ámbitos públicos nacionales sometidos a semejante nivel permanente de evaluación.

El decano rechaza de esa manera dos críticas que aparecen recurrentemente alrededor del sistema universitario: la ausencia de controles y la supuesta falta de preocupación por la calidad.

En su Facultad, explica, conviven auditorías financieras, sistemas de gestión certificados, acreditaciones periódicas de carreras y concursos docentes. Para Sciara, la discusión no debería ser si la universidad debe evaluarse, sino cómo utilizar esas evaluaciones para mejorarla y qué recursos acompañarán ese proceso.

“La universidad hace todo lo que se le pide”

—¿Sentís que existe una deslegitimación de la universidad para justificar el ajuste?

Cuando te tiran cualquier cosa para justificar el ajuste da una sensación de que no hay un entendimiento sobre hacia dónde tiene que ir el país en cuanto a su desarrollo genuino.

La universidad se desarrolló durante más de 100 años de historia y de luchas, no solamente de la comunidad universitaria sino de la sociedad argentina.

Tenemos un modelo que permite, como casi ninguna universidad del mundo, que una persona venga de donde venga pueda acceder a la carrera que quiera y con un desarrollo territorial enorme en todo el país.

—¿Y qué lugar ocupa hoy la relación con el sector productivo?

Hoy tenemos una llegada al sector productivo muy importante. Hay trabajo conjunto en vinculación tecnológica, servicios tecnológicos, desarrollos para el sector productivo y generación de conocimiento.

Es un círculo virtuoso que comenzó hace algunos años.

La universidad hace todo lo que se le pide: forma profesionales de excelencia, genera vinculación tecnológica, genera ciencia y tecnología. Todo es mejorable, pero es un sistema que funciona y tiene mucho para mejorar. Sentémonos a la mesa, discutamos cómo, financiémoslo y trabajemos.

Sciara reivindica un modelo universitario que, además de formar profesionales, se integró progresivamente al sistema científico y productivo. La discusión presupuestaria, desde esa perspectiva, no afecta solamente a quienes estudian o trabajan dentro de las facultades.

Laboratorios, servicios tecnológicos, investigaciones y desarrollos aplicados forman parte de una infraestructura de conocimiento que también utilizan empresas, organismos públicos y sectores productivos.

Un medicamento para VIH como ejemplo de lo que puede producir la universidad

—En medio de esta crisis también tuvieron un logro muy importante con la planta pública de medicamentos. ¿Qué consiguieron?

Creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo una política institucional llevada adelante durante más de 20 años tiene resultados que son únicos.

Cuando Claudia Balagué, a comienzos de los 2000, empieza a generar la planta piloto pública de medicamentos de la Facultad, creo que no imaginábamos llegar a tener un registro de un medicamento de este tipo.

Estamos hablando de un medicamento para el cual no existe disponibilidad de producción nacional, destinado al tratamiento pediátrico y de mujeres embarazadas con VIH. Y eso fueron 25 años de trabajo.

—¿Qué significa decir que llevó 25 años?

Que esto no se hace de la noche a la mañana. Se hace con un proyecto edilicio, equipamiento, investigadores, formación continua de recursos humanos de grado y posgrado.

Por esa planta pasaron muchísimos estudiantes de doctorado que hicieron sus tesis sobre producción y calidad de medicamentos.

Y tenemos personal que podría estar ganando el triple afuera y, sin embargo, sigue poniendo su tiempo y apostando a este proyecto.

El desarrollo funciona como contracara concreta del ajuste. Mientras la discusión pública suele concentrarse en cuánto cuesta sostener una universidad, Sciara propone mirar también qué capacidades produce una inversión mantenida durante décadas.

El medicamento no apareció como resultado de una decisión coyuntural. Requirió infraestructura, investigadores, equipamiento, formación doctoral y continuidad institucional durante aproximadamente un cuarto de siglo.

Cinco años para desarrollar y registrar el medicamento

—¿Cómo fue la última etapa hasta conseguir el registro?

Fueron aproximadamente cinco años de trabajo desde que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos nos planteó que teníamos que producir este medicamento pediátrico en gotas.

Nos pusimos a desarrollar el medicamento. Es un desarrollo propio porque no existía esa formulación producida en el país. Hicimos controles de estabilidad y seguimos equipando la planta con subsidios de Nación y también de la provincia de Santa Fe, que hoy nos ayuda mucho con programas de equipamiento e investigación.

Hace aproximadamente un año y medio enviamos toda la documentación para el registro. Fue un proceso dificilísimo y muy exigente.

—¿Qué demuestra haberlo conseguido con una estructura pública universitaria?

Lo logramos con un personal mínimo, haciendo cosas que empresas privadas realizan con tres veces más personal y estructura.

Esa es la capacidad que tiene la universidad. Y eso es lo que queremos poner a disposición del sistema educativo, científico, tecnológico y de la producción nacional.

Nos da bronca que esa capacidad no se tenga en consideración porque creemos que ese es el camino para el desarrollo del país.

El caso permite vincular dos cuestiones que durante la entrevista aparecieron permanentemente conectadas: financiamiento y tiempo. Construir capacidades científicas demanda décadas; perderlas puede ocurrir mucho más rápido.

La planta pública constituye, además, un ejemplo de articulación entre universidad y Estado. El proyecto atravesó diferentes etapas, organismos y fuentes de financiamiento hasta conseguir un resultado que la Facultad considera estratégico.

“Hoy es difícil ver una luz al final del túnel”

—Después de todo lo que estás viendo como decano, ¿ves una luz al final del túnel?

Hoy, te soy sincero, es difícil verla.

Veo una negación total. Veo un camino y una voluntad hacia el arancelamiento, hacia otro tipo de universidad, mucho más restrictiva, con mucho menos foco en la inclusión y en el crecimiento profesional de personas que quizás no tienen poder adquisitivo.

Cuando ponés un presupuesto que no alcanza ni para pagar los servicios del año siguiente, no estás planteando un proyecto para esta universidad.

—¿Creés que detrás del problema presupuestario existe entonces una discusión sobre qué modelo universitario quiere la Argentina?

Sí. No diría directamente que sea un proyecto de cierre, pero sí un cambio hacia otro modelo y otra idea de país.

Yo creo que hoy pocas personas pueden negar que es necesario un equilibrio presupuestario. Todos los que hacemos gestión sabemos que es imposible manejar indefinidamente un presupuesto con un déficit que no podés pagar.

Pero también tenemos que entender que hay personas atrás, que hay una microeconomía que tiene que funcionar y que hay un desarrollo científico que tiene que ser motor de grandes proyectos de infraestructura y producción.

Sciara no cuestiona la necesidad de administrar responsablemente los recursos públicos. Su diferencia está en qué variables entran dentro de esa ecuación. Para el decano, el equilibrio fiscal no puede constituir por sí mismo una política educativa, científica o productiva.

Su diagnóstico final es pesimista sobre el presente, pero también coloca la discusión hacia adelante: reclama alternativas que no impliquen simplemente regresar a modelos anteriores, sino construir una estrategia capaz de combinar responsabilidad presupuestaria, inclusión, ciencia, educación y desarrollo.

La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas funciona como una síntesis de esa contradicción. Mientras intenta sostener 70 laboratorios, docentes e investigadores con recursos cada vez más limitados y posterga obras indispensables, consigue después de 25 años de trabajo desarrollar capacidades para producir un medicamento que el país no fabricaba.

Allí está, para Sciara, la dimensión más profunda del debate. No se trata únicamente de cuánto dinero reciben las universidades durante un ejercicio presupuestario. Se trata de decidir qué capacidades científicas, profesionales y productivas quiere conservar la Argentina y cuánto costaría reconstruirlas si finalmente se pierden.

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