La abogada Bárbara Reynoso, integrante del Club de Derecho de Rosario, pasó por Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, y dejó una mirada muy crítica sobre la reforma penal impulsada por el gobierno de Santa Fe. Según planteó, el proyecto otorga mayores facultades a la policía y a los fiscales, reduce el control de los jueces y pone en riesgo garantías constitucionales básicas. Durante la entrevista, advirtió sobre allanamientos sin orden judicial, declaraciones sin defensa técnica, zonas de intervención barrial, condenas por decreto penal y un retroceso hacia prácticas que la provincia había dejado atrás con la implementación del sistema acusatorio.
La discusión por la reforma penal en Santa Fe no se limita a una diferencia técnica entre abogados, jueces, fiscales y funcionarios. Para Reynoso, el proyecto abre una discusión mucho más profunda: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la seguridad y qué garantías está dispuesto a resignar en ese camino.
La abogada sostuvo que el texto oficial no solo es grave desde el punto de vista jurídico, sino también peligroso desde una perspectiva democrática. A su entender, la iniciativa concentra poder en la policía y en la fiscalía, debilita el rol de los jueces como terceros imparciales y puede impactar especialmente sobre sectores sociales vulnerables.
La reforma y las garantías constitucionales
—Han pasado distintas voces del mundo judicial por este programa y varias plantearon que el proyecto pone en riesgo garantías constitucionales. Incluso en un documento lo planteaste de esa forma. ¿Podés ampliar esa idea?
Ese es el mayor inconveniente de este proyecto de reforma que impulsa el gobierno provincial. Básicamente, se le dan superpoderes a la policía, en primer lugar, y a la fiscalía, en segundo lugar, corriendo un poco del campo de acción a los jueces, que son los terceros imparciales que deben decidir cuando ocurren delitos o cuando se toman decisiones sobre la vida de otras personas.
En definitiva, es un proyecto que borra muchas garantías constitucionales. Es un proyecto absolutamente inconstitucional. No solo eso: es peligroso. Le da mucho poder a la policía y atenta contra garantías constitucionales básicas que tenemos todos los ciudadanos.
A mí realmente me preocupa que, en nombre de la seguridad o de la urgencia, se quiera avanzar con una reforma tan grave. Además hay una contradicción: escuchamos a diario a integrantes del gobierno decir que pudieron bajar a mínimos históricos los homicidios y los delitos violentos. Entonces, si eso es así, ¿por qué echar mano a una reforma tan grave, que trae discusiones que ya habíamos dejado atrás hace años? Es un retroceso muy grande.
—Un colega tuyo me decía que esto forma parte de un plan sistemático: primero otras reformas, después la reforma constitucional, luego la separación del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa del Poder Judicial, y ahora más poder a los fiscales. ¿Lo ves de esa forma?
Sí, sin duda. Uno de los artículos que impulsa esta reforma, por ejemplo, es la condena por decreto penal. Es decir, un fiscal podría condenarte, vos ni siquiera enterarte y recién saberlo cuando ya estás condenado y te llega una notificación a tu casa.
Eso vulnera el artículo 18 de la Constitución, el juicio previo. Es muy grave. No te da posibilidad de defenderte. Después tenés que ir vos, cuando ya te llegó la notificación de que estás condenado, a pedirle a un juez que lo revise. Se invierte la carga del proceso. Es un proyecto muy grave, muy grave de verdad.
La primera parte de la entrevista dejó planteado el eje central de la crítica de Reynoso: el proyecto no sería solamente una reforma procesal, sino una modificación del equilibrio institucional del sistema penal. Para la abogada, el cambio desplaza a los jueces, fortalece a fiscales y policías y altera reglas básicas del debido proceso.
El rol de los abogados y las declaraciones sin defensa
—En tu caso, te tocó defender a distintas personas que tienen derecho a ser defendidas. Esta reforma, de alguna manera, ¿limita también el trabajo de los abogados? Por ejemplo, hoy si alguien declara debe hacerlo con su abogado. En este caso, una de las cosas que se modifica es esa presencia.
En eso voy a disentir. Yo creo que al contrario: los abogados vamos a tener más trabajo con esto. Va a haber más gente detenida, más gente privada de su libertad, más gente condenada que ni siquiera se enteró.
Sobre la declaración sin abogado, hoy el Código Procesal dice que, para que sea válida la declaración de un imputado, debe contar siempre con la presencia de su abogado defensor. Este proyecto borra la palabra “siempre” y la reemplaza por “en lo posible”.
Eso no quiere decir que la persona no va a tener abogado nunca, pero está hablando de los primeros momentos de una investigación. Lo que quieren hacer con esto es poder quitarle una confesión a una persona en la comisaría para después usarla durante todo el proceso penal.
Además, trae institutos que habían sido derogados hace mucho tiempo, como la declaración informativa, habilita el interrogatorio policial y vuelve a un viejo sistema inquisitivo que dejamos atrás en 2014, cuando Santa Fe cambió su Código Procesal Penal.
—¿Sentís que se vuelve hacia atrás respecto del sistema acusatorio?
Sí. El cambio al sistema acusatorio fue un gran avance para nuestra provincia. Fue un código nuevo, consensuado entre todos los partidos políticos. Como abogada y como auxiliar de la justicia, digo que la justicia estaba orgullosa de ese cambio.
Esta reforma lo único que hace es retroceder años en derechos y garantías. Y eso es importante decirlo porque, si uno escucha a integrantes del gobierno provincial, parece que esto es solamente para “los delincuentes”. Pero no: esto después va a afectar a todas las personas.
Uno de los puntos más delicados para Reynoso es que las reformas no afectan únicamente a quienes ya están dentro de una investigación penal. Según su mirada, las nuevas facultades estatales podrían alcanzar a cualquier ciudadano que quede involucrado en una situación policial o judicial, incluso sin haber cometido un delito.
Zonas de intervención barrial y control territorial
—Nombraste las zonas de intervención barrial. ¿Por qué te parecen tan graves?
Porque es de lo más grave del proyecto. El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, podría decir que interviene un barrio entero y bloquearlo. Eso va a afectar a todas las personas que viven en ese barrio, sean o no delincuentes.
El proyecto le da la facultad al Ministerio de Seguridad de fijar horarios límites de circulación. Entonces, si una persona está circulando por ese barrio después de la hora que ellos definieron, podrían llevarla a una comisaría y tenerla privada de su libertad durante 48 horas para averiguar sus medios de vida. Eso nos remonta a viejas épocas.
Después incluso podrían tenerte detenido 30 días. Y también podrían allanarte durante ese lapso sin orden judicial.
—Ahí aparece otro tema fuerte: allanamientos sin orden judicial.
Exacto. Ya en 2024 hubo una flexibilización en el tema allanamientos sin orden. Ahora este proyecto agrega nuevos supuestos. Son nueve los supuestos en los que la policía podría allanar sin orden de un juez.
Uno de los nuevos casos dice que si la policía para a alguien en la calle y le secuestra un arma de fuego, municiones, explosivos u otros materiales controlados, y sospecha que esa persona puede tener más armas en su casa, eso habilita a ir, tumbarle la puerta y allanar el domicilio sin orden judicial.
Pero nuestra ley ya tiene el procedimiento de flagrancia. Si una persona está en la calle portando un arma, la policía la detiene, el delito cesa y esa persona tendrá su proceso penal. Entonces, ¿por qué sortear al juez?
Reynoso remarcó que hoy las órdenes judiciales pueden tramitarse con rapidez, incluso por medios digitales. Por eso cuestionó que se utilice el argumento de la urgencia para evitar el control judicial previo.
El juez como garantía y los riesgos de abuso policial
—Hoy una orden judicial puede salir rápido, incluso por WhatsApp. Entonces, ¿por qué evitar ese paso?
Exactamente. Hoy una orden para allanar un domicilio puede ser válida por WhatsApp. El fiscal se comunica con el juez de turno y la jurisprudencia ya dijo que una orden emitida por un juez por WhatsApp es válida.
No es como antes, que se necesitaba esperar una semana o llevar un papel físico. Hoy se puede hacer de forma mucho más ágil. Entonces, ¿por qué sortear al fiscal o al juez?
La orden emitida por un juez es la garantía de que el Estado no puede venir y patearte la puerta porque sí.
—¿Y qué pasa si la policía se equivoca de casa?
Ese es otro problema. Sabemos cómo son muchos allanamientos: se rompe la puerta, no importa si hay niños, menores o familias. ¿Cómo va a constatar la policía que esa persona vive en ese domicilio?
Y lo más grave es que, con este proyecto, se borra la obligación de informar al juez después del allanamiento para que valide lo actuado. Hoy, en la mayoría de estas excepciones, el fiscal tiene la obligación de notificar al juez dentro de las 24 horas posteriores. Este proyecto elimina esa obligación en varios casos.
Es decir: el juez no se entera ni antes ni después.
En este tramo, la entrevista ingresó en uno de los puntos más sensibles: el control judicial. Para Reynoso, el problema no es solo que se habiliten allanamientos sin orden, sino que además se debilite la revisión posterior. La abogada sostiene que esa combinación puede generar un escenario de abuso estatal difícil de corregir.
La urgencia, el narcotráfico y el argumento oficial
—El gobierno plantea que estas herramientas son necesarias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado con mayor celeridad. ¿Qué respondés?
Eso es lo que plantean, la urgencia. Pero la urgencia no puede venir de la mano de llevarnos puestos todo. Las garantías constitucionales son las reglas del juego.
¿Qué pasa cuando es el propio Estado el que empieza a romper las reglas del juego? Para mí, esta reforma viene a institucionalizar el atajo y el vale todo.
En algún punto termina siendo el Estado actuando de manera arbitraria, de un modo parecido a las mafias que dice combatir.
—¿Ves una cuestión ideológica detrás de este proyecto?
Sí. Y aparece mucho el uso del término garantismo como mala palabra. Pero todos deberíamos ser garantistas. Ser garantista no es defender delincuentes. Eso es demagogia punitiva.
Garantismo es defender que se cumpla la Constitución para todos. Cuando se dice que ser garantista es proteger delincuentes, hay un error gravísimo. Zaffaroni, por ejemplo, habla de respetar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Punto.
Todos los jueces deberían autoproclamarse garantistas, porque su trabajo es garantizar que se respete la Constitución. Si no son garantistas, que no sean jueces.
La abogada rechazó la idea de presentar la discusión como una disputa entre “seguridad” y “garantismo”. Para ella, esa lógica simplifica un debate complejo y convierte el respeto a la Constitución en una debilidad, cuando debería ser la base del sistema penal.
Exclusiones probatorias y prueba obtenida de forma ilegal
—Habías mencionado el tema de las exclusiones probatorias. ¿Cómo se explica eso en términos simples?
Hoy nuestro Código es muy claro: si la prueba se obtiene vulnerando garantías constitucionales, es nula. Punto.
Lo explico con ejemplos. Si te torturan o te golpean en una comisaría para arrancarte una declaración, se están violando garantías constitucionales. Entonces esa declaración es nula.
Si te rompen la puerta de tu casa en un allanamiento ilegal, todo lo que secuestren en ese allanamiento también es nulo.
Es la teoría del fruto del árbol venenoso: todo lo que salga de una raíz envenenada no vale. Es una garantía que nos protege de los abusos estatales.
—¿Y qué cambia con la reforma?
La reforma introduce cuatro salidas de emergencia a esa regla. Por ejemplo, una excepción sería cuando los funcionarios que obtuvieron la prueba creyeron que actuaban de buena fe.
¿Vamos a hablar de buena fe policial en una provincia donde los principales jefes de investigaciones de drogas fueron condenados por vínculos con el narcotráfico? Vemos a diario policías presos, condenados o investigados por allanamientos ilegales, por robar plata o droga, por hacer actas falsas, procedimientos falsos o plantar armas.
Entonces, si el primer artículo de la reforma dice que la policía puede interrogarte en la comisaría y después otro artículo dice que si la prueba ilegal fue obtenida de buena fe puede valer, el problema es enorme.
En este punto, Reynoso planteó que la reforma no debe leerse artículo por artículo, sino como un conjunto. Para ella, las modificaciones forman una misma cadena: más facultades policiales, menos control judicial y mayor margen para validar pruebas obtenidas en condiciones irregulares.
El “canje inmoral” y la gravedad del delito
—También hablaste de otra excepción que llamaste “canje inmoral”. ¿A qué te referís?
Es otra salida de emergencia que trae la reforma. Básicamente dice que si el delito que se investiga es grave, entonces puede tolerarse cierta ilegalidad en la obtención de la prueba.
Es decir, si lo que investigo es grave, puedo violar un poco la ley. Para mí eso es un pacto nefasto.
Las reglas del juego pasan a ser el vale todo.
—¿Esto puede abrir la puerta a abusos policiales?
Sí. No digo que la reforma habilite a plantar un arma, porque plantar un arma es un delito. Pero sí da lugar a que determinados abusos sean más difíciles de controlar.
Si la policía allana sin orden y se equivoca de casa, probablemente no va a decir “nos equivocamos”. Entonces, si además se flexibiliza la validez de la prueba, el ciudadano queda mucho más desprotegido frente al aparato estatal.
La entrevista también abordó ejemplos cotidianos para explicar cómo una persona común puede verse afectada. Reynoso insistió en que nadie está exento de quedar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que justamente por eso las garantías deben proteger a todos.
Sectores sociales y selectividad penal
—En un documento planteaste que esta reforma también tiene un impacto diferenciado por sectores sociales. ¿Por qué?
Porque siempre recae sobre las mismas personas. Por ejemplo, las zonas de intervención barrial: ¿qué barrios van a intervenir? ¿Van a intervenir barrio Martin o Pichincha? No.
Es una reforma que recae con más dureza sobre determinados sectores sociales. Si el Estado quiere ir realmente contra el delito, debería mirar más para arriba y no cada vez más para abajo.
La cárcel está llena de gente sin recursos. La gente con dinero no va a prisión de la misma manera. En Rosario tuvimos jueces federales vinculados a causas muy graves y algunos terminaron presos en su casa. Mientras tanto, la cárcel común está llena de personas pobres.
—¿Creés que la sociedad se está acostumbrando a aceptar restricciones de derechos?
Sí, sin dudas. Y también pasa que voces como las nuestras no se escuchan todos los días.
Cuando uno habla con amigos o con personas que no están en el mundo jurídico, muchas veces te dicen: “Esto se tiene que saber”. Porque esto no se cuenta así en los noticieros.
La gente tiene otros problemas y lo entiendo. Pero esto suele importar recién cuando te toca. Y nadie está exento de quedar involucrado en una situación penal, aunque no haya cometido un delito.
Para Reynoso, uno de los riesgos más grandes es la naturalización. Aquello que se presenta como excepcional puede convertirse con el tiempo en práctica habitual. Y cuando una facultad extraordinaria se transforma en regla, el margen de defensa ciudadana se reduce.
Fiscales, policías y un poder funcional
—Ayer se conoció la suspensión de una fiscal por una decisión tomada en una causa. ¿No aparece una contradicción entre darle más poder a los fiscales y después sancionarlos si no actúan como quiere la política?
Sí. Es un poder funcional al gobierno. No conozco en profundidad ese caso, solo lo que leí, pero claramente una decisión así genera un efecto sobre otros fiscales.
Cuando una fiscal ve que sancionan a otra por una decisión tomada en una causa, ¿qué va a hacer ante una situación similar? Probablemente pida prisión “por las dudas”. Nadie quiere ir a la Legislatura a que lo sancionen.
Eso también forma parte de institucionalizar el atajo y el vale todo. Esta reforma termina siendo un “sálvese quien pueda”.
—Hablando con gente de la policía, algunos dicen que tampoco quieren este proyecto porque les suma compromiso y responsabilidad.
Puede ser. Estamos hablando de una policía precarizada, con sueldos bajos y muchas veces sin la formación suficiente. Y eso no es culpa de cada policía, sino de cómo se fortalece o no la institución.
Este proyecto parece copiado de sistemas pensados para agencias del primer mundo, con policías altamente profesionalizadas, tecnologizadas y bien pagas. Si realmente se quiere combatir el delito, hay que reforzar la institución policial, pero también trabajar antes, con políticas públicas de prevención.
Porque cuando llega el derecho penal, el delito ya ocurrió y el daño ya está hecho.
Hacia el final de la entrevista, Reynoso volvió sobre una idea central: la seguridad no puede pensarse solamente desde el castigo. Para la abogada, un sistema penal más duro no necesariamente resuelve el delito si no existen políticas previas de prevención, inclusión, formación y control institucional.
Cárceles, castigo y resocialización
—¿Qué mirada tenés sobre el endurecimiento carcelario y esta idea de construir una cárcel llamada “El Infierno”?
Nuestra Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para la resocialización de las personas privadas de libertad.
Una persona puede estar presa 10, 15 o 20 años, pero en algún momento va a salir y va a volver al medio libre. Entonces, ¿por qué no trabajar para que salga mejor y no peor?
Si se castiga a las personas privadas de libertad por todos lados, si se las trata como animales, después van a salir peor. Eso no le soluciona la vida al ciudadano.
—También planteabas que no se puede vivir de reforma en reforma.
Sí. Cuando Santa Fe pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, hubo consenso, participaron universidades, colegios de abogados, colegios profesionales. Fue una transformación importante.
Ahora se intenta avanzar prácticamente a puertas cerradas con una reforma muy cruenta. Más allá de mi opinión personal, esto debe debatirse. Deben participar universidades, jueces, fiscales, defensores, colegios profesionales.
La política debería servir para ayudar a la gente. Y esta reforma, así como está planteada, no ayuda a la gente.
