La disputa por el financiamiento del sistema universitario público abrió un nuevo capítulo. El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada en 2025, pero nunca aplicada en su totalidad por el Poder Ejecutivo.
El tratamiento será incluido en sesiones extraordinarias antes de fin de mes y el objetivo oficial no es derogar la norma vigente sino reformularla. La decisión generó una inmediata reacción del sistema universitario: el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro nacional en el inicio del ciclo lectivo y prepara nuevas medidas de fuerza.
Qué cambia el nuevo proyecto
La ley vigente establece la recomposición salarial de docentes y nodocentes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluyendo la recuperación de lo perdido desde diciembre de 2023. Además, fija la obligación de convocar a paritarias al menos cada tres meses y garantiza actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.
El nuevo proyecto del Ejecutivo introduce modificaciones sustanciales:
- Elimina la referencia a la recuperación de lo perdido en 2024.
- Reconoce solo una recomposición correspondiente a 2025.
- Propone un aumento del 12,3% (en otra versión, 12,5%) en tres tramos durante 2026.
- Mantiene la convocatoria a paritaria trimestral, pero sin garantía de actualización mensual automática por IPC.
- No contempla la recomposición acumulada por gastos de funcionamiento de 2024 y 2025.
- Introduce un refuerzo específico de aproximadamente $80.000 millones para hospitales universitarios.
En términos fiscales, el proyecto mira hacia adelante y busca atar la actualización presupuestaria a la inflación futura, pero deja sin compensación el deterioro acumulado en los últimos dos años.
La estrategia oficial
La reformulación también responde a un frente judicial abierto. Tras el veto presidencial en 2025, el Congreso ratificó la ley por dos tercios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar para exigir su cumplimiento. La Justicia falló a favor del sistema universitario, pero el Gobierno apeló la medida.
Ahora, con nueva composición parlamentaria y respaldo político reforzado, la Casa Rosada avanza con una estrategia legislativa para modificar el texto y neutralizar la controversia judicial.
Durante febrero, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). No hubo acuerdo.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, advirtió que la caída salarial ya supera el 40% y que las obras sociales universitarias atraviesan una situación crítica. Desde el organismo remarcaron la necesidad de garantizar “condiciones mínimas e indispensables” para el funcionamiento del sistema.
La reacción gremial
Los sindicatos docentes y nodocentes consideran que el proyecto implica “borrón y cuenta nueva” respecto de lo conquistado en el Congreso tras dos años de movilizaciones federales.
El Frente Sindical —integrado por Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun, entre otros— convocó a un paro nacional de una semana a partir del 16 de marzo, coincidiendo con el inicio de clases en la mayoría de las universidades.
Según datos gremiales, para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 los salarios deberían incrementarse alrededor de un 60% o más. Además, cuestionan la falta de convocatoria formal a paritarias desde el inicio de la actual gestión.
También anticiparon la presentación de recursos administrativos y la organización de nuevas acciones públicas, incluida una marcha federal universitaria y una “carpa itinerante” en distintas casas de estudio del país.
El trasfondo: equilibrio fiscal vs. recomposición presupuestaria
Desde el Ejecutivo sostienen que la reformulación apunta a hacer “implementable” la actualización del financiamiento sin comprometer el equilibrio fiscal, eje central del programa económico libertario.
El sistema universitario, en cambio, interpreta que el nuevo proyecto consolida la pérdida acumulada de salarios y recursos operativos, trasladando el ajuste hacia docentes, estudiantes e instituciones.
El debate volverá al Congreso en un clima de alta tensión política y con el inicio del ciclo lectivo como telón de fondo. Lo que está en discusión no es solo una partida presupuestaria, sino el modelo de financiamiento del sistema universitario público en un contexto de ajuste fiscal y redefinición del rol del Estado.
