La Escuela Técnica Nº 394 Francisco Gurruchaga de Rosario atraviesa una profunda crisis institucional que, según denuncian integrantes de su comunidad educativa, lleva aproximadamente un año y medio y excede largamente una discusión administrativa. Carolina Bergolo y Patricia Maciel, madres de alumnas de la institución, pasaron por Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, y relataron situaciones de destrato hacia estudiantes, falta de diálogo, hostigamiento, decisiones que consideran arbitrarias y reiterados intentos frustrados de obtener respuestas por las vías institucionales. También extendieron sus cuestionamientos a situaciones ocurridas en la escuela primaria que integra el complejo educativo. Tras meses de reclamos, movilizaciones y exposición pública, los dos responsables de la intervención fueron apartados de esas funciones, aunque las madres advierten que podrían regresar a sus cargos habituales y cuestionan que hasta el momento no se haya informado la apertura de un sumario por los hechos denunciados.
Una intervención que lleva alrededor de un año y medio
—¿Cómo comienza este conflicto y por qué la escuela secundaria termina intervenida?
Patricia Maciel: Lo que argumenta el Ministerio es que hubo un sumario administrativo a los directivos anteriores por algunas cuestiones administrativas que no nos especifican. A pesar de que son funcionarios públicos, resguardan cierta información que nosotros en ese momento entendimos y aceptamos.
Lo llamativo es que, si hubo una situación supuestamente irregular desde el punto de vista administrativo, la interventora que nombran era administrativa de la escuela. Eso nos resultó raro. El vicedirector, en cambio, venía de otro lugar.
El problema es que empezaron a suscitarse una serie de situaciones violentas en relación con el trato hacia los alumnos. Y ese maltrato, según nuestro parecer, estaba avalado desde la supervisión.
—¿Qué cambió concretamente dentro de una escuela que tenía una identidad muy marcada?
Carolina Bergolo: Tenemos que entender que la Gurruchaga es una escuela que tiene una impronta propia. Más allá de la normativa por la cual una escuela media debe desarrollar sus tareas y su currícula, es una institución que mucha gente elige precisamente porque fue una escuela modelo en distintas cuestiones: el semillero, las horas TOY, la escuela de puertas abiertas.
Nosotros podíamos ir, solicitar una reunión y esa reunión se daba. Empezamos a notar que mandábamos mails, presentábamos notas y no nos daban reuniones para poder aclarar las situaciones que estaban ocurriendo.
Y lo más importante es el destrato que los chicos fueron viviendo. El centro de estudiantes tiene una normativa que lo avala legalmente para intervenir y ser escuchado por los directivos. Sin embargo, los chicos fueron ninguneados. Ellos mismos empezaron a realizar pegatinas de carteles como forma de protesta frente a esa falta de escucha.
La intervención, según reconstruyen las madres, nació a partir de un procedimiento administrativo sobre las autoridades anteriores, pero con el paso de los meses el conflicto cambió de naturaleza. Lo que inicialmente podía interpretarse como una reorganización institucional comenzó a generar cuestionamientos por la convivencia cotidiana, el vínculo de las nuevas autoridades con estudiantes y familias y la falta de canales efectivos de diálogo.
Bergolo y Maciel remarcan que sus afirmaciones corresponden a denuncias y experiencias relatadas por integrantes de la comunidad educativa. El punto que consideran determinante es que, ante el crecimiento de los reclamos, las respuestas institucionales no consiguieron restablecer la confianza.
“Los correos no llegaban, no los leían o no los respondían”
—Cuando aparecen las primeras dudas sobre la intervención, ¿qué hicieron las familias?
Patricia Maciel: Empezamos por los medios institucionales. Mandábamos correos solicitando una reunión para que nos explicaran qué estaba pasando y cómo iba a continuar la situación.
Los correos no llegaban. Si llegaban, no los leían; si los leían, no los respondían. Hasta que un grupo de madres y padres se acercó presencialmente a la escuela y tuvo una reunión con la supervisora. El acta de esa pequeña reunión se extravió, no apareció nunca más.
Seguimos mandando correos y pidiendo reuniones. Finalmente, cuando uno de esos pedidos lo enviamos con copia al Ministerio, nos dieron una reunión. Pero dos días antes de esa reunión la supervisora mandó el comunicado de intervención de la escuela.
—¿Qué explicación recibieron finalmente del Ministerio?
Carolina Bergolo: Cuando se da la reunión en el Ministerio no nos podían contar de qué se trataba el sumario. Solamente nos dijeron que eran cuestiones administrativas que no podían informar y que venían a reorganizar la escuela, para lo cual ponían una directora y un vicedirector reorganizadores.
Nosotras sentimos que hubo siempre un avance de la no escucha y del no diálogo. Lo que vinieron a hacer, desde nuestra mirada, fue disciplinar, manipular, no escuchar y marcar una línea.
El problema es que nosotros estuvimos siempre abiertos al diálogo y a seguir el camino institucional. Pero desde ese camino institucional no fueron escuchados ni los chicos ni nosotros.
La falta de diálogo aparece repetidamente en el relato. Las madres sostienen que agotaron correos electrónicos, notas, reuniones y presentaciones antes de que el conflicto alcanzara exposición pública. La intervención, que debía reorganizar institucionalmente la secundaria, terminó siendo cuestionada por una parte de las familias precisamente por la manera en que se relacionó con quienes integran la escuela.
Ese punto será central en todo lo ocurrido después: frente a cada nuevo episodio, padres y estudiantes buscaron respuestas dentro del sistema educativo. Según Bergolo y Maciel, la sensación fue que las denuncias “caían en saco roto”.
Gorra, vestimenta y contenidos que quedaron relegados
—Ustedes conocen la escuela desde hace muchos años. ¿Qué diferencias encontraron con aquella Gurruchaga que conocían?
Patricia Maciel: Yo formo parte de la comunidad educativa de la Escuela Gurruchaga hace 26 años. Mi hija mayor tiene 30 y empezó ahí desde el nivel inicial. Después pasó mi hijo y ahora mi hija más pequeña, que está en quinto año.
Siempre estuvo el espíritu propio de la Gurruchaga. Las horas de teatro, de periodismo, toda esa identidad. Hoy hay chicos que están casi terminando la secundaria y hay horas de periodismo que no tuvieron.
Sin embargo, parecía más importante que un alumno no llevara una gorra con visera o que una alumna no usara un top que garantizar las horas de periodismo vinculadas con la currícula de la modalidad. Estamos hablando de chicos que después pueden querer hacer cine, radio o teatro.
—¿Hubo otras decisiones que para ustedes representaron ese cambio de criterio?
Carolina Bergolo: Una de las primeras cosas que sucedió fue que se comunicó que los chicos ya no podían quedarse dentro de la escuela durante el horario entre turnos.
Históricamente los chicos se quedaban. No todos viven cerca. Y además están expuestos al salir. Hubo chicos que sufrieron robos y finalmente tuvieron que retrotraer esa medida.
Pero eso mostraba la línea que intentaban imponer. Nosotros queríamos discutir las decisiones, dialogar y encontrar soluciones. El problema era que el centro de estudiantes tampoco era convocado.
La discusión, de acuerdo con las madres, no se limitó a grandes decisiones administrativas. También atravesó la vida cotidiana: dónde podían permanecer los alumnos, cómo vestirse, el acceso a determinados espacios y qué lugar ocupaba el centro de estudiantes en las decisiones.
Para las entrevistadas, detrás de esos episodios comenzó a producirse un choque entre dos concepciones diferentes de la institución: una Gurruchaga históricamente asociada por ellas con una cultura de participación y apertura, y una gestión interventora a la que cuestionan por aplicar normas sin suficiente diálogo con la comunidad.
Baños cerrados y estudiantes que, según las madres, no eran escuchados
—¿Qué pasó este año para que el conflicto terminara explotando?
Patricia Maciel: Empezamos a encontrarnos con distintas situaciones. Por separado, varias mamás y papás tuvimos reuniones individuales. Una de las cuestiones fue cuando empezaron a cerrar los baños.
Las respuestas siempre eran las mismas: o los chicos mienten o los chicos malinterpretan. Nos decían que justo se les ocurría ir al baño cuando estaban en clase.
Veníamos pensando en tener nuevamente una reunión cuando aparece una cuenta de Instagram de un grupo de alumnos de la secundaria y se produce la pegatina de carteles. Ahí nos enteramos de muchísimas cosas más.
—¿Qué hicieron las familias cuando conocieron esas denuncias?
Carolina Bergolo: Pedimos una reunión. Éramos bastantes madres y padres, aunque somos muchos más. Pedimos específicamente que estuviera alguien del Ministerio.
Estuvimos madres y padres, los chicos del centro de estudiantes, la directora interventora Antonella Escolarí, el vicedirector reorganizador Ezequiel Bressan y, por parte del Ministerio, Sergio Libonati, coordinador pedagógico de Educación Media y Técnica.
Nosotros teníamos un temario. El primer punto era saber en qué situación se encontraba la intervención. Queríamos saber qué iba a pasar con la escuela.
La reunión debía funcionar como instancia para reconstruir el diálogo. Sin embargo, según las entrevistadas, produjo el efecto contrario. Las familias aseguran que allí pudieron comprender con mayor claridad la sensación de vulnerabilidad que sus hijos venían describiendo.
El conflicto ya había dejado de ser exclusivamente una disputa entre adultos. Los estudiantes se habían organizado, difundían públicamente sus experiencias y reclamaban ser escuchados. Esa exposición terminó convirtiendo una crisis interna en un problema público.
“Ahí nos dimos cuenta de lo que viven nuestros hijos todos los días”
—¿Qué ocurrió en esa reunión?
Patricia Maciel: Ahí nos dimos cuenta de lo que sentían nuestros hijos, de lo que viven todos los días. Los vimos totalmente inseguros y sentimos que existía una vulneración increíble de sus derechos.
Nos negaban todo. “No es así, no es así”. Nosotros pedíamos explicaciones y tratábamos de mantener la calma.
El coordinador dijo que iba a escribir el acta de la reunión. Esa acta todavía no está.
—¿Los estudiantes pudieron plantear directamente lo que estaban denunciando?
Carolina Bergolo: Sí. Hablaron los chicos del centro de estudiantes. Uno de ellos preguntó: “¿Usted nos cree el maltrato que estamos sufriendo? Y si nos cree, ¿qué piensa hacer?”.
La respuesta que recibió fue algo así como que en la vida se iba a encontrar con situaciones de ese tipo y que tenía que afrontarlas.
El diálogo ya estaba fracturado. Ahí planteamos que no queríamos más a esos interventores y que no podían seguir un día más en la escuela.
La gravedad de las denuncias obliga a diferenciar los hechos acreditados de las acusaciones formuladas por las familias. Bergolo y Maciel describen conductas concretas que atribuyen a funcionarios y autoridades escolares; algunas fueron expuestas públicamente por estudiantes y familias, pero su responsabilidad administrativa deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Precisamente por eso las madres cuestionan que, después de la magnitud alcanzada por el conflicto, no exista —según señalaron durante la entrevista— una investigación administrativa que permita esclarecer integralmente lo sucedido.
Una respuesta atribuida al vicedirector que encendió todas las alarmas
—Entre las situaciones que ustedes denuncian hay una particularmente grave vinculada con una estudiante. ¿Qué ocurrió?
Patricia Maciel: Una alumna estaba exponiendo una situación grave que había atravesado y sintió que el vicedirector la minimizaba. Entonces le preguntó: “¿Qué necesitás que haga? ¿Que me autolesione para que me creas?”.
Según lo que relató la alumna, él respondió: “Si querés, te alcanzo las tijeras”.
Estamos hablando de una situación gravísima. Una sola manifestación de un menor de edad sobre una situación de violencia debería ser suficiente para que un empleado público actúe.
—¿El vicedirector reconoció haber dado esa respuesta?
Carolina Bergolo: No. Él niega haberlo hecho.
Pero nuestro planteo es que los chicos fueron a contar una situación puntual y no fueron escuchados. Para nosotros faltó empatía y capacitación para abordar cuestiones que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y lo que cuestionamos es que después tampoco encontramos una respuesta institucional suficiente.
Este episodio es uno de los más sensibles de toda la entrevista. Se trata de una conducta atribuida al entonces vicedirector por las madres a partir del relato de una estudiante y que, según ellas mismas aclararon, fue negada por el funcionario señalado. Por esa razón, corresponde mantenerla en el terreno de la denuncia mientras no exista una investigación que determine lo ocurrido.
Sin embargo, la sola existencia de una acusación de esa naturaleza explica la exigencia de las familias: que los organismos competentes investiguen y determinen responsabilidades, en lugar de reducir el conflicto a diferencias de convivencia escolar.
La versión oficial que indignó a las familias
—Después de aquella reunión, ¿qué respuesta encontraron?
Patricia Maciel: Al día siguiente apareció una nota donde desde el Ministerio se avalaba la intervención y se reducía todo a un conflicto con algunos alumnos porque supuestamente no los dejaban usar el celular en clase.
En nuestra reunión jamás se habló del tema de los celulares. No era un conflicto entre el alumnado y los directivos por eso. Y también se decía que no había denuncias. Denuncias hay.
Grabaciones hay, filmaciones hay y ahora hay más. El problema es qué queda cuando fallan las instituciones que tienen que protegerte o mínimamente escucharte.
—¿Fue ese el punto que llevó el conflicto definitivamente a la calle?
Carolina Bergolo: Sí. Después comenzaron a citar a las familias por años. Y el lunes fue la eclosión: se cortó la calle, se protestó, se hizo ruido porque parecía ser la única vía para que nos escucharan.
Recién ahí accionaron. A partir del martes corrieron a los dos interventores.
La preocupación es que nos dijeron que la intervención se levantaría y habría un concurso para elegir nuevos directivos, pero que quienes fueron interventores volverían a sus tareas habituales.
El apartamiento de las autoridades interventoras representó un cambio significativo, pero no cerró la crisis. Para las madres, removerlas de esa función sin investigar las conductas denunciadas deja sin resolver el núcleo del conflicto.
La preocupación aumenta porque, de acuerdo con lo informado a las familias, ambos continuarían vinculados a la estructura educativa desde sus cargos previos. De allí que el reclamo haya pasado de pedir simplemente el final de la intervención a exigir esclarecimiento y responsabilidades.
“No hay un sumario, no hay una investigación”
—¿Qué les preocupa ahora que los interventores fueron apartados?
Patricia Maciel: Que no hay un sumario, no hay una investigación.
En teoría están esperando que terminen todas las reuniones con todos los años para después tomar una determinación, pero fueron muy claros en que no van a iniciar un sumario.
Para nosotros es muy grave porque son empleados públicos y representan al Estado provincial.
—¿Qué esperan entonces del Ministerio?
Carolina Bergolo: Que investigue. Que escuche a los chicos y a las familias. No puede terminar todo simplemente cambiando a dos personas de lugar.
Los chicos pusieron nombre, apellido y cara para contar lo que estaban viviendo. No fueron denuncias anónimas.
Nosotras creemos que eso merece una respuesta institucional a la altura.
El reclamo abre una segunda etapa de la crisis. Si durante meses la demanda estuvo centrada en terminar con una intervención que parte de la comunidad rechazaba, ahora el interrogante es qué hará el Ministerio con las denuncias acumuladas.
La posición de las madres es clara: el reemplazo de autoridades puede normalizar administrativamente la conducción de la escuela, pero no responde por sí solo a las acusaciones sobre el trato hacia los estudiantes.
La primaria, otro frente del conflicto
—Ustedes también vienen señalando situaciones en la escuela primaria. ¿Qué sucede allí?
Carolina Bergolo: También tenemos inconvenientes con la directora de la primaria desde hace años. Se hicieron varias denuncias.
Una de las respuestas que recibimos cuando planteábamos problemas era: “Esta institución es así. Si no te gusta, hay otras instituciones donde podés llevar a tu hijo”.
Nosotros elegimos la Gurruchaga. El problema no puede resolverse diciéndole a una familia que cambie a su hijo de escuela cuando plantea algo con lo que no está de acuerdo.
—¿También denuncian situaciones de presión sobre las familias?
Patricia Maciel: Sí. Varios padres y madres hemos sufrido amenazas. Frases como “puedo sacar a tu hijo de la escuela”, llamadas telefónicas, audios y situaciones en reuniones.
Ellos conocen nuestros datos. Saben muchas cosas de nosotros. Y eso también genera temor en algunas familias.
Hay padres que terminan agotados y optan por cambiar a sus hijos de escuela.
El conflicto que describen Bergolo y Maciel no se limita, por lo tanto, a la secundaria intervenida. La primaria aparece reiteradamente en sus testimonios y forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del complejo Gurruchaga.
También aquí se trata de acusaciones realizadas por las entrevistadas que requieren investigación y derecho a respuesta de las autoridades señaladas. El dato institucional relevante es que las familias aseguran haber presentado reclamos durante años y sostienen que la falta de resolución terminó generando desgaste y, en algunos casos, abandono de la institución.
Libros de matemática y una denuncia por discriminación
—Mencionaron también un episodio reciente relacionado con libros de matemática. ¿Qué ocurrió?
Carolina Bergolo: Hace aproximadamente dos meses hubo una situación que para nosotros fue discriminatoria. En un aula se dijo: “Vamos a entregar los libros de matemática a los que pagaron”.
Nosotros habíamos pedido que fuera un libro accesible para todos. Era un libro de alrededor de 20.000 pesos.
Hubo chicos que terminaron avergonzados, con dolor de panza, llegando a la casa y diciendo: “Mamá, pagá, a mí no me dieron el libro”.
—¿Por qué relacionan lo que sucede en primaria con el conflicto de secundaria?
Patricia Maciel: Porque para nosotros responde a una misma lógica: individualismo, exclusión y disciplinamiento.
En la primaria también había talleres que históricamente eran gratuitos. Hoy, según nuestra experiencia, si querés hacer un taller de ajedrez o de música, tenés que pagarlo.
Nos preocupa qué modelo de escuela se está construyendo.
La situación económica de las familias atraviesa inevitablemente esta discusión. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, cualquier actividad o material que implique un costo adicional puede convertirse en una barrera para determinados estudiantes.
Las madres no cuestionan solamente los montos. Su planteo apunta a evitar que la capacidad de pago se transforme en un elemento visible de diferenciación dentro del aula.
La policía en los alrededores de la escuela
—También recordaron un episodio con presencia policial en los alrededores de la Gurruchaga. ¿Qué pasó?
Patricia Maciel: Había policías recorriendo el barrio y frenaban a chicos y chicas. Les pedían el número de documento y, si no lo llevaban, les tomaban los datos.
También les preguntaban si pertenecían al centro de estudiantes.
Para nosotros ahí empezó a sentirse una persecución hacia gente de la escuela.
—¿Presentaron reclamos por esa situación?
Carolina Bergolo: Sí. Se hizo una presentación en el Ministerio de Seguridad y no pasó nada. No nos convocaron.
Después hubo desmentidas sobre lo que había sucedido, pero nosotros venimos planteando estas situaciones desde hace tiempo.
Ese es el problema: presentamos, denunciamos, seguimos las vías correspondientes y sentimos que todo cae en saco roto.
Para las familias, aquel episodio forma parte de una secuencia más amplia en la que estudiantes organizados comenzaron a sentirse observados o cuestionados por su participación. Las madres vinculan ese antecedente con las dificultades posteriores del centro de estudiantes para ser reconocido como interlocutor.
No obstante, las afirmaciones sobre una eventual persecución constituyen la interpretación de las entrevistadas y requieren distinguirse de hechos institucionalmente comprobados. Lo que sí describen es una sucesión de reclamos ante distintos organismos que, según aseguran, no derivaron en respuestas satisfactorias.
La Defensoría, la única institución que —según las madres— las recibió
—Después de un año y medio de conflicto, ¿qué instituciones las escucharon?
Carolina Bergolo: La única institución que nos recibió y nos ofreció ayuda en ese momento fue la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Fuimos y presentamos las denuncias pertinentes.
Después hemos intentado por diferentes lugares, pero sentimos que las respuestas no llegan.
Por eso terminamos haciendo público lo que ocurre.
—¿Hubo algún acompañamiento político?
Patricia Maciel: Sabemos que el diputado Carlos Del Frade hizo una presentación y un pedido de investigación sobre la intervención y los hechos que se sucedieron.
Por la primaria también nos reunimos con gente de Ciudad Futura y redactamos una carta solicitando una audiencia en la comisión de Educación y Cultura del Concejo, pero hasta el momento de esta entrevista no habíamos recibido respuesta.
Lo que necesitamos es que alguien investigue seriamente.
Después de recurrir a diferentes niveles institucionales, la comunidad terminó encontrando en la exposición pública una herramienta de presión. Es un dato relevante para comprender por qué estudiantes y familias decidieron mostrar nombres, testimonios, carteles y reclamos en redes sociales y movilizaciones.
Según las madres, esa visibilidad produjo finalmente movimientos que las presentaciones administrativas no habían conseguido: reuniones por cursos y el apartamiento de los interventores.
“Hay seis escuelas intervenidas”
—Después de atravesar todo esto, ¿averiguaron si existen situaciones similares en otras escuelas?
Patricia Maciel: Sí. Hasta el año pasado lo que sabíamos era que la supervisora de la Gurruchaga tenía a cargo seis escuelas y las seis estaban intervenidas.
Denuncias hay. El problema es que muchas veces falta que se abran los cajones y aparezcan esas denuncias.
Hoy incluso existe un sistema mediante QR para realizar presentaciones, pero nuestra sensación es que también caen en saco roto.
—¿Ustedes agotaron las vías institucionales antes de llegar a los medios?
Carolina Bergolo: Sí. Desde 2022 estamos pidiendo cuestiones vinculadas con la categoría de la escuela, más preceptores, cargos de periodismo y horas TOY.
En 2024 volvimos a presentar notas. Cuando ocurrió lo de la policía hicimos una presentación ante Seguridad. No nos convocaron.
Por eso llegamos a esta instancia. No hubo otra opción.
El dato planteado por las madres sobre otras escuelas intervenidas amplía el interrogante, aunque la entrevista no permite establecer las razones, características ni situaciones particulares de cada una. No sería correcto asumir que todas atraviesan conflictos equivalentes al de la Gurruchaga.
Sí permite formular una pregunta institucional más amplia: qué criterios utiliza el Ministerio para disponer y sostener intervenciones prolongadas, qué mecanismos de control existen y cómo participan las comunidades educativas durante esos procesos.
Desgaste y familias que terminan retirando a sus hijos
—¿Qué consecuencias tuvo este proceso dentro de la comunidad?
Patricia Maciel: Ha generado mucho agotamiento. Hay padres que desertaron de la pelea y otros que vamos a seguir.
También vemos familias que terminan cambiando a sus hijos de escuela. Te agotan, sentís que te encierran, que te amenazan, y un padre termina pensando: “Si conmigo hacen esto, ¿qué harán con mi hijo adentro?”.
Es muy triste llegar a eso en una institución que elegiste para educar a tus hijos.
—¿Por qué creen que se llegó a esta situación?
Carolina Bergolo: Para disciplinar. Para enderezar. Es poder.
Nosotras vemos una lógica que se repite y que modifica el espíritu que históricamente tuvo la Gurruchaga.
Pero más allá de todas las interpretaciones, para mí hay algo fundamental: yo a los chicos les creo.
La frase sintetiza el punto desde el cual las madres construyen su reclamo. Más allá de las disputas administrativas, las diferencias con las autoridades y las interpretaciones políticas sobre el proceso, reclaman que el sistema educativo tome seriamente la palabra de los estudiantes cuando describen situaciones que consideran violentas o vulneratorias de sus derechos.
Para ellas, la crisis institucional se profundizó precisamente cuando los adolescentes dejaron de sentirse escuchados por quienes debían contenerlos.
“Vamos a seguir adelante”
—Después de todo lo ocurrido, ¿qué esperan ahora?
Carolina Bergolo: Yo soy médica y, si viene un adolescente y creo que puede estar sufriendo algún tipo de violencia, no puedo esperar a que haga una denuncia. Tengo que accionar yo. Eso es lo que me corresponde desde el punto de vista ético y ni hablar desde el legal.
Eso mismo esperamos de quienes tienen responsabilidades dentro de una escuela.
La conclusión es que vamos a seguir adelante. Hay padres que han desertado y otros que vamos a seguir en la lucha.
—¿Qué debería ocurrir para empezar a cerrar esta crisis?
Patricia Maciel: Primero, escuchar. Escuchar realmente a los chicos y a las familias.
Después investigar lo que pasó y determinar responsabilidades. No queremos que simplemente se cambien personas de lugar y todo continúe como si nada hubiera sucedido.
Queremos recuperar la escuela que elegimos para nuestros hijos.
El apartamiento de los interventores puede significar el final de una etapa, pero difícilmente cierre por sí mismo el conflicto que atraviesa la Escuela Gurruchaga. Las acusaciones expuestas por Bergolo y Maciel son graves y, precisamente por esa gravedad, necesitan una investigación institucional que permita determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades cuando corresponda y garantizar también el derecho de respuesta de las personas señaladas.
Mientras tanto, queda una comunidad educativa atravesada por más de un año de enfrentamientos, estudiantes que decidieron hacer públicas sus experiencias y familias que aseguran haber agotado durante meses las puertas administrativas antes de recurrir a la protesta.
La discusión ya no parece limitarse a quién conduce transitoriamente una escuela. Lo que está en juego, según plantearon las madres en Democráticamente, es qué lugar tienen la palabra de los estudiantes, la participación de las familias y el diálogo dentro de una institución pública que durante décadas construyó buena parte de su identidad alrededor de esos valores.
