La referente nacional de Mumalá, Gabriela Sosa, pasó por el programa Democráticamente apenas unas horas antes de la multitudinaria movilización que volvió a reunir a miles de personas en Rosario y en distintas ciudades del país bajo la consigna Ni Una Menos. En una extensa entrevista, dejó un diagnóstico contundente sobre el momento que atraviesa la lucha contra la violencia de género en Argentina: denunció un fuerte retroceso en las políticas públicas, cuestionó el desmantelamiento de programas nacionales y provinciales, alertó sobre el crecimiento de situaciones de violencia extrema y sostuvo que la falta de inversión estatal ya comienza a reflejarse en consecuencias concretas para las víctimas.
La movilización de este año estuvo atravesada por una sensación que se repitió en distintos puntos del país: la preocupación por la pérdida de herramientas institucionales que durante la última década habían sido incorporadas para prevenir, asistir y acompañar situaciones de violencia de género.
Y fue precisamente sobre ese escenario que Sosa desarrolló gran parte de su análisis.
Once años después, la preocupación es mayor
Para la dirigente feminista, el balance de los once años transcurridos desde aquella primera movilización de Ni Una Menos no es alentador.
Recordó que el movimiento nació luego de una serie de femicidios que conmocionaron a la sociedad argentina, entre ellos el de Chiara Páez en Rufino, un caso que tuvo un enorme impacto en Santa Fe y se convirtió en uno de los símbolos del reclamo colectivo contra la violencia machista.
Sin embargo, sostuvo que hoy el escenario presenta señales preocupantes.
Durante la entrevista mencionó los recientes casos de Agustina, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, de Dulce Candia, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue hallado luego de que su madre la buscara prácticamente sola, y de Noelia, una mujer que había llamado al 911 antes de ser asesinada sin que la intervención estatal lograra evitar el desenlace fatal.
Para Sosa, estos casos reflejan un problema estructural que trasciende hechos aislados.
Números que siguen estremeciendo
Uno de los aspectos más impactantes de la entrevista estuvo vinculado a las estadísticas.
Según explicó la dirigente, los registros elaborados por organizaciones sociales muestran que desde el primer Ni Una Menos hasta la actualidad se contabilizan más de 3.100 víctimas fatales por violencia de género en Argentina.
Solo en lo que va de 2026, Mumalá registra 105 femicidios y travesticidios, además de 402 intentos de femicidio.
La cifra cobra aún mayor dimensión cuando se analiza la frecuencia de los casos: una mujer asesinada cada poco más de un día y medio en el país.
Pero para Sosa existe otro dato que resulta todavía más alarmante.
Actualmente apenas el 9% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra su agresor, cuando años atrás ese porcentaje rondaba el 25%.
La dirigente considera que esta caída evidencia una pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de protección.
El impacto de las políticas nacionales
Buena parte de las críticas de Sosa estuvieron dirigidas hacia el gobierno nacional.
La referente de Mumalá cuestionó la eliminación de programas específicos, la reducción de áreas estatales dedicadas a género y la falta de campañas de sensibilización y capacitación.
Según planteó, cuando el Estado deja de intervenir de manera activa, los efectos comienzan a sentirse rápidamente en distintos ámbitos.
Mencionó especialmente el debilitamiento de la formación para fuerzas de seguridad, personal estatal, operadores judiciales y comunicadores.
A su entender, el problema no es solamente presupuestario. También tiene una dimensión cultural y política. Por eso fue especialmente crítica con los discursos que niegan la existencia de la violencia de género o minimizan su impacto social.
La polémica por las falsas denuncias
Durante la entrevista también se refirió al debate impulsado en los últimos meses por sectores políticos que promueven mayores sanciones vinculadas a falsas denuncias en causas de violencia de género.
Sosa sostuvo que las denuncias falsas existen, pero representan una porción mínima dentro del universo total de causas.
Además recordó que el falso testimonio ya se encuentra tipificado y sancionado por la legislación vigente.
Por eso consideró que impulsar proyectos específicos sobre ese tema responde más a una estrategia política y electoral que a una necesidad real del sistema judicial.
Los medios y la responsabilidad de informar
Otro de los puntos abordados durante la charla tuvo que ver con el tratamiento mediático de los casos de violencia de género.
Sosa cuestionó la difusión de detalles íntimos de las víctimas, la reproducción de prejuicios y determinadas formas de cobertura que terminan revictimizando a mujeres, niñas y adolescentes.
La dirigente sostuvo que el periodismo también requiere formación permanente en perspectiva de género y derechos humanos.
Y advirtió que cuando desaparecen las instancias de capacitación promovidas desde el Estado, esas deficiencias comienzan a hacerse visibles en las prácticas cotidianas de comunicación.
Santa Fe, entre la falta de datos y la pérdida de herramientas
Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo vinculado a la situación provincial.
Sosa cuestionó la decisión de reducir el rango institucional del área de género en Santa Fe, que pasó de Ministerio a Secretaría.
También advirtió sobre la ausencia de estadísticas públicas actualizadas que permitan analizar con precisión la evolución de las distintas formas de violencia en el territorio santafesino.
Según explicó, durante años existieron registros provinciales que permitían identificar problemáticas específicas según cada región de la provincia, información clave para diseñar políticas públicas adaptadas a cada realidad local.
La dirigente considera que hoy esa herramienta prácticamente desapareció.
Y sostiene que sin datos confiables resulta mucho más difícil intervenir de manera eficiente.
El interior santafesino, bajo observación
La referente de Mumalá también puso el foco en una situación que preocupa especialmente a las organizaciones feministas: el crecimiento de casos graves en localidades del interior provincial.
Según explicó, durante años la provincia registró una fuerte incidencia de asesinatos de mujeres vinculados a economías criminales y narcotráfico.
Pero en los últimos tiempos observa un incremento relativo de femicidios cometidos por parejas o exparejas, una dinámica que obliga a replantear estrategias de prevención y asistencia.
Además remarcó la necesidad de fortalecer la presencia territorial del Estado y comprender las particularidades de cada región santafesina para poder actuar de manera más efectiva.
Una movilización que volvió a poner el tema en agenda
Horas después de la entrevista, miles de personas volvieron a movilizarse en Rosario y en distintos puntos del país.
La marcha mostró que, a once años del primer Ni Una Menos, la problemática continúa ocupando un lugar central en la agenda social.
Pero también dejó al descubierto una preocupación creciente entre organizaciones, especialistas y militantes: la sensación de que muchos de los avances logrados durante la última década comienzan a debilitarse.
Y ese fue precisamente el mensaje que Gabriela Sosa intentó dejar antes de la movilización. Que detrás de cada número hay historias concretas, víctimas concretas y responsabilidades concretas. Y que sin políticas públicas sostenidas, sin recursos, sin capacitación y sin compromiso institucional, la violencia de género no desaparece: simplemente se vuelve más difícil de prevenir.
