La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a advertir hoy que los manifestantes que se movilicen el próximo miércoles «no pueden cortar la calle» y señaló que el nuevo protocolo antipiquetes anunciado esta semana prevé que «el que corta la calle no cobra el plan» social.
«El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. «Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden, generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle», afirmó la ministra esta mañana en declaraciones a radio Mitre.
Bullrich advirtió que quienes se movilicen el miércoles -en conmemoración de la protesta social del 20 y 21 de diciembre del 2001- «no pueden cortar la calle» y señaló que «el que corta la calle no cobra el plan».
«El Presidente de la Nación (Javier Milei) lo dijo clarito el día de la asunción, el que corta no cobra el plan. El que no corta va a cobrar el plan, es una situación en la que lo que se busca es orden», sostuvo.
La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) indicó también que las organizaciones que estacionen ilegalmente colectivos o combis en la vía pública «van a tener consecuencias legales y penales» y agregó: «Las va a decidir los jueces y fiscales de acuerdo a las circunstancias».
En esta misma línea, Bullrich aseguró que también estarán en infracción aquellas organizaciones que se movilicen en colectivos escolares: «Un micro escolar no está autorizado a llevar personas mayores», explicó.
Para la jornada del 20, la funcionaria explicó que las fuerzas federales a su cargo trabajarán en conjunto con las de la ciudad de Buenos Aires.
«No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización, es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas», subrayó.
Ante la consulta de si se habilitaría la posibilidad de cortar un carril y dejar otro libre, Bullrich aseveró que «no cortar es no cortar» y añadió: «El objetivo es convencer a loa ciudadanos que tienen un plan que no lo hagan, que lo vamos a avisar de todas maneras, porque estamos en un momento difícil del país».
La funcionaria explicó que desde el ministerio de Capital Humano «se van a ocupar de que las organizaciones que manejan a la gente como ganado se vaya a terminar» e insistió: «Los planes no se van a manejar con intermediarios».
«La gente va a tomar su propia decisión. O me sacan el plan o me quedo en mi casa y sigo trabajando»; concluyó.
Las medidas, punto por punto
. Las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, aseveró Bullrich.
. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. “Si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. Serán determinados los delitos de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales”, explicó.
. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. “Esto quiere decir que si que corta la vía principal, se libera la vía principal. Por que haya una vía alternativa no es que se permite que esa vía principal siga cortada”, sumó.
. Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación.
. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada de acuerdo a la resistencia.
. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este delito.
Serán identificados los vehículos utilizados y sus conductores, se registrarán todos las infracciones administrativas y/o penales existentes y procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.
. Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado -palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos-.
. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. “Sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa”, especificó la ministra de Seguridad a continuación.
. Se dará aviso a un juez competente en caso de haber daño ambiental durante las manifestaciones. “Es algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor”.
. En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven consigo a menores que, en vez de estar en la escuela, estén en un piquete.
. Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos de la misma”, aseveró.
. Para el caso de los extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
. Se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente sean los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones.
. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré.
Con este nuevo protocolo de actuación, el gobierno de Milei busca controlar la calle en ante un verano que, se prevé, «caliente» luego del paquete de reformas económicas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ante este escenario, referentes sociales y sindicalistas han advertido sobre el impacto en los ingresos que ocasionarán las medidas de ajuste implementadas por el gobierno con el objetivo de mitigar el déficit fiscal. Y, además, resaltaron su rechazo al protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad.
