La reforma penal impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro sigue sumando cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos. Pero esta vez las críticas llegaron desde un lugar que, en principio, podría suponerse más cercano al discurso de endurecimiento penal que promueve el oficialismo provincial.
El abogado penalista, convencional constituyente y dirigente de La Libertad Avanza, Froylán Ravenna, pasó por el programa Democráticamente, conducido por Juan Francisco por AGOFA TV, y dejó una extensa serie de definiciones sobre el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo a la Legislatura.
Aunque reconoció que existen aspectos del proyecto que comparte —especialmente aquellos vinculados al endurecimiento del régimen penitenciario, recompensas e intervención territorial contra el delito—, advirtió que varios artículos “son bastante criticables”, cuestionó la falta de debate democrático y apuntó directamente contra el funcionamiento político de Unidos en la Legislatura provincial.
“Hoy la Legislatura provincial funciona medio como una escribanía del Ejecutivo”, afirmó.
“Hay cosas que compartimos, pero otras son muy peligrosas”
Ravenna comenzó explicando que inicialmente el proyecto incluso le generó sorpresa.
“Cuando vi el proyecto pensé: esto podría presentarlo gente de La Libertad Avanza”, le dijo el peridista y el dirigente libertario admitió, rápidamente que la comparación tiene límites importantes.
Reconoció coincidencias con puntos vinculados a: presos de alto perfil; fortalecimiento penitenciario; recompensas; control territorial; y herramientas para combatir estructuras criminales.
Pero al mismo tiempo sostuvo que el texto contiene aspectos que considera “border”, peligrosos o directamente incompatibles con garantías constitucionales básicas.
“Nosotros somos muy respetuosos del Estado de derecho, de la República y del control de las instituciones”, remarcó.
El punto más delicado: inteligencia y espionaje sin control judicial
El eje más duro de las críticas estuvo centrado en las facultades de inteligencia e interceptación de comunicaciones que habilitaría el proyecto.
Ravenna sostuvo que el esquema propuesto deja demasiado margen a posibles arbitrariedades estatales.
“No reniego de la inteligencia. Todas las fuerzas tienen inteligencia. Pero siempre tiene que existir control judicial”, afirmó.
Y fue todavía más lejos: “Que el Ejecutivo haga actos de inteligencia porque sí, porque se le ocurre, me parece oscuro”.
El abogado planteó que dejar abierta la posibilidad de realizar tareas de inteligencia preventiva sin autorización judicial previa genera riesgos para periodistas, abogados, dirigentes políticos y ciudadanos comunes.
“Quedamos todos bajo una mirada sin saber si nos están espiando”, advirtió.
Allanamientos sin orden judicial y policías tomando declaraciones
Otro de los puntos donde marcó fuertes reparos fue en la posibilidad de habilitar allanamientos sin control judicial y ampliar facultades policiales.
Ravenna diferenció casos de flagrancia —que consideró razonables— de mecanismos más amplios como los que aparecen redactados en el proyecto.
“Si secuestro un arma en la vía pública no puede habilitarse automáticamente ingresar a propiedades sin orden judicial”, sostuvo.
También cuestionó el regreso de declaraciones policiales tomadas sin presencia de defensa técnica.
Aunque recordó que eso existía antes de 2014 bajo el viejo sistema inquisitivo, consideró riesgoso reinstalarlo en las condiciones actuales.
“En Estados Unidos esas prácticas existen, pero en lugares controlados, filmados y con policías preparados. Acá dejar eso en una comisaría común me parece muy riesgoso”, explicó.
“Las garantías son para todos”
Uno de los momentos más interesantes apareció cuando Ravenna habló del garantismo y la discusión ideológica.
Pese a definirse como “penalista punitivista” y defensor de políticas fuertes contra el delito, dejó una definición que rompió con varios prejuicios políticos alrededor de La Libertad Avanza. “Las garantías están para todos los ciudadanos”, afirmó.
Incluso relató que diariamente observa situaciones de arbitrariedad estatal. “Lidiar contra un fiscal arbitrario o una persecución arbitraria es muy complejo para cualquier ciudadano”, señaló.
Por eso insistió en que el combate contra el delito no puede eliminar límites constitucionales. “Podemos fortalecer estructuras contra el crimen, pero siempre respetando garantías”, remarcó.
La crítica política más dura: “Se hace lo que quiere el Ejecutivo”
Pero el tramo más político de la entrevista apareció cuando Ravenna habló del funcionamiento institucional de Santa Fe y del rol de Unidos.
Allí fue especialmente crítico. “Las cosas salen como el gobernador las plantea”, afirmó.
El dirigente libertario sostuvo que dentro de Unidos existe una dinámica donde pequeños cambios sirven para contener socios políticos, pero donde finalmente se aprueban las leyes impulsadas por el Ejecutivo casi sin modificaciones profundas.
Y utilizó como ejemplo la reciente reforma constitucional. “Escucharon a muchísima gente, convocaron sectores, pero al final hicieron lo que ya tenían decidido”, sostuvo.
Según Ravenna, el mismo método empieza a repetirse ahora con la reforma penal. “No hay verdadero debate legislativo ni consulta previa”, cuestionó.
La tensión entre política criminal y persecución penal
Ravenna también dejó una diferenciación conceptual importante.
Sostuvo que el Ejecutivo tiene legitimidad para fijar políticas criminales generales, pero no para avanzar sobre las políticas de persecución penal que corresponden al Ministerio Público de la Acusación.
“Cuando el Ejecutivo se quiere meter en las políticas de persecución penal, ahí estamos complicados”, advirtió.
Y describió además un escenario institucional atravesado por fuertes tensiones internas entre: Poder Judicial; Ministerio Público de la Acusación; justicia federal; justicia provincial; y fuerzas políticas.
Para el abogado, esa grieta institucional termina debilitando el sistema de seguridad en lugar de fortalecerlo.
“La reforma podría haber sido mucho mejor”
Sobre el final de la entrevista, Ravenna dejó una conclusión que resume bastante bien toda su posición. Reconoció que Santa Fe necesitaba reformas y modernizaciones institucionales. Pero cuestionó el método político elegido.
“Podría haber salido una Constitución mucho mejor”, dijo sobre la reforma constitucional. Y trasladó esa misma idea al actual debate penal.
Para el dirigente libertario, el problema no pasa únicamente por el contenido del proyecto, sino también por una lógica política donde las mayorías legislativas terminan reemplazando el debate profundo por aprobaciones aceleradas.
Y en medio de una discusión donde muchas veces se intenta simplificar todo en “garantismo” versus “mano dura”, Ravenna dejó una frase que probablemente siga generando ruido: “Fortalecer el combate al delito no puede significar abandonar el Estado de derecho”.
