La historia volvió a repetirse en la Legislatura santafesina. Cuando todo indicaba que el Senado convertiría finalmente en ley el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches y trapitos impulsado por el senador por Rosario Ciro Seisas, el oficialismo volvió a mostrar sus diferencias internas y el tratamiento terminó cayéndose por falta de consenso. La escena no es nueva. En los últimos meses, Unidos ya había exhibido dificultades para construir posiciones comunes en distintos proyectos sensibles y esta vez el conflicto dejó nuevamente al descubierto las distintas miradas que conviven dentro de la coalición gobernante.
Detrás de la postergación no solo aparecen diferencias técnicas sobre el texto de la ley. También asoman disputas políticas que tienen como epicentro a Rosario, donde el socialismo y el espacio del intendente Pablo Javkin mantienen crecientes tensiones sobre el rumbo de la gestión, el perfil de las políticas públicas y el liderazgo dentro de Unidos. A ese escenario se suma el propio pullarismo, que también comenzó a mover sus fichas y deja entrever que la convivencia interna atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Un proyecto que parecía encaminado y volvió a frenarse
Hasta pocas horas antes de la ultima sesión, dentro del oficialismo predominaba la idea de insistir con el texto aprobado originalmente por el Senado, rechazando las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Con la nueva conformación legislativa, la Cámara alta tenía los números para convertir la iniciativa en ley.
Sin embargo, las negociaciones de último momento modificaron completamente el escenario.
La falta de acuerdo entre los propios integrantes de Unidos obligó a retirar el expediente del temario y otorgarle preferencia para una futura sesión, que recién se realizaría después del receso legislativo de julio.
¿Quién debe ordenar la calle?
Aunque la discusión pública suele reducirse a la prohibición o no de los cuidacoches, el verdadero debate es mucho más profundo.
La pregunta de fondo es quién debe intervenir para resolver un fenómeno que combina marginalidad, seguridad, convivencia urbana y conflicto social.
Las posiciones hoy son claramente diferentes.
El proyecto original del Senado, impulsado por Ciro Seisas, proponía incorporar nuevas figuras contravencionales con sanciones que podían llegar incluso al arresto en casos de reincidencia.
La versión aprobada por Diputados modificó sustancialmente ese esquema. Por un lado, limitó las sanciones únicamente a aquellas ciudades que previamente prohíban la actividad mediante ordenanzas locales. Y por otro, trasladó buena parte del control hacia jueces y fiscales específicos, incorporando un enfoque menos punitivo y con mayor intervención judicial.
Pero detrás de esas diferencias jurídicas aparece otra discusión. ¿Debe ser la Policía provincial la encargada de ordenar la calle?. ¿Debe intervenir la Justicia con nuevos órganos especializados?. ¿O corresponde que cada municipio decida cómo administrar un problema que afecta principalmente a sus propios espacios públicos?
Ese interrogante terminó atravesando todo el debate legislativo.
Rosario, donde también se juega la interna
La caída del proyecto también volvió a exponer las tensiones políticas dentro de Unidos.
El proyecto lleva la firma de Ciro Seisas, uno de los dirigentes más cercanos al intendente Pablo Javkin.
Sin embargo, dentro del propio oficialismo comenzaron a aparecer fuertes reparos desde otros sectores, especialmente vinculados al socialismo, que impulsaron cambios importantes cuando el expediente pasó por Diputados.
Las diferencias dejaron de ser exclusivamente legislativas.
En Rosario hace tiempo que conviven distintas miradas sobre el funcionamiento de Unidos, el liderazgo político y el perfil que debe tener la gestión municipal. Y esa discusión parece haber llegado también a la Legislatura.
El pullarismo también mueve sus piezas
La situación se volvió todavía más compleja cuando comenzaron a escucharse voces provenientes del propio gobierno provincial.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, planteó públicamente que cada municipio debería tener autonomía para decidir si prohíbe o no la actividad de los cuidacoches, evitando una aplicación uniforme para toda la provincia.
Las declaraciones sorprendieron porque reabrieron un debate que parecía prácticamente cerrado.
Poco después, el senador radical Esteban Motta defendió el proyecto original aprobado por el Senado y cuestionó especialmente la creación de nuevos juzgados específicos para intervenir en este tipo de infracciones.
«Necesitamos solucionar el problema, pero sin incrementar los costos», sostuvo el legislador al rechazar la propuesta que había incorporado Diputados.
Las posiciones muestran que las diferencias ya no se limitan solamente al eje socialismo-Javkin.
También aparecen distintas sensibilidades dentro del propio radicalismo y del espacio que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.
Una ley cuestionada desde distintos sectores
Mientras el oficialismo no logra definir un texto común, el proyecto continúa recibiendo objeciones desde sectores muy diversos.
Las críticas llegaron desde la Iglesia Católica de Santa Fe, organizaciones vinculadas a los derechos humanos y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que cuestionan el enfoque penal de la iniciativa y advierten sobre el riesgo de criminalizar situaciones de pobreza y exclusión social.
Es poco habitual que un proyecto genere cuestionamientos simultáneos provenientes de sectores religiosos, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos del propio oficialismo.
Esa amplitud de críticas refleja la complejidad del debate.
¿Hasta dónde puede gobernar Unidos con tantas diferencias?
La nueva postergación deja una pregunta política mucho más importante que el propio destino de la ley. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una coalición de gobierno cuando las diferencias ideológicas comienzan a bloquear proyectos impulsados por sus propios dirigentes?
No es la primera vez que Unidos atraviesa dificultades para acordar una posición común. En los últimos meses ya ocurrieron situaciones similares con otras iniciativas relevantes. La ley antitrapitos volvió a mostrar esas tensiones.
Y mientras algunos sectores buscan insistir con el texto original, otros pretenden mantener las modificaciones incorporadas por Diputados. Nadie parece dispuesto a ceder completamente.
El reloj empieza a correr
Ahora el expediente ingresará en un compás de espera. El receso legislativo retrasará cualquier definición hasta fines de julio.
Pero además, la agenda parlamentaria comenzará a concentrarse rápidamente en otro tema de enorme trascendencia: la reforma electoral.
Ese nuevo escenario podría terminar relegando nuevamente el tratamiento de la ley de cuidacoches.
Por eso, en los pasillos de la Legislatura ya comenzó a instalarse una duda que hace apenas algunas semanas parecía impensada. ¿Habrá finalmente una ley antitrapitos o las diferencias internas terminarán sepultando definitivamente uno de los proyectos emblemáticos impulsados por el oficialismo rosarino?
