El intendente de Rosario avanzó por decreto y quitó la obligación de presentar certificaciones de aportes a colegios profesionales para permisos de obra. Mientras desarrolladores celebran la medida, desde el sector profesional advierten sobre posibles desbordes en el control urbano. El trasfondo expone una disputa política que ya venía escalando.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, decidió avanzar con una medida de alto impacto en el sector de la construcción: eliminó por decreto la obligatoriedad de presentar certificaciones de aportes a colegios profesionales para obtener permisos de edificación y finales de obra.
La decisión, que ya está en vigencia, fue rápidamente celebrada por desarrolladores y cámaras empresarias, pero también encendió alarmas en el ámbito profesional, donde advierten que puede profundizar un escenario de descontrol en materia urbana.
Detrás de la medida, además, aparece con claridad una disputa política de fondo: la tensión entre el Ejecutivo municipal y el Colegio de Arquitectos.
Menos trabas, más velocidad
Desde el Palacio de los Leones justifican la decisión en la necesidad de agilizar los trámites y acelerar las inversiones.
El decreto elimina dos requisitos que hasta ahora eran obligatorios: la Certificación de Aportes Preliminares y la Certificación de Aportes Definitivos. A partir de ahora, la relación entre los profesionales y sus colegios queda en el ámbito privado, sin intervención municipal.
La medida se apoya en el nuevo marco de autonomía municipal y en la facultad del Ejecutivo para simplificar procedimientos administrativos. El objetivo, según el oficialismo, es claro: reducir burocracia y hacer más competitiva a Rosario frente a otros destinos de inversión.
El respaldo del sector empresario
Desde la Cámara de la Construcción no tardaron en respaldar la decisión.
“Es una medida muy buena porque acelera los tiempos y genera más trabajo”, señalaron desde el sector, que venía reclamando este cambio desde hace tiempo.
El argumento es concreto: en un mercado inmobiliario cada vez más dinámico, las demoras administrativas se transformaban en un obstáculo para concretar inversiones.
Eliminar ese paso, sostienen, permitirá destrabar proyectos y dinamizar la actividad.
La otra mirada: alerta por el control urbano
Pero del otro lado, la lectura es completamente distinta.
Desde el ámbito profesional advierten que la eliminación de este requisito puede derivar en una pérdida de control sobre los procesos constructivos.
El planteo no es menor: sostienen que ya existen antecedentes de edificios habilitados sin contar con servicios básicos garantizados, lo que pone en riesgo condiciones mínimas de habitabilidad.
En ese marco, alertan que la desregulación puede profundizar esas situaciones y debilitar el rol de los colegios profesionales como garantes técnicos.
Una pelea que viene de antes
La medida no aparece en el vacío.
En las últimas semanas, Javkin ya había elevado el tono contra sectores que —según su mirada— frenan el desarrollo urbano, a los que calificó como el “club de defensores de las ruinas”.
Ese mensaje estuvo dirigido, en gran parte, al Colegio de Arquitectos, que viene cuestionando distintos proyectos urbanísticos en zonas sensibles de la ciudad.
La eliminación del requisito de aportes aparece así como un nuevo capítulo en esa disputa, donde se enfrentan dos visiones: una más orientada a la flexibilización para atraer inversiones y otra centrada en el control y la planificación urbana.
El ruido en el Concejo
Mientras tanto, en los pasillos del Concejo Municipal el tema ya genera comentarios cruzados.
Algunos sectores de la política local hablan de un “momento bisagra” para Rosario, donde el impulso a la construcción se convierte en una de las principales herramientas de dinamización económica.
Otros, en cambio, advierten sobre el riesgo de que la ciudad avance hacia un modelo donde “todo se mide en términos de negocio”, incluyendo el vínculo entre el desarrollo inmobiliario y el financiamiento de la política.
Una decisión que abre un debate más amplio
La eliminación de este requisito no es solo un cambio administrativo.
Es, en los hechos, una definición política sobre cómo debe crecer Rosario: con menos regulaciones para acelerar inversiones o con mayores controles para garantizar estándares urbanos.
En una ciudad donde el desarrollo inmobiliario gana protagonismo, la discusión recién empieza.
Y como en toda disputa de fondo, lo que está en juego no es solo un trámite, sino el modelo de ciudad que se quiere construir.
