Mientras el Senado santafesino ya dio media sanción a la ley que busca regular y sancionar la actividad, el tema continúa empantanado en Diputados. En paralelo, el Concejo Municipal avanza con reuniones ampliadas donde se cruzan miradas políticas, sociales y de seguridad.
El debate sobre los cuidacoches en Rosario está lejos de cerrarse. Por el contrario, suma nuevos capítulos en distintos niveles del Estado.
Por un lado, la Legislatura provincial avanza —aunque con demoras— en el tratamiento de la ley que impulsa el senador Ciro Seisas, ya aprobada en el Senado. Por otro, el Concejo Municipal reactivó el tema con una mesa de trabajo que reúne a concejales, legisladores y actores vinculados a la problemática.
En ese cruce de agendas, aparece una certeza: el fenómeno dejó de ser un tema marginal para convertirse en un eje central de la discusión política.
El Concejo, como caja de resonancia
En el Palacio Vasallo se llevó adelante un nuevo encuentro de la mesa de trabajo sobre cuidacoches, con la participación de concejales de distintos espacios y la presencia de legisladores provinciales.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, destacó la necesidad de ampliar el diálogo y avanzar en una mirada integral, incorporando tanto herramientas de control como políticas sociales.
El objetivo es claro: construir una respuesta que contemple la complejidad del fenómeno, que combina informalidad, conflictividad urbana y situaciones de vulnerabilidad.
La mirada de Seisas: datos y advertencias
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la exposición del senador Ciro Seisas, impulsor del proyecto que ya cuenta con media sanción.
El legislador fue contundente al describir el escenario actual:
“No es normal que haya 16 denuncias por extorsión por día”, advirtió, al tiempo que remarcó que en Rosario se registran más de 1.200 denuncias anuales vinculadas a la actividad.
Según explicó, lo que históricamente era una práctica tolerada socialmente cambió en los últimos años y se transformó en un problema más complejo, con presencia de organizaciones, conflictos territoriales y situaciones de violencia.
En ese marco, defendió la necesidad de una ley que permita dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas concretas para intervenir.
La ley provincial, en pausa
A pesar del avance en el Senado, el proyecto sigue su recorrido en la Cámara de Diputados, donde aún no logró destrabarse.
El diputado Germán Scavuzzo explicó que la iniciativa se encuentra en comisiones y que el tratamiento depende de los tiempos legislativos y de los acuerdos políticos necesarios para su aprobación.
El debate no es menor: existen proyectos similares impulsados por distintos espacios, lo que obliga a construir consensos sobre aspectos clave como la competencia entre provincia y municipios, el esquema de sanciones y el abordaje social.
Entre la sanción y la inclusión
Uno de los puntos en común que atravesó la reunión fue la necesidad de un enfoque integral.
Desde distintos sectores se coincidió en que el problema no puede resolverse únicamente desde lo punitivo.
La concejala María Fernanda Gigliani advirtió que muchas de las personas que ejercen la actividad están en situación de calle o atravesadas por consumos problemáticos, lo que exige políticas de contención.
En la misma línea, otros ediles plantearon la necesidad de articular con áreas de salud mental y desarrollo social, y de generar alternativas laborales para quienes no están vinculados a situaciones de extorsión.
Un problema que no espera
Mientras la discusión política continúa, el fenómeno sigue presente en las calles de Rosario.
El crecimiento de denuncias, la percepción de inseguridad y la falta de un marco normativo claro generan presión para que el tema tenga una resolución.
Desde el oficialismo y la oposición coinciden en que el debate no puede seguir postergándose. Sin embargo, también reconocen que cualquier solución deberá contemplar múltiples dimensiones.
Una discusión que seguirá en dos frentes
Lo que queda claro es que el tema seguirá desarrollándose en paralelo:
- En la Legislatura provincial, donde se definirá el marco general de la ley.
- En el Concejo Municipal, donde deberán establecerse las ordenanzas que regulen su aplicación en Rosario.
El desafío será coordinar ambos niveles para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta efectiva.
En una ciudad donde el problema creció en los últimos años, la discusión ya no es si hay que actuar, sino cómo hacerlo.
Y en esa definición, la política todavía tiene mucho por resolver.
