El Decreto N° 706/2026 que elimina el control sobre los aportes previsionales en trámites de obra sigue generando fuertes repercusiones en Rosario. Mientras el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe cuestiona la legalidad y advierte por el riesgo al sistema jubilatorio, desde la oposición política reclaman que el tema sea debatido en el Concejo Municipal.
La decisión del intendente Pablo Javkin de avanzar con la eliminación de controles sobre los aportes previsionales en obras privadas abrió un conflicto que lejos está de cerrarse.
A más de una semana de su implementación, el Decreto N° 706/2026 sigue sumando cuestionamientos institucionales y políticos, en una discusión que ya trasciende lo administrativo para instalarse en el terreno de la legalidad, el rol del Estado y la protección de derechos laborales.
El eje del conflicto
La medida elimina la exigencia de presentar certificaciones de aportes previsionales como condición para avanzar con permisos de obra, demolición o finales de edificación.
Desde el Ejecutivo municipal, la decisión se inscribe dentro de una política de simplificación administrativa y desregulación, con el objetivo de agilizar inversiones y reducir trámites burocráticos.
Sin embargo, el cambio encendió una fuerte reacción en los colegios profesionales, que advierten sobre las consecuencias de quitar estos controles.
Rosario flexibiliza controles y crece la tensión por la construcción
La respuesta de los arquitectos
El presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Lamberto, fue uno de los más duros en su postura.
“Nuestra jubilación está en riesgo. Sin control no hay aportes, y sin aportes se pone en riesgo todo el sistema previsional”, advirtió.
Desde la institución remarcan que el decreto no elimina la obligación de aportar, pero sí su mecanismo de verificación, lo que en la práctica debilita el sistema.
Además, sostienen que la medida contradice leyes provinciales vigentes que obligan a los organismos públicos a exigir la acreditación de aportes antes de habilitar trámites profesionales.
En ese marco, el Colegio ya analiza acciones legales junto a otras entidades para intentar frenar la aplicación de la norma.
Un planteo de legalidad
El punto más sensible del conflicto es jurídico.
Desde el sector profesional aseguran que un decreto municipal no puede dejar sin efecto obligaciones establecidas por leyes provinciales, lo que abre la puerta a un conflicto de competencias que podría escalar en la Justicia.
“El marco normativo es claro: no es una facultad discrecional, es un deber legal”, señalaron desde el Colegio, al cuestionar la decisión del Ejecutivo local.
La política entra en escena
El conflicto también tuvo una rápida traducción en el plano político.
El concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, recogió el planteo de los colegios profesionales y lanzó duras críticas contra la decisión del intendente.
“Es gravísimo que se deje de exigir los aportes jubilatorios en los trámites de construcción, poniendo en riesgo el sistema previsional de miles de profesionales”, sostuvo.
En esa línea, el edil no solo cuestionó el contenido del decreto, sino también la forma en que fue adoptado.
“No podemos naturalizar los niveles de autoritarismo”, agregó, al tiempo que reclamó que el tema sea debatido en el Concejo Municipal.
Gravísimo: el intendente Pablo Javkin decidió por decreto dejar de exigir los aportes jubilatorios en los trámites de construcción, poniendo en riesgo el sistema previsional de miles de profesionales.
Lo hizo en medio de un conflicto con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de… pic.twitter.com/5KKqm5vIWd
— Juan Monteverde (@juanmonteverde) May 4, 2026
Pedido de intervención del Concejo
Monteverde anunció la presentación de un proyecto para que el cuerpo legislativo local intervenga en la discusión y restituya el sistema anterior.
El planteo apunta a que una decisión de este tipo no sea definida de manera unilateral por el Ejecutivo, sino que pase por el ámbito de debate institucional correspondiente.
Un debate que recién empieza
La polémica por el Decreto N° 706/2026 expone un conflicto de fondo:
- Por un lado, una gestión que apuesta a la desregulación y a la agilización de trámites para fomentar inversiones.
- Por otro, sectores profesionales y políticos que advierten sobre la pérdida de controles y sus consecuencias en el sistema previsional y en la calidad de las obras.
En ese cruce, la discusión recién comienza.
Y todo indica que no se resolverá solo en el plano administrativo, sino también en el político y posiblemente en el judicial.
Porque más allá de un trámite, lo que está en juego es cómo se regula la actividad profesional y qué rol debe tener el Estado en ese proceso.
