El debate por la reforma del Código Procesal Laboral en Santa Fe volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública, pero no por avances legislativos concretos, sino por una tensión que combina presión del sector productivo y diferencias internas dentro del oficialismo que, hasta ahora, impiden una síntesis.
Mientras las entidades empresarias de Rosario y Santa Fe piden celeridad y advierten sobre los costos del actual sistema, en la Legislatura el proyecto sigue empantanado en una discusión política donde radicales y socialistas no logran ponerse de acuerdo en aspectos centrales.
El reclamo empresario: costos, litigiosidad y competitividad
El posicionamiento del sector productivo es claro y, en esta oportunidad, también inusualmente coordinado.
Desde el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe hasta la Red de Instituciones de la Producción de Rosario, el mensaje hacia la Legislatura fue directo: avanzar con la reforma es una necesidad urgente.
“El crecimiento de la litigiosidad laboral genera mayores costos, incertidumbre jurídica y un impacto negativo sobre el empleo formal y la competitividad”, señalaron desde Federación Gremial, Trascender, Foro Regional Rosario y otras entidades.
Los números que exponen son contundentes. Según detallan:
-
Santa Fe registra una alícuota promedio de ART del 4,03%, un 45% por encima del promedio nacional
-
La litigiosidad alcanza niveles que duplican a provincias como Córdoba
-
El sobrecosto anual para el sector productivo ronda los 100 millones de dólares
Para los empresarios, el problema no es menor ni coyuntural. Es estructural.
Por eso, reclaman que el proyecto se trate “de manera urgente y favorable”, al considerarlo una herramienta clave para “construir un entorno laboral más justo, previsible y competitivo”.
Qué propone la reforma: ordenar el sistema sin recortar derechos
Más allá de la discusión política, el proyecto tiene ejes concretos que explican el respaldo empresario.
Entre los principales puntos se destacan:
-
Instancia obligatoria de Comisiones Médicas antes de judicializar reclamos
-
Honorarios periciales desvinculados del monto del juicio, para evitar incentivos distorsivos
-
Creación de un cuerpo de peritos judiciales especializados
-
Limitación de demandas múltiples por un mismo hecho
-
Reducción de plazos para recurrir a la Justicia
Desde el sector productivo insisten en que estas medidas no implican una pérdida de derechos para los trabajadores, sino una reorganización del sistema.
“Apunta a ordenar los procesos judiciales y desalentar prácticas litigiosas que afectan el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo”, remarcaron.
La mirada de los legisladores: coincidencias en el diagnóstico, diferencias en la receta
Donde el debate se traba no es tanto en el diagnóstico, sino en cómo resolverlo.
Desde el radicalismo, uno de los principales impulsores del proyecto es el diputado José Corral, quien planteó con claridad el problema de fondo: “Esto termina siendo una especie de impuesto al trabajo”.
En la misma línea, el diputado Martín Rosúa (UCR) fue aún más gráfico: “El sector privado de Santa Fe está perdiendo 100 millones de dólares anuales en concepto de primas de ART por encima de la media nacional”.
Y agregó un dato clave para entender la discusión: “Tenemos la misma cantidad de siniestros que Córdoba, pero el doble de juicios”.
Para el radicalismo, la reforma apunta a corregir distorsiones que afectan directamente la competitividad.
Sin embargo, dentro del propio oficialismo aparecen matices.
El socialista Mariano Cuvertino coincidió en la necesidad de cambios, pero marcó diferencias en los mecanismos:
“Los honorarios de los auxiliares de justicia no pueden estar determinados por el resultado de la sentencia judicial”.
Una postura que muestra que, si bien hay acuerdos en algunos puntos, el proyecto todavía necesita ajustes para lograr consenso pleno.
Las críticas: el riesgo de mirar solo los números
Desde sectores de la oposición, las objeciones son más profundas.
El diputado Carlos Del Frade fue uno de los más duros al cuestionar la iniciativa: “Se trabaja sobre el epifenómeno, en lugar de centrarse en el núcleo: las condiciones laborales”.
Y fue más allá al plantear una crítica estructural: “En ningún momento se va al problema de fondo, que es cuidar la vida de quien produce la riqueza: el trabajador”.
Estas posiciones reflejan una tensión clásica en este tipo de debates: cómo equilibrar competitividad empresarial con protección laboral.
Un proyecto atrapado en la política
En este escenario, el Código Procesal Laboral se convirtió en algo más que una discusión técnica. Es, en esencia, un reflejo de las dificultades políticas del oficialismo para ordenar su propia agenda.
Radicales empujan la reforma con el respaldo del sector productivo. Socialistas piden revisiones y ajustes. La oposición cuestiona el enfoque de fondo.
Y en el medio, el proyecto sigue sin lograr la síntesis necesaria para avanzar.
Entre la urgencia económica y los tiempos legislativos
El contraste es evidente.
Mientras el sector empresario advierte sobre costos millonarios, pérdida de competitividad y caída del empleo formal, la Legislatura avanza a un ritmo mucho más lento, condicionado por equilibrios políticos internos.
El riesgo, según advierten en el propio ámbito productivo, es que la discusión se dilate hasta perder impacto.
Porque, como suele ocurrir en Santa Fe, el problema no es solo qué se quiere hacer, sino cuándo —y con qué acuerdos— se logra hacerlo.
Y en ese punto, el Código Procesal Laboral sigue siendo una deuda pendiente.
