El proyecto de ley que buscaba prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe, conocido popularmente como el proyecto contra los “trapitos”, finalmente no fue tratado en la sesión del Senado provincial pese a que tenía preferencia parlamentaria para este jueves. La postergación del debate generó malestar en el impulsor de la iniciativa, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, quien había promovido activamente el proyecto y esperaba avanzar con su aprobación en la Cámara Alta.
La iniciativa figuraba en el orden del día de la sesión legislativa y contaba con un acuerdo previo para su tratamiento, pero finalmente los legisladores resolvieron aplazar el debate ante la falta de consensos definitivos sobre algunos puntos del texto.
La decisión sorprendió en los pasillos legislativos y provocó la reacción del senador rosarino, quien se retiró de la sesión visiblemente molesto por la caída del tratamiento de una propuesta que venía siendo ampliamente promocionada en las últimas semanas.
Un proyecto que buscaba prohibir la actividad en toda la provincia
El proyecto presentado por Seisas propone prohibir en todo el territorio santafesino cualquier actividad vinculada al cuidado, administración o reserva informal de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial.
La iniciativa busca incorporar esta prohibición al Código de Faltas provincial, estableciendo sanciones que van desde multas hasta arrestos en casos de reincidencia o cuando la actividad se realice de manera organizada o mediante amenazas.
Según había planteado el propio legislador durante la presentación del proyecto, la normativa apunta a terminar con lo que definió como “una industria del apriete” que en algunos sectores de las ciudades se consolidó con el paso del tiempo.
“Lo que empezó como una changa después de la crisis de 2001 terminó convirtiéndose en otra cosa: disputas territoriales, doble cobro y amenazas”, había señalado el senador al fundamentar su propuesta.
El texto también contempla un componente social a través de la creación de un registro destinado a identificar a personas en situación de vulnerabilidad que actualmente realizan esta actividad, con el objetivo de ofrecerles alternativas de capacitación e inserción laboral.
Falta de acuerdos y debate sobre competencias
Si bien dentro del Senado existe consenso en torno a la necesidad de abordar la problemática de los cuidacoches, el proyecto no logró reunir los acuerdos necesarios para ser votado en esta etapa.
Uno de los puntos que generó mayores discusiones tiene que ver con la competencia para regular la actividad. Algunos legisladores consideran que la cuestión debería quedar bajo la órbita de los municipios, especialmente en el contexto de la reciente reforma constitucional que amplía la autonomía de las ciudades.
Otros sectores entienden que una regulación provincial permitiría establecer un marco uniforme para todo el territorio santafesino.
Ante esa falta de definiciones, los bloques legislativos optaron por postergar el tratamiento del proyecto con el objetivo de profundizar el análisis y alcanzar una redacción consensuada.
El respaldo del intendente Javkin
Tras conocerse la decisión del Senado, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue consultado sobre el tema y expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el senador rosarino.
El jefe del Ejecutivo municipal sostuvo que contar con una ley provincial puede ser una herramienta importante para abordar la problemática, aunque advirtió que la situación requiere una mirada más amplia que combine el aspecto normativo con políticas sociales.
“A veces se cree que con una ley se prohíbe un fenómeno social y desaparece el problema. No es tan simple”, explicó Javkin.
El intendente planteó que en muchos casos la actividad de los cuidacoches se vincula con situaciones de extorsión y con la presencia de grupos organizados, pero también con problemáticas sociales como la situación de calle o el consumo problemático.
“La ley es necesaria porque tenemos situaciones de extorsión y de organizaciones que manejan la actividad. Pero también hay una realidad social que no se puede ignorar”, sostuvo.
Un problema que combina seguridad y cuestión social
Para Javkin, la importancia de una legislación provincial radica en la posibilidad de diferenciar dos fenómenos que conviven en el espacio público: la actividad extorsiva organizada y la situación de personas en extrema vulnerabilidad.
Según estimaciones del municipio, actualmente hay más de 500 personas en situación de calle en Rosario, una realidad que en muchos casos se cruza con la problemática de los cuidacoches.
En ese sentido, el intendente planteó que la normativa debería complementarse con dispositivos sociales y laborales que permitan ofrecer alternativas a quienes hoy dependen de esa actividad para subsistir.
“Estoy a favor de que haya un marco normativo provincial y de que la regla sea la prohibición de una actividad extorsiva. Pero también hay que pensar qué alternativas vamos a ofrecer para quienes hoy están en una situación de vulnerabilidad”, señaló.
Un debate que seguirá en la Legislatura
La postergación del tratamiento del proyecto no implica su archivo definitivo. En el Senado provincial aseguran que la iniciativa volverá a discutirse en las próximas semanas una vez que se logre avanzar en los acuerdos necesarios para su aprobación.
Mientras tanto, el debate sobre los cuidacoches sigue siendo uno de los temas que atraviesa la agenda política de las principales ciudades santafesinas, donde el fenómeno combina reclamos de vecinos por situaciones de extorsión con un escenario social cada vez más complejo.
La discusión legislativa promete continuar en un contexto donde seguridad, regulación del espacio público y políticas sociales aparecen cada vez más entrelazadas.
