En el inicio de 2026, mientras el calendario político empieza a proyectarse hacia los próximos turnos electorales, en Rosario emergió un debate que atraviesa la vida cotidiana de la ciudad: el uso del espacio público y la tensión permanente entre el derecho a la protesta y la libre circulación. En ese escenario, dos flamantes concejales de La Libertad Avanza Samanta Arias y Lautaro Enríquez, pusieron en marcha una iniciativa que replica una de las banderas más visibles del discurso de Patricia Bullrich: la implementación de un protocolo antipiquetes a escala municipal.
La propuesta, presentada en el Concejo Municipal, busca establecer reglas de actuación frente a manifestaciones que impliquen cortes totales o parciales de calles. El proyecto lleva las firmas de los ediles libertarios y propone que Rosario cuente con un esquema normativo propio, inspirado en la resolución nacional que regula la intervención de fuerzas federales ante bloqueos de vías de circulación.
El planteo se inscribe en un contexto urbano particular. Rosario es una ciudad donde históricamente confluyen movilizaciones sindicales, protestas sectoriales, reclamos sociales y manifestaciones políticas. Marchas docentes, concentraciones gremiales, cortes de tránsito y actos multitudinarios forman parte de una dinámica recurrente del espacio público local. Precisamente allí se apoya el argumento central de la iniciativa libertaria: la necesidad de garantizar la circulación sin restringir el derecho a expresarse.
Según el texto ingresado al Palacio Vasallo, el protocolo propone una política de “tolerancia cero” a la obstrucción de la vía pública. La iniciativa considera que impedir la circulación vehicular en calles, avenidas, pasajes, bicisendas o carriles exclusivos del transporte público constituye una falta grave al Código de Convivencia y, además, un delito contemplado en el Código Penal.
El proyecto establece que las manifestaciones deberán desarrollarse exclusivamente sobre veredas, plazas o paseos públicos, respetando la señalización urbana y sin interrumpir el tránsito. Como excepción, contempla situaciones en las que la magnitud de la convocatoria haga imposible la permanencia en las aceras. En esos casos, se habilita la posibilidad de ocupar un carril o media calzada, siempre bajo control de la autoridad municipal y garantizando la fluidez del tránsito en el resto de la arteria.
Uno de los aspectos centrales del esquema propuesto es el rol de los agentes estatales. La iniciativa prevé la actuación coordinada de inspectores municipales de las áreas de Control y Tránsito junto con la policía provincial. Los agentes locales quedarían facultados para intimar a los manifestantes a liberar la calzada o reubicarse en la vereda. En caso de incumplimiento, se solicitaría la intervención policial para el despeje físico de la traza.
El protocolo también incorpora disposiciones vinculadas al orden público y al ambiente. Prohíbe expresamente la quema de neumáticos, plásticos o sustancias tóxicas en la vía pública, habilitando su decomiso y la correspondiente denuncia penal por daño ambiental, independientemente de la existencia de cortes de tránsito.
Desde el bloque libertario, el argumento público apunta a la convivencia urbana. Los concejales sostienen que la iniciativa no cuestiona el derecho a manifestarse, sino las modalidades que afectan la circulación. Bajo esa lógica, plantean la necesidad de “alinear criterios” entre municipio, provincia y Nación en materia de control del espacio público.
La discusión no será menor dentro del Concejo. El proyecto deberá ser tratado en comisiones y, previsiblemente, abrirá un debate político más amplio. En Rosario, donde la protesta callejera ha sido históricamente una herramienta de presión y visibilización, cualquier regulación sobre cortes de tránsito suele generar posiciones encontradas.
El antecedente nacional que inspira la iniciativa agrega otro nivel de complejidad. La Resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, habilitó la intervención de fuerzas federales ante bloqueos de rutas nacionales bajo la figura de delito flagrante. La norma fue cuestionada judicialmente y declarada nula en primera instancia, aunque el fallo no quedó firme.
Ese trasfondo jurídico y político inevitablemente se proyectará sobre la discusión local. El debate rosarino, en definitiva, no gira únicamente en torno a una norma administrativa. Se inserta en una tensión más profunda: cómo equilibrar derechos constitucionales en una ciudad donde la calle es, desde hace décadas, un escenario central de la vida política y social.
Así, el Concejo Municipal se encamina a una discusión que excede lo técnico. La regulación de la protesta, la circulación urbana y el rol del Estado frente a las manifestaciones vuelven a colocarse en el centro de la escena pública rosarina. Un debate que, lejos de agotarse en una ordenanza, remite a una pregunta de fondo sobre el modelo de convivencia que la ciudad busca consolidar.
