Opinión
Perseguir para silenciar; la represión de Pullaro contra la lucha social

Por Cristina Feria *
La persecución judicial contra los dirigentes sindicales y sociales que se manifestaron en Santa Fe contra la reforma previsional del gobierno de Maximiliano Pullaro representa un grave retroceso en los derechos democráticos. La reciente audiencia imputativa, en la que se acusó a estos líderes de delitos vinculados a su participación en las protestas, marca un momento crítico para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en la provincia.
El gobierno de Pullaro, lejos de atender las demandas legítimas de quienes rechazan la reforma previsional, ha optado por criminalizar a los líderes sociales y sindicales que defienden los derechos de los trabajadores y jubilados. La reforma no es una cuestión menor: impacta directamente en la vida de miles de santafesinos, recortando los ingresos de aquellos que han trabajado toda su vida. Frente a esta realidad, la movilización popular surge como una respuesta natural y legítima. Sin embargo, la gestión de Pullaro ha decidido reprimir en lugar de dialogar, utilizando la justicia como una herramienta para amedrentar y castigar.
La audiencia imputativa a estos dirigentes no es un hecho aislado; es parte de una estrategia más amplia de hostigamiento y persecución contra quienes se oponen a las políticas de ajuste. En lugar de fomentar un clima de debate democrático, el gobierno provincial pretende silenciar a los sectores que defienden los derechos conquistados por años de lucha. El uso del aparato judicial para imputar a quienes ejercen su derecho a manifestarse es un ataque directo a las bases de la democracia, que se sustenta en la participación activa de la ciudadanía y en la posibilidad de disentir sin temor a represalias.
Es evidente que esta estrategia de persecución busca no solo castigar a los dirigentes actuales, sino también disuadir a futuros movimientos sociales de alzar la voz. El mensaje es claro: todo aquel que desafíe las políticas de ajuste del gobierno será reprimido, imputado y, eventualmente, castigado. Este tipo de medidas autoritarias tienen el objetivo de debilitar la organización social y consolidar un modelo de gestión que prioriza los intereses económicos por sobre el bienestar de la población.
Es fundamental repudiar estas acciones del gobierno de Pullaro. No podemos permitir que la criminalización de la protesta se normalice en nuestra provincia. La libertad de expresión y el derecho a la movilización son conquistas históricas que no deben ser vulneradas bajo ningún pretexto. Los dirigentes sindicales y sociales perseguidos merecen el apoyo de toda la ciudadanía, ya que su lucha no es solo en defensa de sus propios derechos, sino de los derechos de todos los santafesinos.
El gobierno de Pullaro, al utilizar el aparato judicial como herramienta represiva, demuestra una falta de voluntad para el diálogo y una tendencia preocupante hacia la represión. En lugar de perseguir a quienes se oponen a sus políticas, debería abrir canales de discusión y escuchar las necesidades de los sectores más vulnerables. La reforma previsional no puede ser impuesta a fuerza de judicialización y criminalización de la protesta.
Santa Fe necesita un gobierno que respete la democracia y garantice los derechos de todos sus ciudadanos, no uno que utilice el poder judicial para perseguir y silenciar a quienes defienden los intereses del pueblo. La respuesta debe ser clara y contundente: no a la criminalización de la protesta, no a la persecución de los dirigentes sindicales y sociales, y no a un modelo de gobierno que reprime en lugar de escuchar.
* Cristina Feria
Doctorando en Ciencias Políticas. Magíster en Políticas Públicas. Licenciada. Directora. Educadora