La discusión por la reforma del sistema penal que impulsa el gobierno provincial empezó a salir del terreno estrictamente legislativo para instalarse con fuerza en el debate jurídico e institucional. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que los cambios apuntan a dar respuestas más rápidas frente al delito y fortalecer herramientas para investigar, desde distintos sectores del derecho comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre el alcance real de las modificaciones.
Una de las voces que salió con mayor dureza fue la del presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, quien durante una entrevista en el programa Democráticamente —conducido por Juan Francisco por AGOFA TV— sostuvo que el proyecto enviado por el gobierno provincial representa un cambio profundo del sistema acusatorio vigente y advirtió que puede implicar una reducción de controles institucionales construidos durante décadas.
El penalista aseguró que no se trata de una discusión técnica menor ni de una actualización administrativa del Código Procesal Penal, sino de una redefinición del vínculo entre el Estado y los ciudadanos frente al ejercicio del poder de investigar y castigar.
A continuación, las principales definiciones que dejó durante la entrevista.
— José, después de estudiar el proyecto, ¿cuál es tu conclusión principal?
— La conclusión es preocupante. Lo leí varias veces y cada vez que vuelvo encuentro cosas nuevas. Hay artículos que parecen menores pero cambian completamente la lógica del sistema. Para mí estamos frente a una reforma que implica retroceder aproximadamente cuarenta años en materia procesal penal en Santa Fe.
— ¿Por qué hablás de retroceso y no de modernización?
— Porque el sistema actual nació justamente para limitar el poder del Estado. El Código Procesal Penal vigente fue producto de años de trabajo y de una decisión política de abandonar modelos donde investigar y acusar tenía pocos controles. Lo que veo acá es un fortalecimiento del poder de persecución penal y una reducción de mecanismos de control judicial.
— ¿Dónde ves el principal cambio concreto?
— En el rol del juez. Hoy muchas medidas necesitan intervención judicial previa porque justamente el juez funciona como garantía frente al poder estatal. El proyecto amplía márgenes para investigar, intervenir y avanzar con medidas que antes tenían más controles. Ahí está el problema central.
— Hay sectores que plantean que esas herramientas son necesarias para combatir el delito. ¿Qué respondés?
— Que son discusiones distintas. La seguridad pública no se resuelve modificando un código procesal. El código interviene cuando el delito ya ocurrió. Confundir política criminal con política de seguridad termina generando expectativas falsas.
— Uno de los conceptos que más aparecen es el del garantismo. ¿Se convirtió en una mala palabra?
— Se deformó muchísimo el concepto. Las garantías no son beneficios para delincuentes. Son límites al poder del Estado. Garantía es que no entren a tu casa porque sí. Garantía es que no intervengan tus comunicaciones sin reglas. Garantía es que haya un juez controlando. Eso protege a cualquier ciudadano.
— ¿Sentís que hay una utilización política del tema?
— Sí. Me preocupa que estas discusiones se presenten como si quien cuestiona una reforma estuviera defendiendo delincuentes. No es así. Discutir garantías constitucionales no es estar a favor del delito. Son discusiones institucionales muy profundas.
— También marcaste que el sistema actual costó años construirlo…
— Claro. Este código no apareció de un día para otro. Empezó a discutirse hace más de quince años, tomó experiencias internacionales y recién se implementó en 2014. Hubo participación académica, judicial, política. Por eso sorprende que una reforma tan profunda quiera discutirse en tiempos tan cortos.
— ¿No rescatás nada del proyecto?
— Hay algunas cuestiones puntuales que pueden ser discutibles o incluso mejorables, como algunos mecanismos vinculados a recompensas o procedimientos específicos. Pero el problema no está ahí. El problema está en el núcleo del proyecto.
— Si dependiera de vos, ¿qué debería hacer el gobierno?
— Abrir el debate nuevamente. Convocar especialistas, jueces, fiscales, defensores, universidades. No tirar por la borda un sistema que costó tanto construir. Se puede mejorar, claro. Pero una cosa es corregir y otra muy distinta es cambiar el paradigma.
La entrevista dejó una advertencia que probablemente vuelva a aparecer cuando el proyecto llegue al debate legislativo: para un sector importante del mundo penal santafesino, la discusión ya dejó de ser si el sistema actual necesita cambios. La verdadera discusión pasa por definir hasta dónde está dispuesto el Estado a avanzar para combatir el delito y qué controles institucionales está dispuesto a conservar en el camino.
