El concejal Juan Pedro Aleart exige conocer cuánto cobran los funcionarios y en qué se gasta el presupuesto, en medio de una polémica que expone grietas políticas dentro del Concejo
La discusión por la transparencia en la gestión pública volvió a instalarse con fuerza en Rosario. Esta vez, el disparador fue un pedido de informe presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, que apunta directamente a una deuda que desde hace años se arrastra en la administración local: la falta de publicación actualizada de los salarios de funcionarios y el detalle del gasto público municipal.
El planteo no es nuevo. Pero sí es la primera vez en mucho tiempo que un edil decide formalizarlo en el ámbito institucional, poniendo el foco en un punto sensible de la gestión encabezada por Pablo Javkin.
Ver esta publicación en Instagram
Una obligación que no se cumple
El pedido de informe parte de un dato concreto: desde 2023 no se actualizan en el portal oficial del municipio los sueldos de funcionarios, una obligación establecida por la normativa vigente en materia de transparencia.
La Ordenanza Nº 7.303 establece que la información administrativa y financiera debe ser pública, accesible y actualizada de manera periódica. Sin embargo, en la práctica, ese principio no se estaría cumpliendo.
En ese marco, Aleart solicitó explicaciones formales al Departamento Ejecutivo: razones del incumplimiento, áreas responsables, medidas a adoptar y plazos concretos para regularizar la situación.
El trasfondo es más profundo: no se trata solo de conocer cuánto cobran los funcionarios, sino de poder seguir el destino de los recursos públicos en una ciudad que maneja uno de los presupuestos más importantes del interior del país.
Una respuesta política inesperada
La polémica sumó un capítulo inesperado cuando la concejala María Fernanda Rey decidió publicar su recibo de sueldo, mostrando que percibe más de 5 millones de pesos mensuales.
El gesto, presentado como un acto de transparencia, fue interpretado en distintos sectores políticos como una respuesta directa al planteo de Aleart, pero también como una señal política hacia el interior del Concejo.
No pasó desapercibido que Rey, electa por el peronismo, haya salido a responder en un tono que, para algunos, terminó alineándose con la defensa indirecta de la gestión municipal.
Buen día. Era más fácil que publiques tu acreditación de sueldo, JuanPe! Dato, no relato. Acá va la mía: https://t.co/68uglVS85M pic.twitter.com/XlrzqkvLWQ
— María Fernanda Rey (@MFernandaRey) April 16, 2026
El silencio del resto
Más allá del cruce puntual, el episodio volvió a dejar al descubierto una realidad incómoda: son pocos los concejales que han presentado públicamente sus declaraciones juradas.
La normativa que regula esta obligación en Rosario tiene décadas de vigencia —desde la Ordenanza Nº 1362/1958, con modificaciones posteriores—, pero su cumplimiento efectivo dista de ser generalizado.
En ese contexto, el reclamo por mayor transparencia no solo interpela al Ejecutivo, sino también al propio Concejo Municipal, que debería ejercer un rol activo en el control institucional.
Una discusión que excede los nombres
El debate que se abre no es menor. La transparencia en el manejo de los recursos públicos es uno de los pilares del sistema democrático, y su cumplimiento efectivo no debería depender de la voluntad política del momento.
El pedido de informe presentado por Aleart vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: qué tan accesible es hoy la información pública en Rosario y cuánto se ha avanzado —o retrocedido— en materia de rendición de cuentas.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin poder acceder de manera clara y actualizada a datos clave sobre salarios y gasto público. Y en ese vacío, crecen las sospechas, las tensiones políticas y una pregunta que todavía no tiene respuesta: cuánto cuesta realmente el funcionamiento del Estado local.
