No todas las leyes nacen de una discusión técnica o de una necesidad administrativa. Algunas tienen detrás una historia que interpela a toda la sociedad. La denominada «Ley Ema», sancionada definitivamente por la Legislatura santafesina, es una de ellas. La iniciativa impulsada por la diputada provincial Celia Arena convirtió a Santa Fe en la primera provincia argentina en contar con una legislación específica para prevenir y abordar la violencia digital dentro del ámbito educativo. Pero, detrás del texto aprobado por unanimidad, hubo una construcción colectiva que involucró a la familia de una adolescente, organizaciones especializadas, distintos espacios políticos y un consenso parlamentario poco frecuente en tiempos de fuerte polarización.
Durante una entrevista en el programa Democráticamente, que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, la diputada Celia Arena explicó cómo nació la iniciativa, por qué lleva el nombre de Ema y cuál fue la decisión política que guió todo el proyecto: poner el foco en la prevención y la educación antes que en la penalización. También destacó el papel fundamental que tuvo Laura Sánchez, mamá de Ema, cuya lucha transformó una tragedia personal en una herramienta para proteger a miles de chicos y chicas de toda la provincia.
Una historia que impulsó una ley
La nueva norma crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo, un esquema que alcanzará a todas las escuelas públicas y privadas de Santa Fe y que incorpora herramientas pedagógicas, protocolos de actuación, acompañamiento interdisciplinario y contenidos vinculados a ciudadanía digital, privacidad y consentimiento.
Pero para comprender el sentido de la ley hay que retroceder hasta la historia que le dio nombre. «Ema Bondaruk fue una adolescente de casi 16 años», recordó Arena durante la entrevista.
La legisladora contó que la joven llegó un viernes a la escuela sin imaginar que, durante esa mañana, su vida cambiaría para siempre. Un compañero con quien había mantenido una relación difundió imágenes íntimas sin su consentimiento.
Lo que antes podía quedar reducido al ámbito escolar, hoy, explicó Arena, adquiere una dimensión completamente distinta por el funcionamiento de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. «Hoy en las redes explota y esto en cuestión de muy poco tiempo llega a un montón de gente. Como dice Laura, la mamá de Ema, hay algo que tenemos que internalizar, es muy simple, pero muy profundo: lo virtual es real.»
Cuando la escuela no tenía herramientas
Arena explicó que la institución educativa reaccionó únicamente con una sanción disciplinaria hacia el estudiante que había difundido las imágenes. Sin embargo, no existían herramientas institucionales para acompañar integralmente a la víctima.
«Ema llegó a su casa, lo habló con su mamá y al día siguiente, en un pequeño momento que quedó sola, decidió quitarse la vida», relató la diputada.
La tragedia marcó un antes y un después para su familia. «Laura cuenta que quiso morirse al lado de su hija, que no podía levantarse y que no le interesaba la vida. Pero con el acompañamiento de otras personas entendió el poder que tenía ese dolor transformado en una acción concreta», recordó Arena.
Ese proceso dio origen a la denominada Guía EMA, elaborada junto a organizaciones especializadas y utilizada como uno de los principales insumos para la construcción del proyecto legislativo.
Una ley construida con quienes atravesaron el problema
Arena destacó que el proyecto nunca fue pensado únicamente desde un despacho legislativo.
La iniciativa fue elaborada junto a Laura Sánchez, mamá de Ema, organizaciones como Faro Digital, el Colectivo Ley Olimpia y Defensoras Digitales, además de especialistas que desde hace años trabajan sobre violencia digital y ciudadanía en entornos virtuales.
«Trabajamos mucho esta ley con Laura Sánchez, que es la mamá de Ema», afirmó. Y explicó que el objetivo siempre fue brindar herramientas concretas para que las escuelas sepan cómo actuar cuando aparecen estas situaciones. La norma no se limita a describir un problema.
Busca generar protocolos, capacitación docente, acompañamiento psicológico y contenidos educativos que permitan prevenir nuevos casos.
Una decisión política: apostar a la prevención
Uno de los aspectos que Arena remarcó durante toda la entrevista fue el enfoque elegido. La ley no busca criminalizar el uso de la tecnología ni convertir cada conflicto digital en un expediente judicial.
«No se trata de demonizar la tecnología ni las pantallas. Muy por el contrario, se trata de integrarlas a nuestra vida de una manera sana y entender que en su manejo hay una responsabilidad muy grande que todos tenemos«, sostuvo.
Consultada sobre si la norma prioriza las sanciones o la prevención, la respuesta fue contundente. «El proyecto y la ley tienen foco en la prevención, en incorporar estos contenidos, en formar ciudadanos y ciudadanas digitales responsables. No en la penalización«, afirmó.
La diputada aclaró que las cuestiones penales requieren otro tipo de legislación, como ocurre con el proyecto nacional conocido como Ley Belén, actualmente sin avances en el Congreso de la Nación.
Una ley votada por unanimidad
Más allá del contenido de la norma, Arena hizo especial hincapié en el modo en que fue construida.
En tiempos donde gran parte del debate político suele quedar atrapado por la confrontación partidaria, la legisladora destacó que la Ley Ema logró atravesar todas las diferencias.
«El grado de madurez para que haya sido votada por unanimidad es muy grande. Fue un trabajo transversal entre todas las fuerzas políticas y también con el Poder Ejecutivo«, señaló.
Para Arena, ese aspecto resulta tan importante como el contenido de la ley. Explicó que una norma aprobada sin la participación de quienes luego deberán implementarla corre el riesgo de transformarse en una simple declaración de intenciones.
Por eso valoró especialmente el trabajo conjunto entre la Legislatura y el Ejecutivo provincial. «La trabajamos con el Poder Ejecutivo, que ya viene desarrollando acciones en este sentido. Si no, una ley puede terminar siendo letra muerta», sostuvo.
La primera provincia del país
Con la sanción definitiva, Santa Fe se convirtió en la primera jurisdicción argentina en contar con una legislación específica para abordar la violencia digital dentro del sistema educativo.
La norma incorpora expresamente fenómenos relativamente nuevos, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el hostigamiento digital, la suplantación de identidad, la extorsión mediante contenidos privados y la utilización de inteligencia artificial para crear imágenes falsas o manipular contenidos.
También obliga a incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, privacidad y consentimiento en los programas educativos, además de garantizar asistencia psicológica, pedagógica y legal para las víctimas.
Cuando la política logra responder a un problema real
Durante la entrevista, Arena realizó una reflexión que trasciende el contenido específico de la ley. Reconoció que muchas veces la ciudadanía observa la política únicamente desde la lógica de las disputas partidarias. «Generalmente la política aparece asociada a la rosca, a los intereses de un sector contra otro», señaló.
Pero sostuvo que la Ley Ema demuestra que también existe otra forma de hacer política cuando el objetivo consiste en resolver problemas concretos que afectan la vida cotidiana de las personas.
Una ley que mira hacia adelante
La tecnología seguirá evolucionando. Las redes sociales, la inteligencia artificial y las nuevas formas de interacción continuarán planteando desafíos que probablemente obliguen a actualizar nuevamente las herramientas legales.
La propia Arena reconoció que muchas veces la innovación tecnológica avanza más rápido que la capacidad de los Estados para regularla.
Por eso consideró indispensable que las escuelas comiencen a trabajar desde ahora en la formación de ciudadanos digitales responsables. Porque el objetivo no consiste en prohibir las pantallas ni en generar miedo frente a la tecnología. Consiste en enseñar a convivir con ella. Y en construir herramientas para que ninguna otra familia tenga que atravesar una tragedia como la que dio origen a la Ley Ema.
Santa Fe decidió convertir ese aprendizaje en una política pública. Y lo hizo con una ley que no nació únicamente de un proyecto legislativo. Nació del compromiso de una madre que transformó el dolor en acción, de una dirigenta que supo escuchar esa demanda y de una Legislatura que, por una vez, encontró en el consenso una respuesta para un problema que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de adolescentes santafesinos.
