En menos de un año, dos dirigentes radicales impulsaron iniciativas prácticamente simultáneas para abordar los denominados «discursos de odio». Uno lo hizo desde la Legislatura provincial y el otro desde el Concejo Municipal de Rosario. El primero fue el senador Felipe Michlig, cuyo proyecto ya obtuvo media sanción y actualmente espera su tratamiento en la Cámara de Diputados. El segundo fue el concejal Damián Pullaro, quien presentó una ordenanza que todavía atraviesa el debate en comisiones del Palacio Vasallo. Aunque ambas propuestas parten de un diagnóstico similar y comparten buena parte de sus fundamentos, la diferencia entre una y otra es mucho más profunda de lo que parece. Mientras la iniciativa provincial incorpora sanciones económicas al Código de Convivencia, la ordenanza rosarina se concentra principalmente en políticas públicas de prevención, sensibilización y promoción de la convivencia democrática.
La comparación resulta especialmente relevante porque ambas iniciativas llegan en un contexto donde comenzaron a escucharse cuestionamientos de periodistas, juristas y dirigentes políticos que advierten sobre un posible riesgo para la libertad de expresión. Las críticas apuntan principalmente a la amplitud de la definición de «discurso de odio» y al margen de interpretación que podrían tener futuras autoridades para determinar qué expresiones resultan sancionables. En ese escenario, conocer exactamente qué propone cada proyecto se vuelve indispensable para comprender el verdadero alcance del debate.
Dos radicales, una misma preocupación
No deja de llamar la atención que las dos iniciativas provengan de dirigentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical. Felipe Michlig presentó el proyecto en el Senado provincial. Damián Pullaro hizo lo propio en el Concejo Municipal de Rosario.
Ambos parten de un diagnóstico común: el crecimiento de expresiones discriminatorias, violentas o excluyentes tanto en espacios físicos como en entornos digitales, y la necesidad de que el Estado promueva políticas para fortalecer la convivencia democrática.
También coinciden en tomar como referencia la Ley Nacional Antidiscriminatoria, los tratados internacionales sobre derechos humanos y definiciones utilizadas por Naciones Unidas respecto de los discursos de odio. Sin embargo, las similitudes prácticamente terminan allí.
La principal diferencia: una sanciona y la otra previene
La mayor distancia entre ambos textos aparece en las consecuencias jurídicas.
El proyecto provincial
La iniciativa impulsada por Michlig incorpora una nueva figura al Código de Convivencia de Santa Fe.
Quien incurra en una conducta considerada «discurso de odio» podrá ser sancionado con multas de hasta 60 Jus, con posibilidad de reemplazar esa sanción por cursos obligatorios de abordaje interdisciplinario. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura. Es decir, crea una consecuencia concreta para quienes sean alcanzados por la norma.
El proyecto rosarino
La ordenanza presentada por Damián Pullaro no incorpora nuevas sanciones.
Declara a Rosario como «Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio» y encomienda al Municipio desarrollar campañas educativas, acciones territoriales, promoción de buenas prácticas digitales, recuperación de espacios públicos afectados por expresiones discriminatorias y articulación con universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Posteriormente, durante el tratamiento en comisión, se agregó un artículo aclarando que la ordenanza no crea un nuevo régimen sancionatorio, sino que complementa la normativa antidiscriminatoria ya existente en Rosario y articula su aplicación con la Guardia Urbana, la Oficina de Derechos Humanos y la Inspección General.
Esa incorporación constituye una de las principales diferencias respecto del proyecto provincial.
La definición de «discurso de odio»: parecidas, pero no idénticas
Ambos textos utilizan definiciones muy similares.
Los dos consideran alcanzadas expresiones orales, escritas, simbólicas o digitales dirigidas contra personas o grupos por razones vinculadas a identidad, religión, orientación sexual, discapacidad, condición socioeconómica y otras características personales. No obstante, existe una diferencia importante.
El proyecto de Michlig incorpora expresamente conceptos como «naturalizar» y «menosprecio», ampliando el universo de conductas alcanzadas.
El texto rosarino utiliza una fórmula más acotada y refiere únicamente a expresiones que promuevan, inciten o justifiquen la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Aunque la diferencia parezca menor, desde el punto de vista jurídico modifica el alcance interpretativo de ambas iniciativas.
¿Por qué aparecen las críticas?
Las objeciones que comenzaron a escucharse no discuten necesariamente el objetivo de combatir la discriminación. El cuestionamiento apunta a otro aspecto.
Diversos sectores advierten que conceptos como «hostilidad», «menosprecio», «naturalizar» o incluso «promover» pueden admitir interpretaciones muy amplias. Esa amplitud abre una pregunta central. ¿Quién determinará cuándo una expresión constituye un verdadero discurso de odio y cuándo sigue siendo una opinión protegida por la Constitución?
Es precisamente sobre ese punto donde aparecen los mayores reparos de periodistas, constitucionalistas y dirigentes opositores.
El periodismo, bajo la lupa
Uno de los sectores que observa con mayor atención estos proyectos es el periodismo.
La actividad informativa reproduce diariamente declaraciones polémicas, investiga organizaciones extremistas, informa sobre conflictos y muchas veces publica expresiones discriminatorias precisamente para denunciarlas.
La preocupación consiste en determinar si un funcionario podría interpretar que citar una declaración constituye «promover» esa conducta.
Los textos no incorporan una cláusula específica que excluya expresamente la actividad periodística de buena fe. Esa ausencia comenzó a generar preocupación entre distintos actores vinculados a la comunicación pública.
También la oposición plantea dudas
Las críticas tampoco se limitan al ámbito periodístico. Diversos dirigentes políticos advierten que futuras administraciones podrían utilizar este tipo de normas para judicializar discusiones políticas intensas o sancionar expresiones dirigidas contra gobiernos de turno.
No se trata de afirmar que ese será necesariamente el resultado. Pero sí de recordar que las leyes sobreviven a quienes las impulsan. Una facultad otorgada hoy permanecerá vigente cuando cambien los gobiernos. Por eso muchos especialistas sostienen que las normas deben diseñarse pensando también en escenarios futuros.
Lo positivo que aportan ambas iniciativas
Más allá de las controversias, ambos proyectos contienen aspectos valorados incluso por quienes mantienen reparos.
Entre ellos:
- Promueven campañas permanentes de sensibilización.
- Buscan fortalecer políticas de inclusión y convivencia democrática.
- Favorecen el trabajo conjunto entre Estado, universidades y organizaciones sociales.
- Intentan prevenir situaciones de discriminación antes de que deriven en hechos de violencia.
- Ponen el foco en los entornos digitales, donde este tipo de expresiones se multiplican con rapidez.
En ese aspecto, el consenso político parece bastante amplio.
El verdadero debate todavía no empezó
El problema no parece estar en el objetivo. Combatir la discriminación constituye una obligación democrática.
La discusión aparece cuando el Estado comienza a definir cuáles expresiones podrán ser consideradas sancionables y cuáles seguirán protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Ese equilibrio nunca resulta sencillo.
Dos caminos distintos para un mismo problema
La comparación deja una conclusión clara. El proyecto provincial impulsado por Felipe Michlig apuesta a un modelo que combina prevención con un nuevo régimen de sanciones incorporado al Código de Convivencia.
La iniciativa de Damián Pullaro, en cambio, se orienta principalmente hacia políticas educativas, campañas de concientización y fortalecimiento institucional, evitando crear nuevas infracciones y aclarando que complementa el régimen antidiscriminatorio ya vigente en Rosario. La diferencia no es menor.
Porque mientras una norma podría derivar directamente en multas económicas para quienes sean considerados responsables de un discurso de odio, la otra busca intervenir desde la prevención y la promoción de la convivencia.
Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá definir el futuro del proyecto provincial. Y, en paralelo, el Concejo Municipal continuará discutiendo la propuesta rosarina.
Ambos debates tienen un punto en común: encontrar un equilibrio entre la protección frente a la discriminación y la preservación de uno de los derechos más sensibles de cualquier democracia, la libertad de expresar ideas, incluso cuando resulten incómodas.
