El Concejo Municipal de Rosario aprobó una iniciativa para incorporar en el ámbito local los lineamientos, contenidos y materiales de formación previstos por la Ley Ema, la normativa santafesina que estableció un sistema integral para prevenir y abordar situaciones de violencia digital en el ámbito educativo. La concejala justicialista Majo Poncino destacó la decisión y sostuvo que el objetivo es transformar las herramientas existentes en políticas concretas de prevención, capacitación y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes.
La aprobación incorpora a la agenda municipal una problemática que adquirió una dimensión creciente con el uso cotidiano de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos tecnológicos entre los más jóvenes.
“La violencia digital deja marcas reales en los cuerpos y en las vidas de nuestras pibas y nuestros pibes”, advirtió Poncino.
En ese sentido, la edila explicó que la decisión del Concejo busca involucrar directamente al municipio utilizando las herramientas y competencias que ya tiene a disposición.
“Lo que aprobamos es que el Estado municipal se haga cargo con lo que tiene: capacitación docente, protocolos en las escuelas y contenidos de ciudadanía digital”, señaló.
Una ley que nació después del caso de Ema Bondaruk
La normativa lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de la difusión sin su consentimiento de videos íntimos entre estudiantes de su escuela.
A partir de ese caso comenzó un proceso que derivó en la sanción de una legislación provincial destinada a generar herramientas específicas frente a situaciones de violencia ejercidas o amplificadas a través de las nuevas tecnologías.
La Ley Ema define como violencia digital aquellas conductas cometidas, instigadas o agravadas mediante tecnologías de la información y la comunicación que puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales.
Dentro de esas situaciones se encuentra la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, una problemática que puede adquirir rápidamente una dimensión difícil de controlar por la velocidad con la que circulan los contenidos digitales.
Para Poncino, la respuesta no puede limitarse a actuar una vez producido el daño, sino que requiere prevención, formación y protocolos que permitan intervenir frente a estas situaciones.
“Rosario no se podía quedar afuera”
La concejala vinculó la adhesión con otras políticas desarrolladas anteriormente por Rosario para proteger a niños y adolescentes frente a diferentes formas de violencia.
“Santa Fe es la primera provincia del país con un sistema integral contra la violencia digital en las escuelas, y Rosario no se podía quedar afuera”, sostuvo.
Poncino recordó, en ese sentido, antecedentes como el Plan de Prevención del Grooming y la adhesión municipal a la Ley Micaela.
“No es la primera vez: nuestra ciudad ya tiene el Plan de Prevención del Grooming y adhirió a la Ley Micaela. Cada vez que hubo que abrir camino en la protección de las infancias y adolescencias, nuestra ciudad estuvo adelante”, afirmó la edila justicialista.
La intención es que los principios establecidos por la legislación provincial puedan trasladarse a acciones concretas desde el Estado local, particularmente en materia de capacitación, prevención y construcción de ciudadanía digital.
El rol de la madre de Ema para transformar el dolor en una política pública
Durante el proceso de tratamiento de la iniciativa, Laura Sánchez, madre de Ema, participó de un encuentro con concejalas y concejales en el Palacio Vasallo.
Poncino puso especialmente en valor su participación tanto en el camino que llevó a la sanción de la normativa provincial como en la posterior discusión para incorporar sus lineamientos en Rosario.
“Laura transformó el dolor más grande que puede atravesar una madre en una lucha colectiva. Esa es una senda que en la Argentina abrieron las Madres, y que las mujeres de nuestro pueblo siguen recorriendo todos los días”, expresó.
La concejala relacionó esa experiencia con otras luchas protagonizadas por familiares y organizaciones que, después de atravesar situaciones traumáticas, comenzaron a reclamar respuestas institucionales.
“Las que pelean por justicia después de una tragedia vial, las que enfrentan a los narcos en los barrios, las que sostienen a las víctimas de todas las violencias. Donde el Estado llega tarde o no llega, siempre hay una mujer organizando para que a otras familias no les pase lo mismo”, sostuvo.
“Nuestra tarea es que esa lucha se convierta en política pública”
Para Poncino, la aprobación en el Concejo implica precisamente trasladar una demanda surgida de una experiencia personal y familiar hacia una respuesta institucional que pueda alcanzar al conjunto de la sociedad.
“Nuestra tarea, desde las bancas, es que esa lucha se convierta en política pública”, afirmó.
La adhesión busca que Rosario pueda incorporar herramientas para que docentes, instituciones y organismos municipales tengan mayores capacidades para prevenir, identificar y abordar episodios de violencia digital.
El desafío, según el planteo que acompañó la aprobación, pasa también por trabajar sobre el uso responsable de las tecnologías y generar conciencia entre los propios estudiantes acerca de las consecuencias que determinadas acciones realizadas en el ámbito digital pueden producir sobre otras personas.
En ese marco, la iniciativa apunta a que la problemática deje de ser abordada exclusivamente cuando aparece un caso concreto y pase a formar parte de las políticas preventivas vinculadas con las infancias y adolescencias.
Prevenir antes de que el daño sea irreversible
La incorporación de los lineamientos de la Ley Ema plantea, de fondo, una discusión sobre cómo deben responder las instituciones frente a formas de violencia que exceden las paredes de una escuela y pueden continuar durante las 24 horas a través de un teléfono celular o una red social.
La circulación de material íntimo sin consentimiento, el hostigamiento y otras prácticas digitales pueden trasladar los conflictos escolares a ámbitos donde resulta más difícil establecer límites y detener su propagación.
Por eso, desde el Concejo buscan sumar herramientas para actuar antes de que esas situaciones alcancen consecuencias irreversibles.
Para Poncino, la responsabilidad estatal consiste justamente en transformar el aprendizaje que dejó el caso de Ema en mecanismos permanentes de prevención y acompañamiento.
Con la aprobación de la iniciativa, Rosario incorpora los principios de una normativa que nació a partir de una tragedia y que ahora busca construir respuestas para evitar que otros adolescentes atraviesen situaciones similares. El objetivo que sintetiza el planteo de la concejala es claro: que frente a la violencia digital exista prevención, acompañamiento y presencia estatal, y que “ninguna chica sienta que no hay salida”.
