El concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto de ordenanza para crear un Régimen de Alquiler Social destinado a personas y familias que encuentran dificultades para acceder al mercado formal o se encuentran en riesgo de perder su vivienda. La iniciativa propone además aprovechar inmuebles ociosos, vacantes, subutilizados o decomisados para ampliar la oferta habitacional y plantea utilizar como primera experiencia un edificio recuperado por el Estado provincial en el centro de la ciudad.
La propuesta pone nuevamente en discusión el rol del Estado frente a la problemática habitacional de Rosario y parte de un diagnóstico planteado por el edil: el crecimiento de la construcción y de los desarrollos inmobiliarios no necesariamente se tradujo en mayores posibilidades de acceso a una vivienda para los sectores de ingresos medios y bajos.
Como caso concreto, Caruana señaló el inmueble ubicado en Buenos Aires 1063, un edificio de tres pisos y 27 departamentos que fue decomisado por el Gobierno de Santa Fe en el marco de una causa de fraude inmobiliario.
Para el concejal, las características del lugar permitirían avanzar con una experiencia piloto antes de extender el régimen a otros inmuebles de la ciudad.
“Por la ubicación estratégica del inmueble, en una zona de inmejorable conectividad y servicios, presenta una excelente oportunidad para implementar una prueba piloto de un régimen que priorice a personas y familias con dificultades para sostener un alquiler”, sostuvo Caruana.
Un edificio decomisado como prueba piloto
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la posibilidad de otorgar una función habitacional a propiedades que se encuentran en manos del Estado o que actualmente no cumplen plenamente esa finalidad.
En ese esquema aparece el edificio de Buenos Aires 1063. La propuesta de Caruana es que sus 27 departamentos puedan convertirse en el punto de partida de una política municipal de alquiler social.
El edil vinculó esta alternativa con la situación general de la vivienda en Rosario y advirtió que el incremento de los emprendimientos privados no logró resolver por sí mismo las dificultades habitacionales.
“El déficit habitacional de la ciudad no se ha podido resolver con el incremento de la superficie construida, cada vez se autorizan más desarrollos inmobiliarios pero ello no impacta en las posibilidades de acceso de los sectores de ingresos medios y bajos”, afirmó.
El planteo introduce así un debate sobre la relación entre crecimiento inmobiliario y acceso efectivo a la vivienda, especialmente para aquellos hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para cumplir con las condiciones exigidas dentro del mercado tradicional.
“La vivienda no puede quedar exclusivamente sujeta a las reglas del mercado”
El proyecto propone establecer contratos formales de alquiler dentro de un régimen específico orientado a hogares que presentan dificultades habitacionales.
Caruana fundamentó la intervención estatal en la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia de las familias en la ciudad.
“El acceso a una vivienda adecuada no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado. El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan garantizar el derecho a la vivienda y la permanencia de las familias en la ciudad”, sostuvo el concejal del Frente Amplio por la Soberanía.
La iniciativa no plantea únicamente atender situaciones de emergencia, sino construir un mecanismo permanente que permita incorporar viviendas y establecer herramientas específicas para facilitar el alquiler formal.
Quiénes tendrían prioridad
De acuerdo con la propuesta presentada en el Concejo, el Régimen de Alquiler Social deberá priorizar a quienes tengan mayores dificultades para ingresar o permanecer dentro del mercado formal.
Entre los potenciales beneficiarios aparecen personas y familias con problemas para acceder a un alquiler, inquilinos en riesgo de desalojo, adultos mayores y familias monoparentales.
También contempla especialmente a hogares con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos atravesados por situaciones de vulnerabilidad habitacional.
Otro de los puntos previstos es la implementación de un sistema específico de garantías, uno de los obstáculos que habitualmente enfrentan quienes buscan alquilar una vivienda.
El objetivo es que estas herramientas permitan ampliar las posibilidades de acceso y, paralelamente, generar condiciones para incorporar una mayor cantidad de propiedades al régimen.
Utilizar propiedades ociosas, decomisadas o subutilizadas
La ordenanza propuesta por Caruana plantea que el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat sea la autoridad encargada de implementar la política.
Entre sus objetivos estará promover el aprovechamiento de inmuebles ociosos, decomisados, vacantes o subutilizados que puedan incorporarse al sistema.
Este punto constituye uno de los componentes políticos centrales de la iniciativa: utilizar patrimonio disponible para generar nuevas alternativas habitacionales antes que limitar la respuesta exclusivamente a la construcción de viviendas.
La experiencia de Buenos Aires 1063 funcionaría, bajo esta lógica, como un primer caso para evaluar el funcionamiento del modelo y sus posibilidades de aplicación en otros puntos de Rosario.
Una mesa permanente para discutir la problemática habitacional
El proyecto incorpora además una instancia de participación de diferentes sectores relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano.
Caruana propone conformar una mesa de consulta permanente de la que participen la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales, cooperativas de vivienda, organizaciones sociales y otros actores vinculados con la problemática habitacional.
La intención es que este ámbito permita analizar el funcionamiento del régimen, incorporar propuestas y discutir alternativas frente a las dificultades de acceso a la vivienda.
Con la presentación de la iniciativa, el Frente Amplio por la Soberanía busca instalar en el Concejo una discusión que excede el caso particular del edificio decomisado y alcanza al modelo habitacional de Rosario.
Para Caruana, el crecimiento de la superficie construida no resulta suficiente si una parte de la población continúa encontrando barreras para acceder a esas viviendas. Su propuesta apunta, por eso, a incorporar al municipio como un actor activo dentro de la política de alquileres, utilizando propiedades disponibles y generando instrumentos específicos para aquellos sectores que hoy encuentran mayores dificultades para conseguir o conservar un lugar donde vivir.
