La concejala rosarina Fernanda Gigliani volvió a reclamar la derogación del decreto de la Municipalidad de Rosario que eliminó la obligatoriedad de presentar la acreditación del pago de aportes a los colegios profesionales como requisito para obtener permisos de edificación y finales de obra. La edila de Iniciativa Popular acompañó este jueves la movilización realizada frente al Palacio Municipal por arquitectos, ingenieros y otros profesionales que cuestionan los alcances de la medida.
Gigliani planteó diferencias con la decisión adoptada por la administración del intendente Pablo Javkin y advirtió que, bajo el argumento de avanzar hacia una simplificación administrativa, se están eliminando mecanismos que hasta ahora permitían verificar determinadas condiciones para el ejercicio profesional y la ejecución de obras particulares en Rosario.
“La medida va en contra del resguardo de legalidad, el control administrativo y la seguridad del sistema de ejecución de obras particulares en la ciudad”, sostuvo la concejala.
El planteo se produce en medio del reclamo de diferentes sectores profesionales, que consideran que la modificación dispuesta por el Ejecutivo municipal elimina un requisito relevante dentro del circuito de autorización y finalización de las obras.
Gigliani acompañó la protesta de los profesionales
La concejala participó de la movilización que arquitectos, ingenieros y representantes de distintos sectores profesionales realizaron frente a la Municipalidad para manifestar su rechazo a la decisión.
El eje de la controversia está puesto en el decreto que exime de la obligación de acreditar el pago de aportes a los respectivos colegios profesionales para tramitar permisos de edificación y finales de obra.
Mientras desde la administración municipal la medida se inscribe en una política de simplificación de trámites, Gigliani cuestionó esa interpretación y sostuvo que las certificaciones cumplían una función que excedía una exigencia meramente administrativa.
“Contrariamente a lo que plantea el intendente Pablo Javkin, las certificaciones no constituyen una mera carga burocrática, sino una herramienta institucional clave para garantizar que los profesionales intervinientes se encuentren debidamente matriculados, habilitados y sin sanciones, resguardando así la legalidad del ejercicio profesional”, afirmó.
De esta manera, la edila trasladó la discusión desde el terreno de la desburocratización hacia el de los controles que debe ejercer el Estado sobre las obras particulares.
El debate sobre el poder de control del municipio
Para Gigliani, uno de los principales problemas de la modificación es el impacto que puede tener sobre la capacidad municipal para verificar el cumplimiento de las obligaciones vigentes.
La concejala considera que eliminar estas exigencias debilita los mecanismos de control administrativo y el poder de policía que tiene el municipio en materia edilicia.
Desde esa perspectiva, sostuvo que una política destinada a agilizar trámites no debería implicar la supresión de herramientas que, según argumentó, permiten acreditar la situación de quienes intervienen profesionalmente en una obra.
“La simplificación administrativa no puede justificar la eliminación de controles sustanciales, especialmente cuando estos cumplen funciones de resguardo institucional, previsional y de legalidad”, planteó Gigliani.
El cuestionamiento apunta así al criterio utilizado por el Ejecutivo para definir qué exigencias pueden ser eliminadas en nombre de una administración más ágil y cuáles deben conservarse por la función de control que desempeñan.
La discusión detrás de la desburocratización
La posición de Gigliani abre una discusión política más amplia sobre los procesos de simplificación administrativa que viene impulsando el municipio.
La concejala no cuestionó la necesidad de facilitar trámites, pero planteó que existe una diferencia entre eliminar exigencias que resultan innecesarias y retirar certificaciones que cumplen una función dentro del sistema de control profesional.
Los representantes del sector que se movilizaron sostienen una posición similar y advierten que la eliminación del requisito puede significar una pérdida de control institucional en el proceso de autorización de obras.
Para Gigliani, la certificación permitía comprobar que los profesionales responsables estuvieran matriculados, habilitados y en condiciones de ejercer, por lo que su eliminación no debería analizarse exclusivamente como la supresión de un paso burocrático.
Un conflicto que podría generar nuevas dificultades
La edila advirtió además sobre las consecuencias que podría generar la decisión municipal en la relación entre los profesionales y sus respectivos colegios.
Según señaló, la eliminación de este mecanismo podría llevar a que las entidades profesionales adopten otras medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones existentes.
En ese escenario, Gigliani considera que una decisión tomada con el objetivo de simplificar los procedimientos podría terminar provocando el efecto contrario y generar nuevas dificultades para arquitectos, ingenieros y demás profesionales involucrados en la actividad.
Por ese motivo, insistió en que el Ejecutivo municipal debería revisar la medida y derogar el decreto.
Gigliani reclama que Javkin dé marcha atrás
Con su participación en la movilización y el nuevo pedido de derogación, Gigliani profundizó sus cuestionamientos a la decisión de la gestión de Pablo Javkin.
El debate enfrenta dos conceptos que no necesariamente deberían resultar incompatibles: por un lado, la intención de reducir trámites y agilizar la administración municipal; por otro, la necesidad de mantener mecanismos que garanticen controles sobre el ejercicio profesional y las obras particulares.
Para la concejala de Iniciativa Popular, en este caso el municipio avanzó más allá de una simple desburocratización y terminó eliminando una herramienta que considera necesaria para preservar la legalidad y la capacidad de fiscalización estatal.
Por eso, Gigliani reclamó que el Ejecutivo dé marcha atrás con el decreto y restablezca la exigencia, en momentos en que los colegios y profesionales afectados también mantienen abierto el conflicto y advierten sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema para el funcionamiento de la actividad en Rosario.
