El transporte público interurbano de la región Rosario atraviesa una crisis que ya dejó de ser solamente tarifaria para transformarse en un problema social, económico y político. Con boletos que en algunos corredores aumentaron más de 1.400% desde diciembre de 2023, frecuencias reducidas, menos pasajeros y un costo que absorbe una porción cada vez mayor del salario de los trabajadores, un grupo de concejales, legisladores y dirigentes del Observatorio Social del Transporte decidió poner el tema en agenda y reclamar medidas urgentes.
La denuncia apunta en dos direcciones. Por un lado, al Gobierno nacional, que eliminó los subsidios al transporte del interior y profundizó una brecha histórica con el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por otro, a la Provincia y a los ejecutivos locales, a quienes cuestionan por no haber encabezado un reclamo más firme ante Nación y por haber respondido a la quita de subsidios con sucesivos aumentos tarifarios, peajes más caros y una política que terminó trasladando gran parte del costo del sistema directamente al usuario.
El impacto recae, sobre todo, sobre quienes necesitan viajar todos los días para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Y allí aparece la contradicción central. Mientras los salarios públicos y privados perdieron poder adquisitivo, el costo de trasladarse creció varias veces por encima de la inflación.
Un sistema que empezó a romperse con la quita de subsidios
El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2023, cuando el gobierno nacional decidió eliminar los subsidios destinados al transporte público del interior del país. Desde entonces, las provincias quedaron obligadas a decidir cómo compensar esa pérdida de recursos. En Santa Fe, la respuesta fue habilitar sucesivos incrementos tarifarios.
Según el informe presentado por el Observatorio Social del Transporte, desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026 el Gobierno provincial autorizó seis aumentos en el transporte interurbano.
El incremento promedio acumulado llegó al 994,2%.
En el mismo período, la inflación acumulada fue del 303,5%.
Es decir, los boletos aumentaron más de tres veces por encima de los precios generales.
Viajar de Villa Gobernador Gálvez a Rosario cuesta más de doce veces que en 2023
Los casos concretos muestran con claridad el deterioro. El boleto entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario pasó de $262,50 en diciembre de 2023 a $3.231 en agosto de 2026. Eso representa una suba del 1.130,9%.
La misma variación se produjo en el recorrido entre Alvear y Rosario. Pero la situación más extrema aparece en Pueblo Esther. Allí, el pasaje pasó de $381,54 a $5.861. El incremento fue del 1.436,1%.
Las cifras transformaron al transporte en uno de los principales gastos de quienes viven en localidades del área metropolitana y trabajan diariamente en Rosario.
Cuando viajar para trabajar se lleva un tercio del sueldo
El presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, dimensionó el problema con otro indicador.
En diciembre de 2023, un trabajador que viajaba de lunes a viernes desde esa ciudad hacia Rosario destinaba aproximadamente el 7% de un salario mínimo al transporte. En agosto de 2026, ese mismo gasto representa cerca del 35%.
En Pueblo Esther, la situación es todavía más delicada. Un trabajador que realiza cuarenta viajes mensuales pasó de destinar el 9,8% del salario mínimo al 62,3%. Ese dato resume buena parte del problema.
Para muchos trabajadores, viajar hasta su lugar de empleo dejó de ser un gasto complementario. Se convirtió en uno de los principales costos familiares.
Menos pasajeros y menos frecuencias
Pero los aumentos no lograron estabilizar el sistema.
El Observatorio estima que en los últimos tres años hubo una caída cercana al 40% en la cantidad de pasajeros. La lógica es bastante sencilla. Cuando el boleto aumenta, menos personas utilizan el transporte público. Cuando bajan los pasajeros, las empresas recaudan menos. Cuando cae la recaudación, disminuyen las frecuencias. Y cuando hay menos frecuencias, el servicio se vuelve todavía menos atractivo. Es una espiral que se retroalimenta.
Desde el Observatorio la definieron como una “espiral destructiva” que amenaza con comprometer definitivamente la movilidad del interior del país.
¿Un acuerdo no escrito con las empresas?
Los dirigentes que participaron de la presentación fueron todavía más lejos.
Denunciaron que la reducción de frecuencias sería consecuencia de una suerte de acuerdo implícito entre el Gobierno provincial y las empresas para garantizar la viabilidad económica de los servicios.
Menos unidades. Menos kilómetros recorridos. Menores costos operativos. Pero también peor servicio para los pasajeros. La ecuación puede cerrar para las empresas.
El problema es que termina cerrando sobre la espalda del usuario.
Pullaro y un reclamo a Nación que nunca llegó con fuerza
Uno de los cuestionamientos políticos más importantes por parte del Observatorio Social del Transporte es que desde que Nación eliminó los subsidios no existió un reclamo público fuerte y sostenido del gobernador Maximiliano Pullaro para revertir esa decisión. “No hubo un solo reclamo en voz del gobernador Pullaro por el retiro de los subsidios al transporte”, afirmán.
La crítica no apunta solamente a la Casa Rosada. También pregunta qué hicieron los gobiernos provinciales para defender un recurso que financiaba una parte importante del sistema.
Santa Fe fue una de las provincias más afectadas por la eliminación del Fondo Compensador. Sin embargo, la respuesta terminó orientándose principalmente hacia el incremento del boleto.
Javkin y el problema metropolitano
La misma discusión alcanza al intendente Pablo Javkin.
Rosario no puede analizar su transporte como un sistema aislado. Todos los días ingresan a la ciudad miles de trabajadores y estudiantes provenientes de Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pueblo Esther, Alvear, Funes, Roldán, San Lorenzo y otras localidades de la región.
El funcionamiento del transporte interurbano repercute directamente sobre la movilidad rosarina. Por eso, distintos sectores comenzaron a preguntarse por qué el Municipio no encabeza, junto con los intendentes metropolitanos, un reclamo más fuerte hacia Nación y Provincia. La crisis no termina en los límites administrativos de Rosario.
Más boleto y también más peaje
Mientras el transporte público atraviesa este deterioro, la Provincia también dispuso nuevos incrementos en los peajes.
Desde el 1º de agosto, las tarifas de la Autopista Rosario-Santa Fe aumentaron un 33%. Los automóviles particulares pasaron a pagar $4.000 en las estaciones troncales con modalidad manual y $3.200 mediante TelePASE. Para vehículos de mayor porte, los valores llegan hasta $28.000 por pasada.
También aumentaron las tarifas en los accesos. El incremento suma presión sobre quienes utilizan vehículos particulares, sobre las empresas de transporte y, en definitiva, sobre toda la estructura logística de la región.
Salarios ajustados y transporte por las nubes
La discusión resulta todavía más compleja cuando se compara la evolución de las tarifas con la de los ingresos. Los salarios no acompañaron el incremento del transporte. Por el contrario. Trabajadores estatales provinciales, docentes, policías, empleados municipales y asalariados privados vienen acumulando pérdidas de poder adquisitivo.
Así, la misma persona que gana menos en términos reales debe destinar una proporción mucho mayor de su sueldo para trasladarse. La crisis del transporte no puede separarse de la crisis salarial. Ambas forman parte de la misma ecuación.
La emergencia como salida
Ante este escenario, la diputada provincial Lucila De Ponti presentó dos iniciativas legislativas.
La primera propone declarar la emergencia del transporte interurbano de pasajeros.
Entre otras medidas, contempla:
- ampliar el Fondo Compensador provincial;
- otorgar beneficios impositivos y financieros a las empresas;
- facilitar la renovación de unidades;
- establecer límites a los aumentos tarifarios.
La segunda iniciativa plantea avanzar con una nueva Ley Provincial de Transporte Interurbano.
La normativa vigente data de 1935.
Es decir, Santa Fe continúa regulando buena parte de su transporte con una legislación concebida hace más de noventa años.
Un problema de región, no de una sola ciudad
Un encuentro de concejales de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, San Lorenzo, Puerto San Martín y Granadero Baigorria mostro que el problema ya tiene escala metropolitana.
El trabajador que vive en una ciudad y se desempeña en otra no distingue entre jurisdicciones. Necesita llegar. Y necesita hacerlo a un costo razonable. El sistema actual no está garantizando ninguna de las dos cosas.
Una crisis que los ejecutivos no pueden seguir mirando desde afuera
El Gobierno nacional eliminó los subsidios. La Provincia aumentó tarifas. Las empresas redujeron frecuencias. Los municipios reciben las consecuencias. Y los trabajadores pagan la cuenta.
Esa secuencia explica buena parte de la crisis actual. Pero también deja una pregunta política. ¿Hasta cuándo los gobiernos provinciales y municipales podrán limitarse a administrar las consecuencias de decisiones nacionales sin encabezar un reclamo estructural por el financiamiento del transporte del interior?
Porque mientras esa discusión no ocurra, cada ajuste terminará teniendo la misma salida. Un boleto más caro. Un servicio peor. Menos pasajeros. Y trabajadores que deben elegir entre gastar una porción cada vez mayor de su salario para llegar a trabajar o directamente buscar otra alternativa.
El sistema de transporte metropolitano está roto. Y si los distintos niveles del Estado continúan trasladando el costo hacia el usuario, el riesgo ya no será solamente perder pasajeros. Será terminar perdiendo el propio transporte público como herramienta de integración social y económica.
