El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó cómo se modificó la composición del gasto público provincial desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro y llegó a una conclusión que abre un fuerte debate político: el orden fiscal de los primeros años no se habría conseguido de manera homogénea, sino mediante recortes concentrados en áreas sensibles como educación, salud, seguridad social, Poder Judicial y salarios estatales, mientras otras partidas vinculadas a seguridad y a la estructura política del Ejecutivo mostraron incrementos reales.
Durante una entrevista en el programa Democráticamente, que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, Tomás Castagnino explicó que el informe del CEPA partió de una pregunta simple: dónde estuvo realmente el ajuste. A partir de información oficial sobre recursos ejecutados y devengados, el centro económico comparó el gasto provincial de 2024 y 2025 con 2023. Según ese trabajo, el gasto total cayó 17% en 2024 y todavía se ubicó 9,3% por debajo del nivel de 2023 durante 2025. Pero lo más relevante aparece cuando se observa qué áreas perdieron recursos y cuáles crecieron.
“Hubo un fuerte recorte del gasto provincial”
Ustedes hicieron un informe sobre el impacto del ajuste en Santa Fe. ¿Cuál fue la hipótesis de trabajo?
Tomás Castagnino: «Partimos de lo que se ve en los reclamos docentes, lo que pasó con la policía en febrero y el descontento de distintos empleados públicos con sus ingresos. A partir de ahí nos preguntamos qué estaba pasando con los gastos que destina el Gobierno provincial a los distintos sectores.»
¿Los números confirman que hubo un ajuste?
Tomás: «Sí. En 2024, comparado con 2023, los gastos cayeron 17%. En 2025 se recupera un poco, pero sigue habiendo una caída del 9,3% contra 2023. Es decir, hubo un ajuste, una reducción del gasto en la provincia de Santa Fe.»
El primer dato del informe rompe con cualquier lectura demasiado general. No se trata solamente de afirmar que la Provincia gastó menos, sino de observar sobre quién recayó esa reducción. Y allí aparecen diferencias muy marcadas.
Educación, salud y seguridad social entre los sectores más golpeados
¿Dónde aparece concretamente el ajuste?
Tomás: «El principal gasto de la Provincia está en servicios sociales: salud, educación y seguridad social. Y justamente ahí vemos una caída muy importante.»
¿De cuánto estamos hablando?
Tomás: «Los servicios sociales caen 11,4%. Salud cae 5%, educación y cultura 13,3%, seguridad social 10,3% y agua potable y alcantarillado 76,4%. Son sectores que representan más de la mitad del gasto provincial y fueron los que sufrieron el ajuste.»
La cifra vinculada a agua potable y alcantarillado resulta especialmente llamativa porque remite directamente a inversión en infraestructura. El CEPA sostiene que allí también hubo una reducción muy fuerte de recursos, algo que obliga a mirar más allá de la discusión salarial.
Seguridad crece, pero principalmente por el sistema penal
El Gobierno provincial hizo de la seguridad una de sus principales banderas. ¿Qué muestran los números?
Tomás: «Seguridad crece un 20%. Y dentro de seguridad, lo que más crece es el sistema penal, con un aumento del 30% contra 2023. Ahí se ve claramente la política de construcción de cárceles y de inversión penitenciaria.»
¿También crece mucho la seguridad interior?
Tomás: «Crece, pero bastante menos. Seguridad interior aumenta 6,6%. El crecimiento más fuerte está en el sistema penal.»
Aquí aparece una de las conclusiones políticas más fuertes del informe: la seguridad fue priorizada, sí, pero dentro de ese universo la mayor expansión del gasto estuvo vinculada al sistema penitenciario.
El Poder Judicial perdió recursos, mientras Legislativo y Ejecutivo crecieron
¿Qué pasó dentro de la administración gubernamental?
Tomás: «El Poder Judicial es el que más sufre el ajuste. El gasto cae 22% contra 2023. Estamos hablando, a pesos de hoy, de unos 150 mil millones de pesos menos.»
¿Y los otros poderes?
Tomás: «El Poder Legislativo crece cerca del 6%. Y la Dirección Superior Ejecutiva, que incluye al gobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, crece 37,8%. Ahí estamos hablando de unos 186 mil millones de pesos más.»
Este contraste es probablemente uno de los puntos más delicados del trabajo.
Mientras el Poder Judicial aparece con una caída real del 22%, el gasto vinculado a la conducción superior del Ejecutivo se incrementa de forma muy significativa.
AT, funcionarios y crecimiento de la estructura política
¿Ese aumento del Ejecutivo incluye asesores y categorías políticas?
Tomás: «Sí. Ahí están incluidos ministros, secretarios, subsecretarios, directores y también las categorías AT. Lo que hizo este gobierno fue modificar bastante la estructura y aumentar estas categorías políticas.»
¿Hay números concretos sobre ese crecimiento?
Tomás: «Lo que vimos es un aumento respecto de la gestión anterior de entre 200 y 300 cargos de ministros, secretarios, subsecretarios y categorías AT altas. Después hay una cantidad mucho mayor de AT distribuidos en todo el territorio. El problema es que todavía no tenemos publicada toda la información actualizada de 2026.»
El CEPA plantea así una contradicción que seguramente será materia de discusión política: mientras hubo recortes reales sobre salarios y áreas sociales, parte del gasto directamente asociado a la estructura de conducción del Ejecutivo aumentó.
Docentes: entre el ajuste salarial y el presentismo
¿Qué pasó específicamente con los salarios docentes?
Tomás: «Los salarios docentes muestran una caída que puede llegar al 15% en el caso testigo que analizamos. Incluso con la extensión de jornada, siguen cobrando entre 5% y 6% menos que en noviembre de 2023.»
¿Y qué rol juega el presentismo?
Tomá: «El presentismo puede mejorar 2% o 3% el ingreso, pero si un docente falta una vez pierde una parte muy importante. Estamos hablando de cerca de 200 mil pesos menos por faltar una vez. Eso genera una presión enorme.»
Según el análisis, el presentismo funciona como un mecanismo que permite recomponer parcialmente el salario solo bajo determinadas condiciones de asistencia. Para el CEPA, esa herramienta termina condicionando fuertemente la negociación paritaria.
Salud y otros trabajadores estatales también perdieron
¿El ajuste fue exclusivo de los docentes?
Tomás: «No. Los profesionales de salud tuvieron una caída menor, alrededor del 5%. Enfermeros y porteros también muestran caídas cercanas al 10% o 15%. Todo el sector público tiene deterioro.»
¿Entonces el fenómeno es bastante generalizado?
Tomás: «Sí. Ser trabajador del sector público hoy no te garantiza una vida digna si no hacés horas extras o tenés otro trabajo.»
La conclusión vuelve a colocar a los salarios en el centro del debate. No se trata solamente de una discusión sobre porcentajes, sino sobre el poder adquisitivo real de los empleados estatales.
Policía: mejoró después de las protestas, pero sigue abajo de 2023
¿Qué encontraron con los salarios policiales?
Tomás: «Antes de las protestas de febrero estaban alrededor de 15% abajo de noviembre de 2023. Después hubo una recomposición importante y hoy están cerca de 5% abajo.»
¿Cuánto cobra actualmente un ingresante?
Tomás: «El mínimo garantizado que tomamos es de 1.377.000 pesos. Para recuperar el nivel de noviembre de 2023 debería estar aproximadamente en 1.460.000 pesos.»
El caso policial es particular porque la recomposición llegó después de una protesta que puso en tensión al Gobierno provincial. Aun así, según CEPA, los ingresos reales todavía no recuperaron completamente el terreno perdido desde el inicio de la gestión.
¿El ajuste fue necesario?
El Gobierno argumenta que la caída de recursos nacionales obligó a ordenar las cuentas. ¿Eso alcanza para explicar el ajuste salarial?
Tomás: «Es verdad que hoy hay menos fondos y que el ajuste nacional afecta la recaudación y la coparticipación. Pero después hay decisiones políticas sobre cómo repartís la torta.»
¿CEPA considera que se ajustó más de lo necesario?
Tomás: «Sí. Vemos un ajuste muy fuerte a sectores específicos. Se ajustó más de lo necesario y se atacó a algunos sectores más de lo necesario. Eso se ve muy claro con los docentes.»
La discusión, entonces, no pasa por negar la caída de recursos nacionales. El punto es cómo decidió la Provincia distribuir ese impacto.
El superávit de los primeros años
¿El superávit de 2024 y 2025 se explica por este ajuste?
Tomás: «Principalmente sí. Lo que vemos es un fuerte ajuste sobre los trabajadores y también una caída en partidas de inversión, como transporte y obras públicas.»
¿La Provincia sigue hoy con superávit?
Tomás: «No. El superávit fue en 2024 y 2025. Ahora los primeros datos muestran una situación distinta, con déficit y una caída importante de recursos.»
Un ajuste con ganadores y perdedores
El informe del CEPA deja una fotografía incómoda para el Gobierno provincial. Hubo ajuste. Pero no fue uniforme. Los servicios sociales perdieron recursos. Educación cayó. Salud cayó. Seguridad social cayó. El Poder Judicial perdió un 22%.
Los salarios docentes, sanitarios y policiales quedaron por debajo de noviembre de 2023.
Mientras tanto, seguridad aumentó, especialmente el sistema penal, y la Dirección Superior Ejecutiva mostró un crecimiento muy significativo. Ese contraste es el centro del informe.
El debate ya no pasa únicamente por si Santa Fe necesitaba ordenar sus cuentas. La verdadera discusión es quién pagó ese orden fiscal y qué áreas fueron priorizadas mientras otras sufrían el recorte.
Según el análisis presentado por CEPA, la respuesta aparece con bastante claridad: buena parte del ajuste recayó sobre trabajadores estatales, servicios sociales y determinadas áreas de inversión, mientras otros sectores directamente vinculados a las prioridades políticas del Gobierno lograron expandir su presupuesto.
