Rosario vuelve a quedar atrapada en una discusión conocida: las ordenanzas fijan reglas para ordenar la ciudad, pero luego el propio Concejo Municipal aprueba excepciones que permiten hacer aquello que la normativa prohíbe. Esta vez, la polémica se trasladó a los barrios cercanos al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, donde vecinos denunciaron la proliferación de cocheras comerciales en calles internas que no están habilitadas para esa actividad. El conflicto tomó otra dimensión porque una de esas excepciones fue respaldada por concejales oficialistas, pero posteriormente la Municipalidad ordenó frenar la obra y se alineó con el reclamo barrial.
La situación abrió interrogantes sobre la coordinación política dentro del oficialismo rosarino y volvió a exponer una práctica que genera cuestionamientos crecientes: aprobar tratamientos particulares sobre normas urbanísticas recientemente sancionadas y convalidar proyectos sin consultar previamente a los vecinos directamente afectados.
En este caso, el conflicto habría provocado malestar en el propio intendente Pablo Javkin, quien habría cuestionado a concejales de su espacio por acompañar una excepción que contradice la planificación definida para el sector y que ahora coloca al Ejecutivo en una posición jurídica y política difícil de sostener.
El crecimiento del aeropuerto y una demanda previsible
La instalación de estacionamientos privados en las inmediaciones de un aeropuerto no constituye, por sí misma, una anomalía.
Se trata de un servicio habitual en las principales terminales aéreas del país y del mundo, donde empresas privadas ofrecen espacios para que los pasajeros dejen sus vehículos durante los viajes y, en algunos casos, incorporan traslados hacia la aeroestación.
En Rosario, las primeras cocheras de estas características comenzaron a desarrollarse con mayor fuerza durante el período de crecimiento del aeropuerto registrado entre 2015 y 2019.
En aquel momento, los emprendimientos se ubicaron principalmente sobre arterias habilitadas por la normativa, como la avenida Jorge Newbery, preparada para recibir una circulación vehicular superior a la de las calles internas de los barrios residenciales.
La caída de la actividad aeroportuaria desde 2020, atravesada por la pandemia y la crisis económica, frenó temporalmente la expansión del negocio.
Pero la reciente recuperación de vuelos y las expectativas de crecimiento de la terminal volvieron a despertar el interés comercial por instalar nuevas cocheras en Fisherton y los barrios cercanos.
El problema, según denuncian los vecinos, es que algunos de esos proyectos comenzaron a localizarse en sectores expresamente excluidos por las ordenanzas.
Una actividad prohibida dentro de los barrios
La Vecinal Hostal del Sol presentó una nota ante el Concejo Municipal para advertir sobre la aparición de establecimientos dedicados al estacionamiento de vehículos en calles donde la normativa vigente no permite esa actividad.
El reclamo no cuestiona la necesidad de contar con cocheras cerca del aeropuerto.
La preocupación se concentra en su instalación dentro de sectores residenciales, sobre calles angostas y con infraestructura pensada para el movimiento habitual de los vecinos, no para la circulación constante de vehículos que ingresan y salen de un estacionamiento comercial.
Desde la entidad barrial sostienen que la regulación es clara y que esos usos fueron excluidos precisamente para preservar la tranquilidad y las características urbanas del sector.
Sin embargo, algunos proyectos consiguieron avanzar mediante excepciones aprobadas por el Concejo Municipal.
El proyecto de calle 20 de Noviembre
Uno de los casos que encendió la polémica se encuentra en calle 20 de Noviembre al 9100. Allí, un emprendimiento obtuvo autorización excepcional para construir y explotar una cochera, pese a que la normativa recientemente sancionada impide esa actividad en el sector.
La excepción también permitiría desarrollar estructuras de hasta diez metros de altura en una zona predominantemente residencial y caracterizada por viviendas bajas.
Los responsables del proyecto argumentaron ante los concejales que habían adquirido el terreno y elaborado la inversión antes de la modificación normativa.
Según su planteo, el cambio posterior de las reglas habría afectado un proyecto comercial previamente concebido.
El argumento consiguió el respaldo de la mayoría del Concejo. La excepción fue aprobada con acompañamiento del oficialismo y con la oposición de Ciudad Futura.
A partir de esa autorización comenzaron las obras. Y también comenzó el conflicto con los vecinos.
Vecinos no consultados y fundamentos cuestionados
En la nota enviada al Palacio Vasallo, la Vecinal Hostal del Sol sostuvo que las excepciones fueron concedidas con fundamentos “poco sólidos” y “llamativamente débiles”.
También cuestionó que no fueran consultados los propietarios linderos ni los habitantes que podrían verse afectados por el incremento del tránsito, los movimientos durante horarios nocturnos y el cambio del perfil residencial del barrio.
El planteo introduce un aspecto central del debate urbanístico rosarino: la diferencia entre una excepción técnicamente justificada y otra otorgada para resolver el interés particular de un emprendimiento.
Las ordenanzas urbanas admiten en determinados casos tratamientos especiales. Pero esos mecanismos deberían responder a circunstancias excepcionales, estar respaldados por estudios técnicos y demostrar que no perjudican al entorno.
Cuando las excepciones comienzan a repetirse, el riesgo es que dejen de funcionar como herramientas extraordinarias y se transformen en una forma paralela de modificar la ciudad sin revisar integralmente las normas.
Una normativa nueva que el propio Concejo dejó de lado
El elemento que vuelve más controversial este episodio es la antigüedad de la ordenanza exceptuada.
No se trata de una regulación obsoleta, heredada de otra época y desconectada de la realidad actual del aeropuerto.
Por el contrario, se trata de una normativa relativamente reciente, discutida y aprobada con amplio consenso para definir qué actividades podían instalarse en cada sector.
Es comprensible que una ciudad deba revisar periódicamente sus códigos urbanos cuando cambian las dinámicas económicas, comerciales y sociales.
Pero resulta mucho más difícil de justificar que el mismo cuerpo legislativo que acaba de establecer una regla decida exceptuarla poco tiempo después frente al pedido de un particular.
En ese punto aparece la principal crítica de los vecinos: si la ordenanza no sirve, debe modificarse mediante un debate general, técnico y participativo. Lo que no debería ocurrir es que se mantenga vigente para la mayoría y se flexibilice solamente para determinados emprendimientos.
La Municipalidad frenó la obra
Cuando el conflicto llegó al Ejecutivo, la Municipalidad decidió tomar distancia de lo aprobado por el Concejo.
La obra fue paralizada y se convocó a una instancia de conciliación entre los vecinos y los responsables del emprendimiento. La decisión representa un cambio importante en el escenario.
El Municipio se colocó del lado de quienes sostienen que el estacionamiento no debería funcionar en ese sector, mientras el proyecto cuenta con una excepción formalmente aprobada por el órgano legislativo.
De esta manera, Rosario enfrenta una situación institucional peculiar: el Concejo habilitó la obra y el Ejecutivo intenta frenarla.
Malestar de Javkin con sus propios concejales
En el ámbito político comenzó a circular con fuerza la versión de que Pablo Javkin manifestó su malestar con los ediles oficialistas que respaldaron la excepción.
El intendente habría considerado que la aprobación contradice la planificación municipal y genera un problema innecesario con un barrio que reclama el cumplimiento de las normas.
El episodio habría provocado discusiones dentro del bloque gobernante y expuesto una falta de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Palacio Vasallo.
No es la primera vez que el Concejo aprueba una excepción urbanística que luego genera costos políticos para la gestión.
La diferencia es que, en esta oportunidad, el Ejecutivo decidió intervenir públicamente y frenar una obra que había conseguido el aval de buena parte del oficialismo legislativo.
Una interna con consecuencias concretas
La diferencia entre el Concejo y la Municipalidad no es únicamente política. También puede tener consecuencias jurídicas y económicas.
Los responsables del emprendimiento adquirieron el terreno, presentaron su proyecto, gestionaron la excepción y obtuvieron la autorización legislativa para avanzar.
Desde esa perspectiva, consideran que actuaron dentro de los canales institucionales habilitados por el propio Estado municipal.
La paralización posterior podría derivar en reclamos administrativos o judiciales si sostienen que el Municipio desconoce derechos reconocidos por una decisión del Concejo.
Por eso, el margen de acción del Ejecutivo aparece limitado.
Puede intentar alcanzar un acuerdo, proponer cambios al proyecto o buscar una relocalización. Pero impedir definitivamente la actividad después de que el Concejo la habilitó podría abrir un conflicto legal y un eventual reclamo por daños.
La audiencia de conciliación
Con el objetivo de evitar una escalada, la Municipalidad convocó a una audiencia de conciliación. La intención es reunir a los vecinos, los responsables del emprendimiento y las áreas municipales para analizar alternativas.
El desafío será encontrar una salida capaz de conciliar derechos e intereses que hoy parecen enfrentados. Los vecinos quieren preservar el carácter residencial del barrio y exigen que se cumpla la normativa. Los emprendedores sostienen que cuentan con una autorización válida y que realizaron una inversión respaldada por el Concejo.
La Municipalidad busca evitar el funcionamiento de una cochera que considera incompatible con el sector, pero debe hacerlo sin desconocer una excepción aprobada institucionalmente.
Una demanda real que necesita planificación
El crecimiento del aeropuerto hace previsible que aumente la demanda de estacionamientos, hoteles, gastronomía, transporte y otros servicios complementarios. Negarse a esa realidad tampoco sería una respuesta adecuada.
La discusión no debería ser si Rosario necesita más cocheras en las cercanías de la terminal, sino dónde pueden localizarse y bajo qué condiciones.
Una planificación integral podría identificar corredores aptos, determinar requisitos de accesibilidad y seguridad, ordenar los traslados hacia el aeropuerto y evitar que los emprendimientos comerciales se internen en sectores residenciales. Eso permitiría acompañar la expansión aeroportuaria sin trasladar sus impactos negativos a los vecinos.
Otra vez las excepciones en el centro de la polémica
El conflicto de Fisherton se suma a una sucesión de controversias urbanísticas en las que las excepciones ocupan un lugar central.
Cada nuevo caso profundiza una pregunta incómoda para el Concejo Municipal: ¿Las normas se sancionan para ordenar la ciudad o para ser flexibilizadas cuando aparece un proyecto particular?
La herramienta excepcional puede resultar razonable cuando existen argumentos técnicos, beneficios públicos evidentes o situaciones no contempladas por una regulación antigua.
Pero cuando se utiliza sobre ordenanzas nuevas y sin participación de los vecinos, su legitimidad comienza a debilitarse.
El costo de votar primero y discutir después
El episodio también muestra las consecuencias de aprobar proyectos sin medir integralmente sus impactos. El Concejo otorgó la excepción. Los emprendedores iniciaron la obra. Los vecinos reclamaron. La Municipalidad paralizó los trabajos. Y ahora todas las partes deben sentarse a buscar una solución para un conflicto que podría haberse evitado con una evaluación previa más profunda.
La falta de coordinación convirtió una discusión de planificación urbana en una interna política, un enfrentamiento vecinal y un posible litigio contra el propio Estado municipal.
Una ciudad que necesita reglas previsibles
Rosario necesita acompañar el crecimiento de su aeropuerto y desarrollar los servicios que esa expansión demanda. Pero también necesita reglas claras, previsibles y respetadas.
Las inversiones requieren seguridad jurídica. Los vecinos necesitan saber que las características de sus barrios no cambiarán mediante excepciones aprobadas sin consulta. Y el Municipio necesita que sus áreas técnicas y sus concejales trabajen con una estrategia común.
El conflicto por las cocheras dejó expuesta una contradicción difícil de disimular: mientras el Ejecutivo sostiene que la actividad no corresponde en ese sector, sus propios representantes legislativos contribuyeron a habilitarla.
Ahora el desafío será resolver el problema sin perjudicar a los vecinos, sin desconocer derechos adquiridos por los inversores y sin volver a demostrar que, en Rosario, las normas urbanísticas pueden durar menos que los proyectos que pretenden regular.
