El endeudamiento dejó de ser una herramienta utilizada únicamente para acceder a bienes durables o afrontar gastos extraordinarios y comenzó a convertirse en una forma cotidiana de subsistencia. Así lo describió Silvana Teisa, secretaria de la Oficina de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario, durante una entrevista en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV. Tarjetas de crédito que ya no pueden pagarse ni siquiera en su mínimo, préstamos para cancelar otras deudas, créditos de billeteras virtuales con elevados intereses, alquileres que absorben hasta el 60 o 70% de los ingresos, expensas y servicios atrasados y, en el extremo más preocupante, familias que terminan recurriendo a prestamistas informales. La funcionaria aseguró que el fenómeno ya alcanza a trabajadores con ingresos formales y reclamó respuestas políticas que permitan recuperar empleo y poder adquisitivo. También habló sobre el escenario político de Rosario y consideró que el peronismo tiene la responsabilidad de construir una alternativa común para volver a disputar el gobierno municipal.
En diciembre se hizo un pequeño cambio en el nombre. Ahora es Oficina de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios. Es una forma de dejar en evidencia todo lo que lleva adelante la oficina, porque también tomamos reclamos municipales, sobre servicios públicos, todo lo que tiene que ver con alquileres y administraciones de consorcios. Era algo más amplio que pura y exclusivamente las relaciones de consumo, indicó Teisa.
Es una oficina municipal, pero que, como muy pocas en el país, depende del Concejo Municipal y no del Ejecutivo. Eso es lo que tiene de bueno también para poder tomar reclamos municipales. Al no depender del Ejecutivo te permite tener una amplitud de miradas a la hora de acompañar los reclamos.
Pero más allá de su funcionamiento institucional, la conversación rápidamente se concentró en el fenómeno que hoy aparece como una de las mayores preocupaciones de quienes diariamente reciben consultas: el endeudamiento de las familias rosarinas.
Más del 40% de los expedientes están vinculados a cuestiones financieras
¿El endeudamiento familiar es hoy uno de los principales problemas que reciben?
—Sí, es algo que nosotros ya veníamos alertando. En lo que va de 2026 en la oficina llevamos generados más de 6.500 expedientes, de los cuales el 40% refiere al área de reclamos de finanzas. Y un 30% de eso, más de 1.100 expedientes generados, tiene que ver con deuda.
—Llámese deuda a tarjeta de crédito, préstamos personales o endeudamientos con mutuales.
¿Cuándo comenzaron a detectar que la situación estaba empeorando?
—Al estar vigente el decreto 70/2023, que liberó todo lo que tiene que ver con las tasas de interés, nosotros ya notábamos que a principios de 2024 las personas no lograban pagar el total de la tarjeta y solamente pagaban el mínimo. Sabíamos que rápidamente iba a ser un problema porque los intereses que se generan al no pagar la totalidad y pagar solamente el mínimo son abismales.
—Después vimos que no solamente no podían pagar la tarjeta, sino que ya tampoco podían pagar el mínimo. Y después se va haciendo como una bola de nieve: las personas no logran pagar la tarjeta, toman préstamos para poder pagarla y poder seguir usándola.
La secuencia que describe Teisa permite observar cómo se profundizó el problema. Primero, las familias dejaron de cancelar el resumen completo. Después comenzaron a pagar solamente el mínimo. Más tarde tampoco pudieron afrontar ese monto. Finalmente, algunas recurrieron a nuevos préstamos para cancelar deudas anteriores.
El dato más preocupante, sin embargo, no está solamente en cuánto se debe, sino para qué se toma deuda.
De la tarjeta para comprar bienes a la tarjeta para comer
¿En qué están gastando las personas que terminan endeudándose?
—Hoy las personas se endeudan nada más y nada menos que para satisfacer las necesidades básicas, como alimentos, indumentaria, medicamentos y servicios públicos.
—Y ni hablar de otra área que tenemos en la oficina, que toma reclamos y consultas referidos a alquileres y administraciones de consorcios. Eso también tuvo su efecto: en principio las personas no lograban pagar las expensas y hoy ya no están pudiendo pagar el alquiler.
¿Ya reciben consultas incluso de los garantes?
—Sí. Las consultas no son solamente de los inquilinos, sino también de los garantes, que vienen a anticiparse para saber en qué pueden ayudar o cómo pueden acompañar al inquilino porque se enteran de que hace meses que no está pagando.
—Hoy están en esa situación de preocupación porque saben que la persona a la que le salieron de garante no está logrando afrontar el alquiler. Tenemos muchas consultas referidas a rescisión de contratos, por ejemplo.
El fenómeno marca un cambio cualitativo. Ya no se trata únicamente de hogares que recurren al crédito para mantener determinados niveles de consumo. La oficina registra familias que financian alimentos, medicamentos y servicios; inquilinos que acumulan meses impagos y garantes que empiezan a consultar anticipadamente por las consecuencias de esas deudas.
La deuda dejó de financiar proyectos. En muchos casos, financia la vida cotidiana.
Créditos inmediatos y deudas que pueden duplicarse o triplicarse
También están los préstamos que ofrecen billeteras virtuales. ¿Están recibiendo muchos casos?
—Sí. En las aplicaciones de billeteras virtuales, con un simple clic te están emitiendo un crédito a tasas totalmente usureras y que, además, no son números fijos para todos los usuarios. Ellos generan un perfil y dependiendo del perfil del usuario es la tasa que le aplican.
—Eso hace que, en la desesperación por lograr satisfacer una necesidad o poder cubrir alguna otra deuda con ese préstamo rápido que te da la billetera, con un simple clic, a veces sin leer cuáles son las bases y condiciones, terminás encontrándote con que después tenés una deuda doble, triple o más de lo que realmente pediste como préstamo.
¿También aumentó la morosidad en esos créditos?
—Sí, es un tema que está apareciendo. La morosidad en el pago de estos préstamos porque no se están pudiendo pagar por parte de los consumidores. Y también aparecen muchísimas consultas que tienen que ver con el acoso y hostigamiento para el cobro de deudas.
El acceso inmediato al dinero agrega otra dimensión al problema. Una familia que agotó la tarjeta o necesita cubrir una obligación urgente encuentra financiamiento prácticamente instantáneo desde un teléfono. La facilidad para obtenerlo contrasta con las condiciones posteriores para devolverlo. Y cuando comienza la mora aparece otro problema: el hostigamiento para cobrar.
“No decimos que la deuda no tiene que ser reclamada, pero de ahí al hostigamiento hay otra cuestión”
¿Es legal que llamen a familiares o al entorno de una persona para reclamar una deuda?
—Generalmente son agencias de cobranza, ni siquiera estudios jurídicos. Muchas incluso están fuera de Rosario. Nosotros veíamos que había una especie de vacío legal y por eso la oficina, en conjunto con la Cámara de Diputados de la Provincia, acaba de presentar un proyecto para que exista una ley provincial que prohíba este hostigamiento.
—Nosotros no decimos que no hay que pagar la deuda, que la deuda no tiene que ser reclamada. Pero de ahí al hostigamiento o a avergonzar al deudor en su entorno estamos hablando de otra cuestión. Tenemos vigente como respaldo la Ley 24.240, que habla del trato digno. Esta no es la forma de reclamar una deuda a un consumidor.
¿Qué debería hacer una persona que ya no puede pagar una tarjeta o un préstamo?
—Cuando la entidad bancaria tiene varios meses de demora, generalmente lo que está pasando ahora es que pasa la deuda a una agencia de cobranza. Cuando el consumidor va a la oficina tenemos un área específica de reclamos financieros. Se lo asesora y generalmente, cuando estamos a tiempo, buscamos hablar directamente con el banco, no con la agencia de cobranza.
—Si la deuda es con el banco, nuestra comunicación es con el banco para tratar de intermediar y poder negociar, acorde a los ingresos de ese consumidor, una cuota para esa refinanciación. La realidad es que cuando refinanciás también existen intereses y ahí también cuesta mucho afrontar la cuota. Cada caso es particular.
La recomendación central de Teisa es no aceptar automáticamente cualquier refinanciación ante la desesperación.
La Oficina funciona en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16, y brinda asesoramiento gratuito. Según explicó, una vez abierto el expediente se realiza también el seguimiento del caso y actualmente registra un 86% de resoluciones favorables dentro de los reclamos que tramita.
Tarjeta del Banco Santa Fe: qué pasó con el cambio de vencimiento
¿Recibieron reclamos por lo ocurrido con la tarjeta del Banco Santa Fe y el cambio de fecha de vencimiento?
—Sí. El fin de semana, sin ninguna información oficial que hayan recibido los usuarios, a través de las redes sociales se dijo que la tarjeta iba a vencer el primero de septiembre cuando el resumen anterior, que te tiene que informar cuándo es el vencimiento, decía que era el 4 de septiembre.
—Nosotros rápidamente nos comunicamos con el Banco de Santa Fe y ellos nos informaron, y después salieron con un comunicado oficial, que no iban a cobrar intereses a aquellas personas que cobren sus haberes luego del día 1.
¿Eso resuelve el problema?
—Lleva tranquilidad, pero también es importante que en los próximos meses se adecúen para que no vuelva a pasar esto. Creo que la gente entró en pánico porque estamos hablando mucho de lo que son los intereses, la mora, lo costoso que es, y que te hayan corrido tres días el vencimiento, incluso antes del cobro de tus haberes, era preocupante.
El episodio adquiere mayor relevancia porque una importante cantidad de empleados públicos provinciales cobra sus haberes a través de esa entidad.
Teisa compartió además la discusión sobre la posibilidad de que los trabajadores estatales tengan mayor capacidad para decidir dónde percibir sus salarios, diferenciando ese escenario del Banco Municipal, cuya naturaleza pública consideró necesario defender.
Alquileres: trabajadores que destinan hasta el 70% del ingreso
Pasemos a los alquileres. ¿Qué están viendo actualmente?
—Estamos viendo dos problemáticas. En vivienda veníamos recibiendo muchos reclamos por actualizaciones cada vez más seguidas y con valores muy altos. Incluso, con las actualizaciones en tiempos tan cortos, el alquiler podía quedar más alto que el valor de mercado de una propiedad que se ofrecía por primera vez.
—Después empezamos a ver que se acercaban los garantes preocupados porque se enteraban de que las personas a las que habían salido de garantía debían uno o dos meses. Y hoy tenemos muchísimos reclamos y consultas para rescindir contratos.
¿La rescisión se produce porque buscan otro alquiler?
—Son personas que no están pudiendo afrontar ese alquiler. En muchos casos terminan yéndose a vivir otra vez con sus padres o se juntan con alguna otra persona para vivir. La verdad es que es una dificultad muy grande.
—Hay personas que se quedaron sin trabajo, pero también hay muchas que hoy tienen trabajo y el alquiler les come más del 60 o 70% de sus ingresos. Es insostenible. Pagás el alquiler y después, ¿cómo hacés para subsistir?, teniendo además que pagar servicios públicos que aumentaron muchísimo.
Ese último dato permite dimensionar una característica central de la crisis que describe la funcionaria. El problema ya no queda limitado a quienes perdieron su fuente laboral. También alcanza a personas que trabajan todos los días.
El ingreso existe, pero resulta insuficiente para sostener simultáneamente vivienda, alimentación, servicios y otras necesidades básicas.
La derogación de la Ley de Alquileres y una relación desigual
¿Cómo intervienen cuando alguien necesita rescindir porque ya no puede pagar?
—Está derogada la Ley de Alquileres, entonces ahora mucho queda en lo que fue plasmado en el contrato, en la negociación entre las partes. Para este Gobierno nacional es una negociación entre privados, pero la realidad es que el más débil, que en este caso es el inquilino, muchas veces no tiene posibilidad de decidir cuáles son las condiciones, sino que termina aceptando las que le imponen porque necesita mudarse.
—Nuestra intervención tiene que ver con poder, más allá del contrato, llegar a un acuerdo en estas rescisiones. A lo mejor son inquilinos que hace muchos años están alquilando, que siempre cumplieron y que por primera vez les está pasando esto.
¿Se consiguen acuerdos?
—A veces el dueño tiene un poco de empatía y dice: “Siempre me cumplió; antes de tener un problema o tener el inmueble vacío, acordemos”. Y otras veces no. Nuestra intervención es principalmente tratar de acercar a las partes. Cuando existe una deuda, buscamos ver cómo afrontarla con una salida que no termine siendo tan perjudicial para ninguna de las dos partes.
La mediación se transformó así en una herramienta para administrar una problemática que tiene causas económicas mucho más profundas. La oficina puede acercar posiciones. Lo que no puede hacer es solucionar la pérdida de capacidad adquisitiva que originó el incumplimiento.
Cuando no alcanza, ¿qué se deja de pagar primero?
Cuando una familia ya no puede afrontar todo, ¿qué impuestos o servicios comienza a dejar de pagar?
—En situaciones de total vulnerabilidad económica, uno ve que lo primero que se deja de pagar es lo que no te va a ocasionar un problema inmediato. Por ejemplo TGI, API o el agua. Si bien te genera deuda, es muy difícil que te corten el agua porque es una necesidad.
—Después está la luz, pero hoy la EPE está tomando decisiones muy rápidas y ante una deuda decide cortar el servicio. Y lo último que se deja de pagar es el gas porque, desde la tragedia de Salta 2141, Litoral Gas está muy estricta y rápidamente corta el suministro.
¿También llegan muchas consultas por los montos de las facturas?
—Muchísimas. Estamos viendo reclamos por facturas muy elevadas en los servicios y la gente está demostrando una falta de capacidad de pago. Sobre todo jubilados. Les llegan facturas de luz de más de 100.000 pesos cuando su ingreso no supera los 400.000. Es muy difícil.
La descripción completa el recorrido del endeudamiento. Cuando los ingresos dejan de alcanzar, las familias establecen prioridades: primero la alimentación, después aquello cuyo incumplimiento genera consecuencias inmediatas y finalmente comienzan a acumularse obligaciones municipales, provinciales o servicios.
Cada factura impaga, además, incorpora intereses y alimenta nuevamente la deuda.
Expensas: “Hay administraciones de consorcios que no son muy prolijas”
También existen reclamos por expensas. ¿Qué están detectando?
—Con la derogación de la Ley de Alquileres esto también fue muy manoseado. A veces figuran cosas en los contratos que no deberían figurar y eso genera confusión entre qué tiene que pagar el inquilino y qué corresponde al propietario.
—Hay muchas administraciones de consorcios que no son muy prolijas.
¿La Oficina tiene herramientas para intervenir?
—Tenemos un Registro Público de Administradores de Consorcios y, desde que existe la ordenanza de Expensas Claras, ante una falta del administrador o una denuncia que recibamos por una cuestión poco clara en ese cobro, si no se puede resolver en la oficina podemos elevar el caso al Tribunal de Faltas de la Municipalidad para que sea sancionado.
En este caso sí existe una herramienta sancionatoria indirecta que permite avanzar cuando la mediación no alcanza.
La problemática habitacional, sin embargo, vuelve a conectarse con la cuestión inicial de toda la entrevista: familias que acumulan obligaciones que superan su capacidad real de pago.
El último escalón: del banco al prestamista del barrio
Hay, finalmente, una zona del endeudamiento sobre la cual la Oficina no puede intervenir directamente porque ocurre completamente por fuera del sistema formal.
Es también la más peligrosa.
—¿Qué está pasando con los prestamistas informales en los barrios?
—Desde la oficina no podemos intervenir porque no existe una relación de consumo formal. Pero quienes militamos en los barrios y quienes estamos ocupando lugares de representatividad del pueblo tenemos que buscar la forma de que la política intervenga en esta situación.
—Cuando se terminan las posibilidades formales de tomar una deuda para poder subsistir, hay muchísimos vecinos y vecinas que terminan cayendo en pedirle un préstamo al prestamista del barrio, en muchísimas circunstancias bastante turbias.
—¿Cómo debería intervenir la política?
—Primero hay que identificar quiénes son estas personas. Pero todo esto pierde fuerza cuando no necesitamos tomar estas deudas informales.
—Por eso, acá lo que hace falta es recuperar el empleo, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que el independiente pueda tener sus ingresos y que no necesite pedir una ayuda porque no está logrando satisfacer sus necesidades básicas.
Y allí Teisa dejó probablemente la definición que mejor resume el diagnóstico de toda la entrevista:
“Nadie se está endeudando para comprar un televisor para ver el Mundial. Nosotros lo vemos a diario: las personas se endeudan para comprar alimentos los primeros días del mes”.
Incluso marcó una diferencia respecto de crisis anteriores:
“Antes veíamos que eso le estaba pasando a quien se quedaba sin trabajo. Hoy ya lo estamos viendo en personas que tienen ingresos formales y, sin embargo, los primeros días del mes ya se están endeudando para comprar necesidades básicas. Eso es gravísimo y es un problema de Estado”.
El diagnóstico termina donde comenzó. Tarjetas que no pueden pagarse. Préstamos para cancelar tarjetas. Billeteras virtuales para cubrir préstamos. Alquileres que absorben hasta el 70% del salario. Expensas y servicios que quedan atrás. Y, cuando desaparece el acceso al crédito formal, prestamistas informales como último recurso.
Para Teisa, allí aparece el límite de cualquier mediación administrativa. La Oficina puede asesorar, negociar una refinanciación, intervenir ante un cobro indebido o intentar evitar el hostigamiento.
Pero cuando una persona con trabajo necesita endeudarse durante los primeros días del mes simplemente para comprar alimentos, el problema deja de ser solamente financiero o de defensa del consumidor y se convierte, como sostuvo la propia funcionaria, en un problema de Estado.
Rosario y la oportunidad del peronismo
¿Cómo ves al peronismo en Rosario? ¿Existe realmente una posibilidad de volver a gobernar la ciudad?
—Pienso que se está intentando en Rosario confluir en un solo objetivo. Espero que lo logremos hacer más temprano que tarde, pero creo que vamos camino a eso. Y, como vos decís, si logramos desde abajo empezar a coincidir, vamos a poder hacerlo también en la Provincia y ojalá que también sea así en la Nación.
—Tenemos la necesidad urgente, como oposición y como defensores del pueblo, de llegar a un consenso entre los distintos espacios que conformamos el peronismo, porque acá lo que importa es la ciudadanía.
—¿Qué debería priorizar ese acuerdo?
—Lo que importa es que la gente pueda empezar a vivir mejor, que se resuelvan todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando. No podemos seguir en esta situación. Me parece que es una responsabilidad urgente lograr ponernos de acuerdo, quitar los egos de lado, las mezquindades, tener un poco de empatía y, si sabemos que la salida es una, ir todos por esa salida y acompañar al que tengamos que acompañar.
Teisa vincula así el escenario electoral que se aproxima con los problemas que diariamente llegan a la Oficina.
Su planteo político no parte solamente de quién puede ser candidato en 2027, sino de qué respuesta puede ofrecer el peronismo frente a una situación económica que, según los expedientes que recibe, atraviesa cada vez más hogares.
