La Legislatura de Santa Fe comenzó a debatir un proyecto que, bajo el objetivo de combatir la discriminación y los discursos de odio, abrió una fuerte discusión sobre los límites que el Estado puede imponer a la libertad de expresión. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial, propone declarar a Santa Fe como «territorio libre de discriminación y discursos de odio», incorpora una nueva figura al Código de Convivencia y prevé multas de hasta 60 Jus —unos ocho millones de pesos— además de capacitaciones obligatorias para quienes infrinjan la norma.
Sin embargo, detrás del objetivo declarado de proteger a grupos vulnerables, comenzaron a surgir interrogantes que exceden la letra del proyecto. Juristas, periodistas y dirigentes políticos advierten que la amplitud de la definición propuesta podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales capaces de afectar el ejercicio del periodismo, la crítica política e incluso el debate público propio de cualquier democracia. El interrogante ya no es solamente cómo combatir el odio, sino quién decidirá qué constituye un discurso de odio y qué seguirá siendo una opinión protegida por la Constitución.
Una iniciativa con un objetivo legítimo
Combatir la discriminación, la persecución y la violencia contra personas o grupos constituye una obligación que ningún Estado democrático puede desconocer.
La protección de quienes sufren ataques por razones de religión, origen, discapacidad, orientación sexual, género, condición social o cualquier otra circunstancia personal forma parte de los compromisos asumidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
En ese punto existe un amplio consenso. El debate comienza cuando se analiza la herramienta elegida para alcanzar ese objetivo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa impulsada por el senador provincial Felipe Michlig ya recibió media sanción en la Cámara alta y ahora deberá ser debatida por Diputados.
El proyecto declara a Santa Fe como «territorio libre de discriminación y discursos de odio», incorpora una nueva falta al Código de Convivencia y establece sanciones económicas de hasta 60 Jus, además de la posibilidad de reemplazar la multa por cursos obligatorios de formación interdisciplinaria.
El punto más discutido: la definición
Las mayores objeciones aparecen en la forma en que el proyecto define el llamado «discurso de odio».
La iniciativa considera alcanzadas expresiones verbales, escritas, audiovisuales, simbólicas o digitales que inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo. Precisamente allí surgen las dudas.
Conceptos como «hostilidad», «menosprecio», «naturalizar» o «promover» no cuentan con una delimitación precisa y podrían quedar sujetos a interpretaciones variables según quién aplique la norma.
La pregunta que comienza a plantearse es inevitable: ¿Quién decidirá cuándo una crítica deja de ser una opinión para transformarse en un discurso sancionable?
El periodismo, entre los principales interrogantes
Uno de los sectores que podría verse alcanzado por esa amplitud interpretativa es el periodismo.
La actividad periodística trabaja diariamente con contenidos sensibles: reproduce declaraciones polémicas, publica denuncias, investiga organizaciones extremistas, explica conflictos, utiliza ironía y muchas veces cita expresiones discriminatorias precisamente para denunciarlas.
La diferencia entre citar una frase y adherir a ella, explicar un fenómeno y justificarlo o investigar una organización y promover sus ideas no siempre resulta evidente si el análisis se limita a un fragmento aislado de una publicación.
El proyecto tampoco incorpora una protección específica para el ejercicio periodístico ni exige demostrar intención concreta de provocar violencia, un riesgo verificable o una relación directa entre la expresión y un daño efectivo.
¿Puede convertirse en una herramienta contra la oposición?
El debate no alcanza únicamente a periodistas. También involucra a dirigentes políticos, sindicalistas, organizaciones sociales y ciudadanos que cuestionen con dureza a los gobiernos de turno.
La política democrática se construye sobre confrontaciones permanentes. Las acusaciones, las denuncias, la sátira, la exageración retórica y la crítica intensa forman parte del intercambio público.
El riesgo señalado por distintos especialistas es que un conflicto estrictamente político termine trasladándose al aparato sancionador del Estado.
Un dirigente opositor podría denunciar que un gobierno «abandona», «persigue» o «discrimina» a determinado sector. El oficialismo podría considerar esas expresiones agravantes.
La discusión es si corresponde que ese conflicto se resuelva mediante el debate democrático o a través de expedientes administrativos y sanciones económicas.
La autocensura como consecuencia
Los cuestionamientos más profundos no apuntan necesariamente a una eventual condena. El problema podría comenzar mucho antes.
La simple posibilidad de afrontar denuncias, investigaciones, gastos judiciales o procesos administrativos puede generar un efecto de autocensura.
Cuando periodistas, dirigentes o ciudadanos empiezan a preguntarse si una publicación podría ser interpretada como «promoción de hostilidad», muchas veces optan por moderar sus expresiones antes de correr el riesgo de ser denunciados.
Ese fenómeno es conocido como «efecto inhibidor». No hace falta prohibir una opinión para limitarla. A veces basta con volver demasiado costoso ejercerla.
Las leyes sobreviven a quienes las impulsan
Otro de los argumentos planteados por quienes observan con preocupación el proyecto es que las leyes no deben analizarse únicamente pensando en quienes gobiernan hoy.
Una facultad otorgada a una administración considerada prudente seguirá disponible para futuros gobiernos, con criterios políticos completamente distintos.
Por eso, sostienen, el verdadero interrogante no consiste en preguntarse cuáles son las intenciones actuales de los impulsores del proyecto.
La pregunta central pasa por determinar qué permite hacer el texto si mañana cambia el contexto político.
¿Cómo proteger sin restringir?
Los críticos de la iniciativa aclaran que nadie discute la necesidad de combatir amenazas, campañas de persecución o llamados directos a ejercer violencia.
El punto es que esa intervención debería estar acompañada por definiciones precisas, exigencias probatorias claras y garantías que excluyan expresamente del régimen sancionatorio la actividad periodística, la crítica política, la investigación académica, la sátira y las expresiones dirigidas contra instituciones, doctrinas o decisiones gubernamentales.
En otras palabras, el desafío consiste en proteger a las personas sin convertir la crítica al poder en una posible infracción.
Un debate que recién comienza
Con la media sanción obtenida en el Senado, la discusión se trasladará ahora a la Cámara de Diputados.
Allí los legisladores deberán definir si mantienen el texto original, introducen modificaciones o incorporan garantías que limiten posibles interpretaciones expansivas.
No se trata de una discusión menor. Lo que está en juego no es solamente una nueva figura dentro del Código de Convivencia. También se debate hasta dónde puede avanzar el Estado cuando regula la palabra.
Porque combatir la discriminación constituye una obligación democrática. Pero preservar la libertad para investigar, denunciar, disentir y cuestionar al poder también forma parte de los pilares esenciales de cualquier democracia constitucional.
